El ajuste sin fin en la salud pública
Mario Hernandez
Cierre del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. Nuevo paro y movilización de trabajadores del Garrahan. La PF reprime a trabajadores despedidos del Hospital Posadas. Reclamos en CABA y La Plata. Paran residentes nacionales. Desmantelan la Agencia Nacional de Discapacidad
El cierre del hospital nacional Laura Bonaparte
“Fue todo muy repentino. Llegó el director que está asignado hace poco y dijo abiertamente que a partir de hoy cerraba la guardia del hospital y las internaciones, que no había más ingresos, y que el lunes iba a salir el decreto que cerraba el hospital directamente, que era algo que por la Ley Bases tenían potestad de hacer. Y así como dijo eso se fue del hospital”, dijo Vanina Catalán, licenciada en Trabajo Social, que junto a otros trabajadores del hospital estaba en la tarde del viernes movilizándose en la puerta.
Los trabajadores decidieron en asamblea general permanecer en sus puestos de trabajo y convocaron a ciudadanos, usuarios, familiares, profesionales, asociaciones civiles, sindicales, asambleas barriales y a la comunidad entera a sumarse a la lucha en defensa del hospital y la salud pública.
“El Gobierno nacional acaba de comunicar el cierre total del servicio de internación del Hospital Nacional de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte, donde actualmente hay pacientes internados. También ordenó el cierre total del servicio de guardia, haciendo abandono de pacientes de salud mental. El cierre de dichos servicios es el paso previo al cierre total del hospital dejando sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, incluyendo niñas, niños y adolescentes”, señalaron en un comunicado.
El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte tiene 612 trabajadores. Es el único hospital nacional que está especializado en salud mental y adicciones. Funciona las 24 horas, los 365 días del año. Solo este año atendió a 25.000 personas.
Está ubicado en Combate de los Pozos 2133, en el barrio porteño de Parque Patricios.
Los servicios de Guardia Interdisciplinaria y de Atención a la Demanda Espontánea están abiertos a la comunidad, y los pacientes son atendidos en forma integral, a través del monitoreo de su evolución hasta la derivación asistida al dispositivo clínico más adecuado.
Las consecuencias de la llegada de Lugones al Ministerio de Salud de la Nación, en reemplazo de Mario Russo, ya fueron advertidas por algunos dirigentes políticos, como Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica-ARI, quien dijo: “Han erigido prácticamente a lo peor de la casta política y sindical, al socio del Coti Nosiglia y de [Luis] Barrionuevo, que fueron los que manejaron el PAMI toda la vida, que fueron los que crearon el sanatorio Güemes. Lo han puesto de ministro [a Mario Lugones]. ¿Qué tiene de malo? Que obviamente es un negocio. Han construido un Ministerio de Salud que es un negocio. ¿Qué tiene de bueno? Que por fin los que están atrás tienen que estar al frente. Yo a veces creo que Dios levanta a algunos para mostrarlos”, dijo la exdiputada.
La motosierra de Milei contra la salud mental
Por Omar Rombolá
El gobierno de Milei está avanzando en cerrar los servicios de guardia e internación, iniciando un proceso de cierre total del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte. Este viernes autoridades del nosocomio informaron a la asamblea de trabajadoras y trabajadores la baja de los servicios mencionados, iniciando así un proceso de cierre definitivo. En el mismo sentido dirigentes de ATE mencionaron tener conocimiento de que el próximo lunes es posible que se publique esta decisión gubernamental a través de un decreto en el Boletín Oficial.
La resistencia de los y las trabajadoras
La fachada del Hospital Laura Bonaparte en la calle Combate de los Pozos es testigo de reuniones, abrazos, sonrisas, angustia, ruedas de mate y alguna lágrima que se cuela a recorrer el rostro de quienes han dado décadas de su trabajo en esta institución. Los y las trabajadoras se concentran haciendo permanencia en defensa de los puestos de trabajo y de un servicio esencial para la comunidad.
El ajuste sin fin
Es que el gobierno de Milei está avanzando en cerrar los servicios de guardia e internación, iniciando un proceso de cierre de la institución.
Esto fue informado en el día de ayer, viernes, a la asamblea de los y las trabajadoras por las autoridades del Nosocomio. El actual director del Hospital Christian Baldino planteó que el cierre de los servicios de guardia e internación es “el paso previo al cierre total del hospital”.
Tras el abandono de las instalaciones por parte de los directivos, los y las trabajadoras se quedaron y mantienen permanencia en la institución.
