Lo dijo Raúl Gonzalez, militante de H.I.J.O.S. Córdoba, acerca del asesinato de Susana Beatriz Montoya. Era esposa de Ricardo Fermín Albareda, un ex subcomisario de la Policía y militante del PRT-ERP desaparecido durante la última dictadura, y madre de Fernando Albareda, quien milita en la organización de Derechos Humanos.
Redacción: Camila Cataneo / Fernando Tebele. Edición: Pedro Ramirez Otero.
“Sos hijo de terrorista, se terminaron los amigos”. “De la policía no vayas más a la escuela ni a la jefatura. Va a morir”. Esto decían los carteles que pegaron en la puerta de la casa a Fernando Albareda en diciembre de 2023. Faltaban pocos días para que asumiera el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel.
El viernes pasado, Susana Beatriz Montoya apareció muerta en su casa. Ese día, su hijo Fernando intentó comunicarse con ella y se preocupó porque no respondía. Al acercarse a la casa notó que algo no estaba bien. Las ventanas estaban abiertas y se escuchaban la radio y la televisión. Como no tenía las llaves, le consultó a una vecina si podía subirse al techo para ver qué pasaba. Ahí vio el cuerpo de su madre tirado en el patio. Para no adulterar las pruebas, llamó al 911 y esperó a que llegara la policía. A partir de ese momento comenzó el calvario. En las paredes de la casa dejaron mensajes que decían que iban a matar a los hijos de Susana. Fernando tiene un hermano.
Desde las amenazas hasta la concreción de las amenazas solo pasaron siete meses. “Estamos muy conmovidos, realmente es terrible lo que pasó. Pasaron un límite, no pensábamos que iba a ocurrir”, aseguró Raúl González, integrante de H.I.J.O.S. de Córdoba como Albareda.
Susana era esposa de Ricardo Fermín Albareda, militante del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo) desaparecido durante la última dictadura. Al momento de su desaparición era subcomisario de la Policía de Córdoba. Su hijo Fernando milita en el H.I.J.O.S. de la provincia y dio charlas en la policía para formarlos en derechos humanos. “A Fernando ya lo habían amenazado varias veces. La última fue en diciembre, le habían dejado casquillos de balas y carteles en la puerta de su domicilio, y lo amenazaban con que lo iban a matar”, dijo González. “Ahora dejaron de hablar y pasaron a la acción matando a su madre. La única hipótesis que tenemos está vinculada con sectores de la policía”, agregó. También dijo que “después de la dictadura, las fuerzas del ejército fueron depuradas, en cambio la policía, no tanto”.
Raúl contó que el año pasado Fernando había logrado la reparación del legajo de su papá. Aparecía que había sido echado por abandono de tareas, cuando en realidad había sido secuestrado por la patota del D2, ferozmente torturado en el centro clandestino conocido como El Embudo, Chalet de Hidráulica o la Casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque y luego desaparecido. En 2009 se realizó el juicio donde Fernando formó parte de la querella. Fueron condenados Luciano Benjamín Menéndez y el exjefe de Policía Rodolfo Campos, entre otros. Por este motivo, la familia policía vinculada a la dictadura “no quería para nada a Fernando”.
Este crimen se da en un contexto donde el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel avala los discursos de odio y reivindica los crímenes cometidos en la dictadura. Además, en estas semanas se dieron a conocer visitas a genocidas que realizaron legisladores de La Libertad Avanza y como también funcionarios del Ministerio de Defensa. En el momento de las amenazas a Fernando, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora repudió lo sucedido, pero no fueron investigadas ni se supo quienes fueron los autores. Raúl sostuvo que “no avanzó el caso en la Justicia”.
En marzo también se conoció el caso de Sabrina Bölke, una militante de H.I.J.O.S. Capital: un grupo de personas ingresaron a su casa, la golpearon, amenazaron, abusaron sexualmente de ella y dejaron mensajes en las paredes con las siglas del partido La Libertad Avanza. Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo ―sobreviviente de la última dictadura― también había sido amenazada en reiteradas ocasiones que hizo públicas luego de que se conociera la odisea de Bölke. “Cuando estamos solos somos más vulnerables, por eso estamos organizados y tomamos posturas unificadas (…) Las Madres, las Abuelas son nuestra guía, quienes se organizaron ante situaciones de miedo y represión”, dijo González, y aseguró que todos los organismos de derechos humanos exigen que se investigue el caso.
“En Córdoba, hasta el año 1997, uno de los condenados por delitos estuvo a cargo de la Infantería. En el periodo democrático gente vinculada a la dictadura tenía funciones y cargos altos. La policía no tuvo la renovación que debería haber tenido. Puede ser que haya patotas sueltas nacidas en la democracia pero que se criaron con los pensamientos de esa gente que siguió en actividad”, cerró el integrante de H.I.J.O.S. Córdoba.