Lo golpearon y patearon hasta matarlo: el cuerpo tenía fractura cervical y de cráneo, pérdida de masa encefálica, hundimiento de pómulos y heridas graves en oídos.
David Emanuel Lugo fue asesinado el 10 de marzo pasado en el barrio Itatí de Quilmes, cuando un grupo de diez policías bonaerenses y dos integrantes de Prefectura lo persiguieron y aprehendieron en base a una denuncia telefónica por robo. Sin ningún indicio firme respecto a la identidad de la persona que buscaban, lo redujeron en el interior de un club situado en calles Montevideo y Chacabuco y le dieron golpes y patadas hasta terminar con su vida: entre otras lesiones se acreditó que tenía fractura cervical, hundimiento de pómulos y pérdida de masa encefálica. Luego, subieron el cuerpo sin vida a la caja del patrullero y lo trasladaron a la comisaría 2° de Quilmes. La fiscal Ximena Santoro, de la UFI 7 de Quilmes, ordenó la detención de tres policías y dos prefectos, y el 20 de abril resolvió la prisión preventiva de todos ellos en función de las pruebas acumuladas. Pese a la feroz atrocidad policial, dos abogados del Ministerio de Seguridad de la Provincia asumieron el cargo como defensores de los imputados, en una clara defensa corporativa institucional que no ocurre en ningún otro ámbito de la administración pública frente a delitos cometidos por funcionarios públicos. La Comisión Provincial por la Memoria fue aceptada como particular damnificado institucional, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.
A partir de un llamado al 911, el pasado 10 de marzo se movilizaron diez agentes de la policía bonaerense y dos integrantes de Prefectura para buscar al autor de un presunto robo en el barrio Itatí de Quilmes, en el límite entre las localidades Don Bosco y Bernal de ese distrito bonaerense.
David Lugo, de 33 años, casado y con tres hijos, comenzó a ser perseguido por los efectivos; el joven intentó resguardarse en un club de la zona hasta que fue aprehendido y brutalmente golpeado, tal como lo afirmaron varios vecinos que vieron cómo depositaron el cuerpo de la víctima, con abundante sangre en la cabeza, en la caja de un patrullero.
David no llegó con vida a la comisaría 2° de Quilmes ni pudo recibir asistencia: el médico policial notó que el cuerpo inerte aún tenía las esposas colocadas en las muñecas, lo que indica la absoluta desidia y el abandono de los policías.
La autopsia determinó que el cuerpo de Lugo presentaba fractura cervical, hundimiento de pómulos y pérdida de masa encefálica, entre otras graves lesiones que causaron su muerte, por lo que quedó descartada desde las primeras horas la versión de los imputados: que lo habían subido a la caja del patrullero y que –sin saber cómo ni por qué- el joven había muerto durante el traslado a la comisaría.
En el expediente judicial se presentaron rápidamente dos abogados de la Dirección de la Asesoría Letrada de la Provincia de Buenos Aires y asumieron el cargo como defensores de los imputados. Asimismo, la defensa designó perito de parte para la autopsia, y en todo momento se pretendió abonar la insólita versión de que los policías nunca supieron de la muerte de David hasta la llegada a la comisaría. La clara defensa corporativa institucional frente a este hecho atroz pone a los policías en un lugar de privilegio frente a cualquier funcionario público. Un maestro denunciado por abuso o un médico por mala praxis no serán defendidos por la Dirección de Escuelas o el Ministerio de Salud, contarán para su defensa con la posibilidad de contratar un abogado particular o bien con defensores oficiales. También implica simbólicamente un aval a estas graves violaciones de derechos humanos.
Los policías, además de estas dos posibilidades, son defendidos por abogados del propio Ministerio de Seguridad, criterio que contradice los estándares asumidos por el Estado argentino a través del Ministerio de Seguridad de la Nación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.854 “Ricardo Javier Kaplun y familia c/Argentina”. En este caso la República Argentina se comprometió a: “Impulsar reformas que aseguren que no se brinde patrocinio jurídico institucional al personal de las Fuerzas de Seguridad Federales, que se encuentre acusado judicialmente por graves violaciones a los derechos humanos”.
Más allá del intento de los policías por desentenderse de su responsabilidad por el asesinato, la titular de la UFI 7 de Quilmes, Ximena Santoro, dispuso rápidamente el apartamiento de la Policía bonaerense de las tareas investigativas (en función de la Resolución 1390 de la Procuración General que prohíbe la intervención de la misma fuerza a la que pertenecen los imputados) y encomendó la tarea de auxiliar de la justicia a la delegación local de la Policía Federal.
Asimismo, secuestró los teléfonos celulares y allí se encontraron audios de Whatsapp y búsquedas en Google que incriminan a los imputados. Por ejemplo, en uno de los dispositivos se había buscado respuesta a la pregunta: “¿Qué pasa cuando un policía mata a un aprehendido?”.
Es por ello que la fiscal pidió el pasado 20 de abril la medida de prisión preventiva para cinco de los imputados -Enzo Ariel Salomón, Enzo Vallejos, Sáenz Valiente, Simón Emilio Leiva y Pablo Gómez- por resultar autores de homicidio agravado por haber sido cometido por funcionario público.
También continúan imputados por encubrimiento agravado por no haber denunciado la perpetración de un delito o no individualizar al autor o partícipe de un delito ya conocido a otros ocho agentes de la policía bonaerense: Tomas García, Lorena Vanesa Piñeiro, Santiago Luna, Gastón Encina, Iván Aguirre, Belén Iturriaga, Brenda Mariel Puebla y Nelson Duarte.
En su pedido al Juzgado de Garantías 3 de Quilmes a cargo de Marcelo Goldberg para el dictado de la orden de prisión preventiva, la fiscal Santoro consideró acreditado que los cinco imputados por el homicidio de Lugo le propinaron una multiplicidad de golpes con la clara intención de darle muerte, los que por su severidad le provocaron fractura craneal lineal de 45 milímetros. También heridas de gravedad en la zona de los oídos y edema agudo de pulmón secundario a traumatismo cervical grave. Esas lesiones -afirma la fiscal- habrían provocado el deceso de Lugo por paro cardiorrespiratorio traumático.
La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, fue aceptada como particular damnificado institucional en la causa.