Los medios masivos desinforman
“Aquí no sobra nadie”, dicen Laura y Ana, trabajadoras del nosocomio, al mismo tiempo explican que hay medios de comunicación, que de manera intencionada, han salido a decir que aquí hay 700 trabajadores que atienden a 20 pacientes internados, “esto es una mentira, ya que la orientación del Hospital no es la internación, sino la atención diaria ambulatoria, por lo que atendemos más de 200 pacientes todos los días, que llegan por temas de salud mental y adicciones, repito el Hospital no tiene la política de internar, sino de realizar un seguimiento desde la atención en sus consultorios y en los territorios”.
La nueva administración desde el primer día ha demostrado su intención de desmantelar la institución, llevando los contratos que antes eran de un plazo anual a 90 días, con la clara intención de no renovarlos en breve.
Lucha y Cultura
Este sábado a lo largo del día se realiza una jornada cultural. Se mezcla la poesía con los mensajes solidarios de quienes vienen a traer su abrazo en defensa de la salud pública, en este caso de la salud mental y de los puestos de trabajo.
Son entre 600 y 700 los puestos de trabajo que se eliminaría por la decisión de Milei y su ministro de Salud Mario Lugones.
Una institución al servicio de la salud mental de la población
El Hospital Laura Bonaparte es el único con especialización en salud mental y adicciones. A partir de la Ley Nacional de Salud Mental, fue reconvertido para incorporar a su atención los consumos problemáticos. En lo que va de 2024 brindó atención a más de 25.000 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes.
Se está gestando una gran movilización en defensa de la salud pública
Este ajuste sobre los y las trabajadoras de salud, no se limita al Hospital Bonaparte, sino que hay un ajuste general con despidos en el Posadas y otros nosocomios. En función de esta situación general se ha lanzado una movilización para el próximo martes 8 de octubre del sector de salud en lucha, la marcha es hacia el ministerio de Economía y uno de los puntos de concentración es el Hospital Garrahan a las 11:00.
Hospital Garrahan
La asamblea de trabajadores y trabajadoras del Hospital brindó el viernes 4 de octubre una conferencia de prensa, en Combate de los Pozos 1881 de la Ciudad de Buenos Aires, para anunciar nuevos paros y una movilización al ministerio de Economía.
La conferencia es una de las resoluciones de una asamblea general que desbordó las capacidades del Aula Magna del Garrahan en la que trabajadores y trabajadoras ratificaron su reclamo de recomposición salarial, que – según advierten – no se resuelve con un bono por única vez, y en donde plantearon su total rechazo a la política del gobierno respecto del hospital.
Debutó el ministro Lugones
En la séptima semana de reclamos del personal y por decisión del Gobierno Nacional, el miércoles escaló el conflicto en el Hospital Garrahan. En medio de una jornada de paro el flamante ministro de Salud, Mario Lugones, desplazó al Consejo de Administración del hospital pediátrico de alta complejidad por haber otorgado un bono de 500.000 pesos por única vez a trabajadores y trabajadoras que reclamaban una recomposición ante salarios retrasados con respecto de la inflación.
“El conflicto se agudizó notoriamente con la noticia del desplazamiento del Consejo por parte del ministro de Salud. En forma oral, el presidente del Consejo (el médico Oscar Imventarza) admitió que eso ocurrió. Que le pidieron la renuncia y que él y los demás miembros la presentaron. En ese contexto y en el marco de un nuevo paro que ya estaba resuelto con anterioridad se hizo una asamblea donde votamos que si no está depositado el bono mañana vamos al paro nuevamente, porque es un derecho adquirido por los trabajadores y trabajadoras de este hospital”, anunció Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan.
“Es un bono que las autoridades anunciaron con los recursos propios que el hospital genera a partir de nuestro trabajo. Y sería como no pagarnos el sueldo”, destacó. Remarcó que, más allá del bono por el que Lugones desplazó a las autoridades, “el reclamo continuaba de antemano porque el bono no deja de ser una conquista, pero es un parche por un mes que no cambia la situación de salarios de hambre en todas las categorías, y por eso estamos en un plan de lucha por la recomposición salarial, en defensa del hospital público”.
