La violenta represión del 12 de junio frente al Congreso dio comienzo al nuevo paradigma de punitivismo político libertario. La prueba piloto de señalar como grupos terroristas a un músico callejero, vendedores de empanadas o una profesora. La obsesión del fiscal, los topos y el regreso de la SIDE.
Por Ricardo Ragendorfer @Ragendorfer
El 12 de junio clareó cargado de malos presagios. Su signo inicial fue el millar y medio de mastines humanos desplegados por el Ministerio de Seguridad en la Plaza de los Dos Congresos para atajar la movilización popular en repudio a la Ley de Bases que se trataría en el Senado. Claro que en ello subyacía una celada. Pues bien, el hostigamiento a los manifestantes se desató, sin ningún motivo, pasado el mediodía con el rigor habitual: palazos, gases lacrimógenos, y camiones hidrantes. Pero la multitud se reagrupaba una y otra vez.
Recién a las 16:30 ocurrió un hecho digno de mención, cuando la gente retrocedía por la calle Hipólito Irigoyen, a la altura de Solís.
Una cámara de seguridad registró ese éxodo con nitidez. Y también a un quinteto de sujetos con los rostros tapados con pañuelos que, sin moverse de allí, escrutaban un auto de Cadena 3, estacionado junto a la vereda.
Ya se sabe que éstos, con una coreografía muy sincronizada, pasaron a la acción con absoluta normalidad, volteando el vehículo, antes de incendiarlo, para lo cual contaban con los elementos necesarios.
La gente ya no huía de los uniformados sino de ellos.
Lo notable fue que, una vez consumada semejante faena, el quinteto se replegó en dirección contraria. O sea, corriendo hacia el vallado policial sobre la avenida Entre Ríos, siendo recibidos, incluso con palmaditas en la espalda, por los esbirros de la Federal.
Se trataba, obviamente, del antiquísimo ardid de la infiltración para así convertir a la bestialidad en un acto disciplinante y civilizatorio.
El saldo de aquella iniciativa se tradujo en 33 violentísimas detenciones, todas al voleo, entre otras delicadezas.
Esta constelación de circunstancias sería nada menos que el comienzo de un novedoso paradigma de punitivismo político: la represión libertaria.
El “garrote” judicial
El asunto funcionó como un mecanismo perfectamente aceitado, como si su aplicación hubiera sido para la tropa de Patricia Bullrich lo que el bombardeo a Guernica fue para la Luftwaffe: una prueba piloto.
De hecho, su justificación argumental ya estaba redactada de antemano: “Grupos terroristas que intentaron perpetrar un golpe de Estado”. Esa fue la frase que esgrimieron al unísono la ministra y Javier Milei.
¿Acaso se trataba de una directiva impartida a la Justicia?
Lo cierto es que aquí entra a tallar un individuo hecho a la medida: el fiscal federal Carlos Stornelli.
Después de un lustro de bajo perfil, lo único que se supo de él fue –el 12 de marzo pasado– su oportuno sobreseimiento en una causa que –junto a su amigo, el falso abogado Marcelo D’alessio– le atribuía integrar una asociación ilícita abocada al espionaje y a la extorsión.
Pero ello tal vez sea el capítulo más liviano de su ser.
Porque ese hombre con rostro perruno y sobrepeso supo ser, durante el régimen macrista, un alfil de la lawfare, tal como se le dice a la judicialización de la política, a través de la triple alianza entre cierto sector del Poder Judicial, los servicios de inteligencia y la prensa amiga. Tanto es así que –por ejemplo– la recordada “causa de los cuadernos” fue el gran regalo que le dio la vida. Stornelli, en tándem con el juez Claudio Bonadio, supo idear un sistema confesional basado en la delación asistida. Una mixtura entre el macartismo y la inquisición española destinada a privar de su libertad a todo imputado que no declare lo que ellos deseaban oír. Así nació el festival de los arrepentidos. Pero el fiscal habría tensado la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad hacia presuntas cuentas bancarias a su nombre.
Aquel fiscal solía ufanarse en rueda de amigos por haber propiciado el encarcelamiento del ex ministro De Vido, a quien le debía su integración al gabinete de Daniel Scioli como ministro de Seguridad. Según parece, Stornelli tiene el hábito de morder las manos de quienes alguna vez le dieron de comer. Hasta le habrían advertido a Mauricio Macri que se cuidara de él. Uno nunca sabe la próxima traición de un tipo con tales inclinaciones.
Pero pongamos en foco su regreso triunfal.
La cuestión es que, además de denunciar a los detenidos del jueves con las clásicas carátulas de “desorden público” o “resistencia a la autoridad” (que ya de por sí resultan antojadizas), los imputó por otros 15 delitos, incluidos los de “sedición”, “atentado al orden constitucional”, “incitación a la violencia en contra de las instituciones”, “uso de explosivos”, “imposición de sus ideas por la fuerza”, entre otros. No contento con ello, también dispuso incluir sus nombres en el “Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo”. A su vez, pidió la prisión preventiva para todos ellos, no sin ordenar su inmediato traslado a prisiones federales.
Cabe destacar que, entre los “terroristas” figuran los integrantes de una familia que vendía empanadas en la plaza, una mujer que filmaba la represión, un músico callejero, una estudiante de Historia que milita en una organización social y algunos desocupados que se autoconvocaron. Todos, sin excepción, sufrieron torturas y humillaciones.
La jueza federal María Servini se mostró salomónica, ya que el viernes excarceló a 17 personas, denegando ese beneficio al resto. De modo que el régimen de Milei ahora cuenta con sus primeros 16 presos políticos. ¿Acaso acaba de comenzar así su etapa totalitaria?
El recurso del método
Durante el macrismo, las pulsiones paranoicas de su líder fueron canalizadas a través del ejercicio de la lawfare. Es que él había apuntado su construcción del enemigo hacia la dirigencia kirchnerista y ciertos empresarios rivales. En ese plano tuvo razón de ser su fervor por las operaciones ilegales de inteligencia.
Sin embargo, la represión al campo popular no era su prioridad, salvo que ello le deparara algún beneficio marketinero. En ese aspecto, la ofensiva contra los pueblos originarios provocaría –según su creencia– una inagotable lluvia de adhesiones entre ciertos sectores económicos deseosos de invertir en actividades vinculadas, por caso, a la industria maderera o extractivista. Claro que los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no beneficiaron semejante ensoñación.
Mientras tanto, su falta de control sobre las calles quedó al desnudo el 18 de diciembre de 2017, durante la manifestación ante el Congreso, cuando se trataba la Reforma Previsional. Allí, sin un mando unificado ni comunicación entre sí y con el gatillo libre para actuar, las fuerzas federales no evitaron que ese episodio pasara a la historia como el día de “las 14 toneladas de piedras”.
Así transcurrió aquel martes que Bullrich jamás podrá olvidar.
Pero ella aprendió la lección, siendo el despliegue represivo del 12 de junio nada menos que el primer eslabón de una habitualidad. La del apagón político, y a bastonazo puro. Noche y niebla para todos.
Al respecto, no es un hecho menor que este escenario coincidiera con el anuncio de reestructurar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), volviendo a su nombre anterior (SIDE). Y nada menos que con el regreso de Antonio Horacio Stiuso como su guía en la sombra. El propósito: instalar “topos” –una palabra que ya es parte del régimen– tanto entre la dirigencia política como en los movimientos sociales, así como Santiago Caputo le propuso al presidente. Una iniciativa que él aprobó a pies juntillas.
Las fuerzas del cielo ya están entre nosotros.