Mujeres Mujeres Awajún y Wampis rechazan que las violaciones a niños sean “una práctica cultural” y le responden a los ministros de Dina Boluarte.
El viernes 13 de junio el ministro de Educación, Morgan Quero se refirió a las 524 denuncias registradas del 2010 al 2024 contra docentes y policías por haber agredido sexualmente a escolares awajún, en la localidad Condorcanqui, región de Amazonas. Quero afirmó que las violaciones podrían ser parte de “una práctica cultural que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas”, pero que denunciarían “si ha habido una violación”.
Estas afirmaciones desataron una ola de críticas, pero llamativamente la Ministra de la Mujer Ángela Hernández, indicó que “se tratan de prácticas culturales que debemos desterrar”.
Luego de estas aseveraciones racistas de los ministros de Boluarte, el Consejo de Mujeres Awajún se manifestó en esta semana e indicó que: “Con estas declaraciones trasladan la responsabilidad del agresor a la víctima. (…) transmiten una visión racista de los pueblos indígenas que nos muestra como salvajes justificando las agresiones que recibimos y hasta nuestra desaparición”.
Hasta el momento solo 111 de los profesores denunciados han sido retirados. Según Rosemary Pioc, maestra y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún. Además, en varios casos los abusadores habrían sido portadores del VIH y lo habrían transmitido a las estudiantes.
Rosemary además ha denunciado amenazas contra su vida y las de las familias denunciantes por parte de algunos de los maestros acusados de las agresiones sexuales.
La valiente maestra ha reportado 524 denuncias formales contra docentes por abusos sexuales en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, y ha señalado que los ataques no solo ponen en riesgo su seguridad, sino que buscan silenciar a quienes luchan contra el abuso y la violencia sexual en las escuelas del territorio indígena.
En respuesta a estas amenazas, las comunidades awajún han tomado medidas autónomas, organizándose para crear residencias estudiantiles que protejan a los niños de los peligros del transporte diario a la escuela. Estos riesgos incluyen el secuestro para explotación sexual, con casos de niñas recuperadas de prostíbulos en regiones como San Martín y Cajamarca.
Activistas, legisladores y organizaciones de derechos humanos han pedido la renuncia de ambos funcionarios, mientras que la jefa de Estado ha guardado un controvertido silencio sobre las expresiones.
En un breve mensaje por el Día del Padre, Boluarte indicó en un tibio mensaje que su administración protegería a la niñez “de cualquier tipo de violencia” y sería “vigilante y severa con aquellos responsables de alguna agresión”.
Se quemaron 2500 expedientes
En 2022 hubo un incendio en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui (Amazonas) que generó la destrucción de documentos claves sobre denuncias de abusos sexuales contra estudiantes awajún, algunos de los cuales contrajeron VIH. Allí había denuncias de violencia sexual, hostigamiento, maltrato físico, psicológico, abandono de cargo, peculado. De los que ahora se está hablando son los que se rescataron del incendio de la UGEL.
Romer Orrego, presidente de la Organización del Consejo Aguaruna y Huambisa indicó en declaraciones a la prensa peruana que: “Ya no queremos más reuniones ni firmas ni fotografías, sino que vengan con resultados. El problema del VIH, de la violencia sexual, es que hay demasiados casos de denuncias prescritas en la UGEL, la misma justicia lo permite. Si un docente viola a una niña, mientras no se compruebe, para la justicia es inocente, mientras tanto sigue trabajando en el aula. No he visto a docentes yendo a la cárcel, solo lo cesan de sus funciones y el angelito suelto, taxeando y cuando pasan cinco años, vuelven a dictar clases”.
De acuerdo con Salud con Lupa, Condorcanqui es la provincia que cuenta con la mayor población indígena amazónica por número de habitantes de todo el país y es una localidad que presenta una prevalencia de VIH (porcentaje de personas con el virus) elevada.
La información recogida por la asociación muestra que, de los 90 estudiantes evaluados en el colegio Ciro Alegría, ocho dieron positivo en las pruebas. Además, alertan que solo el 25% de los casos en esta provincia tienen acceso a antirretrovirales. Sin estos fármacos, la esperanza de vida tras el contagio es de hasta cinco años.