El DNU que anunció el presidente Milei en la noche del 20 de diciembre, avanza sobre el Congreso y viola la división de poderes de forma antidemocrática. Con su entrada en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda.
La democracia tiene reglas. Ayer, durante el día, varias ciudades estuvieron saturadas de fuerzas de seguridad. Por la noche, por cadena nacional, el presidente anunció un decreto ómnibus de necesidad y urgencia (DNU) y avanzó por sobre las competencias del Congreso. Derogó o modificó leyes -mejores o peores- votadas por representantes de la ciudadanía de todas las provincias luego de acuerdos, debates y negociaciones a lo largo de años. Esta demostración de poder unilateral viola la división de poderes y es un comportamiento claramente antidemocrático. El DNU es inconstitucional, ya que no cumple con los requisitos que habilitan su dictado.
El DNU 70/23 suprime y restringe derechos de las personas para que grupos económicos obtengan ganancias extraordinarias. No desregula la economía, sino que pretende instaurar un nuevo régimen, en palabras de su propio autor, que impone una nueva regulación estatal y social a través de la derogación y modificación de más de 300 leyes para privilegiar a corporaciones específicas, en detrimento de la población en general. No dejó esfera de la vida sin afectar. En caso de entrar en vigencia, ningún derecho quedará sin ser atacado: ni el trabajo, ni el acceso a alimentos, ni el derecho a la salud, ni a tener una vivienda. En los hechos, el gobierno de Javier Milei viene a modificar la Constitución por decreto.
Las desigualdades sociales son producto también de políticas que privilegian sectores de la economía. Es un problema que se viene acumulando desde hace años y que encoge a las clases medias para incrementar la población que es pobre. Nuestro Estado tiene que compensar, achicar las desigualdades, no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución. Este DNU agrava la situación de fragilidad e indefensión a las infancias, adolescencias, a las personas mayores, al universo de trabajadores y trabajadoras, a quienes padecen enfermedades, pone en crisis a las economías regionales. Perjudica aún más la vida desde el momento en que se va a volver una excepción poder mantener una prepaga, poder alquilar algo digno. La regla general para el trabajo va a ser la precarización para todo el mundo, y no levantar la vara de la protección laboral. Los precios de los alimentos y de los remedios van a ser inaccesibles para sectores cada vez más amplios.
El Congreso está ante una responsabilidad que puede cambiar el destino del país. Es urgente que vuelva a sesionar y rechace este decreto. El giro autoritario del presidente Milei no se subsana si el Congreso convalida el DNU, ya que este procedimiento impone un trámite que impide todo lo que implica tratar un proyecto de ley -pases por comisiones, debates, audiencias públicas-. El cambio de régimen que pretende esta reforma de leyes que regulan casi toda nuestra vida social requiere un amplio debate democrático que debe darse dentro y fuera del Congreso Nacional, a través de quienes elegimos para legislar. Si lo valida, renuncia a sus funciones fundamentales y contribuye a debilitar las reglas institucionales. A 40 años de la más reciente etapa democrática el riesgo de una vía antidemocrática se fortalecería de manera preocupante.