Cada vez que los pacientes necesitan salir de la isla donde se encuentra emplazada la comunidad en la que llevan adelante un tratamiento de salud mental, funcionarios municipales de seguridad o agentes policiales los detienen, requisan y aprehenden sin motivo y de forma violenta, denotando una arbitrariedad manifiesta y una constante vulneración de derechos. Al conocer la situación la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presentó un habeas corpus colectivo que el Juzgado de Garantías N° 5 de San Isidro resolvió de manera favorable, ordenando el cese de estas acciones que limitan la libertad y garantías constitucionales de las personas.
La justicia hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, ante las denuncias de violencia policial sobre jóvenes que asisten a la institución Vientos de libertad en el Municipio de Tigre, un dispositivo que brinda acompañamiento integral a jóvenes de barrios populares con problemas de adicciones. Quienes asistían a este dispositivo ubicado en Río Luján, en la Isla Silvia, eran detenidos, hostigados y objeto de distintas formas de violencia por agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT), del Grupo de Prevención Urbana (GPU) y Policía de la Provincia de Buenos Aires cada vez que salían de la comunidad y debían ir desde la Isla al continente.
Frente a la descripción de estos hechos el juez Diego Martínez, a cargo del Juzgado de Garantías N° 5 de San Isidro, ordenó el cese de cualquier acción que afecte o restrinja derechos y garantías de las personas que conforman la cooperativa, y que los agentes municipales o bonaerenses se ajusten a las pautas de procedimiento y competencia que corresponden a las fuerzas de seguridad y apoyo municipal. El fallo reconoce “una violencia frecuente, sistemática y en aumento desplegada por funcionarios del Distrito Tigre, al detenerles la marcha, requerir sus documentos y explicaciones por las que se encontraban transitando en ese lugar y finalmente averiguar si tenían alguna orden de averiguación de paradero o antecedentes penales y de forma discrecional dejarlos ir o trasladarlos a la comisaría de la zona”. Desde 2018 quienes asisten a la cooperativa vienen sufriendo distintas secuencias abusivas cuando deben desembarcar en la isla para realizar actividades fuera de la institución. En su denuncia la CPM reunió los testimonios de 20 personas que coincidieron en describir maltrato verbal, provocaciones, amenazas, hostigamiento, burlas y humillaciones que padecen a manos de estas fuerzas.
Tras la presentación el juzgado citó a declarar a las profesionales que acompañan a los usuarios de la comunidad, identificó los móviles y funcionarios en actividad del COT, y solicitó información respecto de las actas de procedimiento y protocolos de intervención. También el magistrado se presentó en la institución y habló con los jóvenes afectados. Las y los trabajadores del lugar pudieron describir cómo en el marco de su trabajo reciben llamados de los chicos que acompañan, al menos dos veces por semana por detenciones ilegales por parte de las fuerzas de seguridad en las que son agredidos física y verbalmente, y cómo estas situaciones interfieren en su rehabilitación y los afectan.
El juez concluyó que existe “un avasallamiento al ámbito personal de la intimidad y demás garantías constitucionales”, y llamó a los funcionarios a cargo de las dependencias involucradas en este accionar a “cesar de inmediato cualquier práctica contraria al orden constitucional o cualquier actividad que exceda el marco legal por parte de aquellos que tienen como misión garantizar el debido cumplimiento de la ley”.
El trabajo de organizaciones no gubernamentales que asumen el acompañamiento y tratamiento de jóvenes con padecimiento mental o consumo problemático de sustancias, surge de la carencia o ausencia de dispositivos públicos para abordar estas situaciones. En lugar de valorarse y sostenerse esas instancias de manera integral desde el estado, se hostiga y persigue a les jóvenes que participan de las mismas, afectando o dificultando el acceso de los usuarios a los mismos.