El Juzgado de Ejecución Penal de Zárate-Campana hizo lugar parcialmente a un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión por la Memoria a favor de las personas alojadas en dos pabellones de la Unidad 21 de Campana. A partir de una inspección realizada en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, el organismo denunciaba graves condiciones materiales de detención, particularmente las instalaciones eléctricas y medidas de seguridad y evacuación, todo en el marco de un régimen de aislamiento extremo. Tras la denuncia, las autoridades del penal iniciaron algunas reformas y ahora el juez Gustavo Gabriel Pérez ordenó que continúen las medidas de acondicionamiento de estos sectores y que se haga un relevamiento íntegro del sistema eléctrico.
Al momento de la inspección, 18 personas estaban alojadas en los pabellones de admisión y separación de área de convivencia (SAC) donde pasan todo el día encerradas en celdas pequeñas y deterioradas ediliciamente, sin que existan condiciones de seguridad adecuadas.
De acuerdo a las medidas mínimas establecidas por los estándares nacionales e internacionales, las celdas individuales deben tener 6 metros cuadrados sin considerar el espacio para los servicios sanitarios. Las celdas de los dos pabellones inspeccionados son de 5,5 metros cuadrados, incluyendo el área ocupada por el servicio sanitario.
Además de las pequeñas dimensiones, durante la inspección se relevó la falta de mantenimiento de las celdas: las paredes están descascaradas y con manchas de humedad, las ventanas no tienen vidrio y tampoco cuentan con buena ventilación y los sanitarios están tapados para evitar el ingreso de roedores; cuando se realizó la inspección, hacía días que no había agua caliente porque estaba roto el termo tanque que abastecía a los pabellones. Con respecto al mobiliario se observó, además, que los colchones están rotos o reparados pero en malas condiciones.
El relevamiento de la CPM puntualizó un inminente riesgo eléctrico: en las celdas se detectaron conexiones precarias con cables expuestos sin medidas de seguridad y ausencia de tomacorrientes y luminarias en las celdas, mientras que los tableros eléctricos de cada pabellón se encuentran en espacios comunes en pésimas condiciones, sin tapa y sin que se observe tampoco una conexión de puesta a tierra.
Respecto a las medidas de seguridad, las condiciones tampoco son mejores: en cuanto a la red contra incendios, observan que no posee luminarias, carteles de señalización ni salidas en caso de emergencia. Del plano del sector de vigilancia y tratamiento se desprende que dentro de la unidad existen 18 salidas de emergencias y faltan 16, entre ellas la del pabellón SAC.
Por último, en cuanto al régimen de vida, el habeas corpus también señala la preocupación por la provisión de alimentos: se entregan dos viandas por día, la primera a las 12 del mediodía, la segunda dos horas después, a las 14 horas. Esta situación, especialmente en días de mucho calor, impide la adecuada conservación de la comida que deben racionar para el resto del día.
A partir de la denuncia realizada por la CPM, las autoridades penitenciarias de la Unidad señalaron al juez que se colocaron punto y toma corriente, porta lámpara y focos en las celdas y se reacondicionó el tablero de electricidad, que colocarían la cartelería sobre salidas de emergencia, que se harían trabajos de pintura en las celdas habitadas, y que en el lapso de cinco días estaría reparado y funcionando el termotanque para proveer agua caliente a los pabellones.
Tras recibir el informe, el titular del Juzgado de Ejecución de Zárate-Campana se presentó en la Unidad para constatar lo denunciado por la CPM y lo informado por el Servicio Penitenciario Bonaerense. Luego de visita, el juez hizo lugar parcialmente al habeas corpus y le reclamó a las autoridad de la Unidad 21 la inmediata reparación de los termotanques ubicados en ambos pabellones, la reposición de los vidrios faltantes en las ventanas de las celdas y del sector de duchas, y solicitó la intervención de las Direcciones de Coordinación y Planificación e Infraestructura del SPB para que, previo diagnóstico del estado actual de la red eléctrica, “proceda a la adquisición de materiales y contratación del personal necesario para regularizar la situación, adecuando las instalaciones a las normas vigentes”.
Cabe mencionar que, previo a su fallo, el juez Pérez dio vista al Ministerio Público Fiscal y el expediente recayó en el fiscal Gustavo Ancurio, quien desestimó lo denunciado en el habeas por considerar que era un “mero cuestionamiento al sistema carcelario en forma genérica”, y que se trata de una “problemática conocida (…) ante la crónica falta de recursos materiales suficientes”.
La opinión del fiscal convalidando las graves situaciones de detención, dan cuenta del problema penitenciario estructural que se sostiene no solo en la falta de cumplimiento de sus obligaciones legales de parte de la fuerza y del Ministerio de Justicia provincial sino también del rol del poder judicial que lejos de controlarla avala la violencia estatal desplegada sobre las personas detenidas.