El organismo internacional de derechos humanos aceptó el pedido de la Comisión Provincial por la Memoria para intervenir en el caso de Sebastián Nicora, un joven de 16 años asesinado en la localidad de Punta Indio. La causa que investiga el homicidio fue archivada por la justicia argentina luego de que el accionar policial y judicial garantizara la impunidad con una investigación negligente e irregular. En los próximos meses tanto la CPM como el Estado nacional deberán presentar sus observaciones para que la CIDH continúe su análisis. A nivel local, fue condenado el médico policial autopsiante, y aún se investigan las conductas policiales ilegales que por acción u omisión encubrieron, obstaculizaron la investigación e incumplieron con sus deberes de funcionarios públicos.
Sebastián Nicora fue asesinado la noche del 14 de febrero de 2013 y su cuerpo apareció horas después en la playa El Pericón. Los policías que intervinieron en ese momento no preservaron la escena del crimen, movieron el cuerpo, revisaron los bolsillos de Sebastián, hicieron allanamientos sin orden judicial e intentaron inculpar a un amigo de la víctima.
Tres años después la Comisión por la Memoria puso el caso en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sospecha sobre la policía y las actuaciones irregulares y de encubrimiento de los funcionarios hacen que la causa continúe signada por la impunidad. Ahora la CIDH confirmó que la causa se encuentra comprendida en los criterios del organismo para evaluar la admisibilidad del caso y el fondo del asunto.
La falta de respuesta del Estado argentino, que no brindó información requerida por la CIDH, motivó la admisión del caso. Ahora como peticionantes, la familia y la CPM tienen un plazo de 4 meses para aportar más consideraciones y observaciones adicionales, y el demandado deberá hacer lo mismo.
En la justicia argentina la causa fue archivada y el único condenado por alguna responsabilidad en torno al caso fue el médico policial que falseó los resultados de la primera autopsia por el encubrimiento. El médico dijo que Sebastián tenía una herida en la cabeza producida por un objeto cortopunzante, pero su pericia fue irregular e incompleta, no cumplió con protocolos establecidos y ocultó la verdadera causa de la muerte: Sebastián tenía una herida mortal de arma de fuego. Los funcionarios judiciales actuaron validando este informe y la instrucción fue desde un principio mal dirigida por el Ministerio Público Fiscal, que terminó avalando las irregularidades.
Frente a la negligencia e inefectividad de la investigación penal y los agentes estatales la CPM acudió a la CIDH al considerar que se requiere de protección internacional “dado que la víctima ha sufrido la vulneración del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial”. La mamá de Sebastián, Fernanda Nicora, murió el 19 de febrero de 2017 producto de una enfermedad que se agravó por la angustia y el dolor que significó la muerte de su hijo, y la lucha contra este sistema judicial lento e ineficaz.