El agravamiento del conflicto tiene que ver no sólo con la incertidumbre de qué pasará con el bono ya otorgado y ahora puesto en duda, sino con el nivel de intervencionismo que implica que el gobierno de Milei haya decidido echar a quienes tomaron la decisión de otorgar ese plus. “No se nos escapa que Lugones, un empresario privatizador, pretende ir más a fondo en el ajuste. No vamos a permitir que prospere el intento de intervenir el hospital por parte del gobierno: reclamamos que Milei saque sus manos del Hospital Garrahan”, resaltó el delegado. Adelantó que “va a seguir la lucha y el próximo martes pararán y se movilizarán a Economía, y el miércoles también pararemos y esto no va a aflojar hasta que derrotemos esta política por parte del Gobierno”.
Además de Imventarza –una eminencia en el área de trasplantes hepáticos, a cuyo sector volvería- integraban el Consejo Patricia Elmeandy y Oscar Pérez -desde la gestión anterior- y Andrés Scarsi y Silvia Prieri, que respondían a Mario Russo, quien dejó el Ministerio días atrás.
“En el día de ayer, el Consejo había dispuesto otorgar un bono de $500.000 que no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado Nacional. El Consejo definió esta medida sin consultar y sin evaluación previa”, indicó la cartera sanitaria. “Había malestar en el hospital –continuó la comunicación oficial– porque cada integrante del Consejo gana $5,5 millones y por eso apuraron la medida y sacaron una comunicación interna ayer.”
“El sueldo de los integrantes del Consejo de Administración históricamente fue superior. El malestar no es por eso, sino por los bajos salarios de todo el personal”, aclaró Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT).
Durante la asamblea realizada el miércoles, Lezana planteó: “¿Qué es esto de que vuelan cuatro consejeros porque la decisión fue darle un bono a los trabajadores y trabajadoras del hospital? Entonces la medida que está tomando el Gobierno es un veto al bono, así como están queriendo vetar el aumento de los jubilados, así como quieren vetar la Ley de financiamiento universitario. Y ante eso, tenemos que empezar a pensar si no es hora de que este Gobierno se vaya, si no es hora de que el Gobierno se vaya”.
Los trabajadores del Garrahan llamaron a un nuevo paro de 48 horas
Los trabajadores y el personal de salud del Hospital Garrahan redoblaron su pedido de mejoras salariales. En conferencia de prensa brindada ratificaron que el martes 8 comenzarán un paro de 48 horas, que incluirá una movilización al ministerio de Economía.
En la conferencia, en la que participaron delegados de diversos sindicatos, Asociaciones profesionales y representantes de médicos residentes, se recordó que el reclamo busca un aumento del 100% para lograr una recomposición salarial justa: “es lo perdido desde agosto de 2023 hasta hoy”, aseguraron, ante los medios. Y recordaron que “la cifra de buena parte de los sueldos que se pagan en el Hospital está hoy por debajo de la canasta básica”.
El reclamo tendrá su continuidad tras una semana compleja. Es que el anterior Consejo de Administración, tras dos meses de reclamos sostenidos, le otorgó a todo el personal un bono único, de $500.000, que se pagó con fondos propios. Ante esta medida, el flamante ministro, Mario Lugones, les pidió la renuncia a sus representantes en el Consejo -sólo quedó en su puesto el representante de CABA. Y les recordó a los nuevos miembros del ente directivo el objetivo gubernamental de “déficit cero”. De todos modos, la medida quedó firme y el monto fue depositado. Ahora, con nuevas autoridades, el conflicto tendrá una nueva ronda.
Según recordó Norma Lezana, secretaria general del gremio APyT (profesionales y técnicos), “esta es la principal institución de referencia médica pediátrica del país. Cada año acá se hacen 600.000 consultas médicas y la mitad de los trasplantes en chicos. Además, se atienden en el Garrahan el 40% de los chicos con patologías oncológicas del país.
“Lo que vemos hoy es que se está perdiendo el modelo del Hospital Público que caracteriza a la Argentina desde hace muchos años”, contó el pediatra Pablo Puccar, médico de planta y con una larga trayectoria en el Garrahan. Y abundó: “lo que está pasando es que, por las bajas remuneraciones y el desgaste de años de conflictos está renunciando mucho personal de salud altamente capacitado. Muchos son médicos que, además de atender pacientes, también son docentes y le transferían su inestimable experiencia a los residentes y médicos jóvenes”.
De hecho, algunos cálculos de personal sugieren que en los últimos tres meses renunciaron más profesionales que en los nueve años que fueron del 2005 al 2014.
Puccar, que tiene a su cargo una sala de internación, contó un ejemplo de porqué renuncian profesionales con quince años de formación y que son referentes reconocidos en toda América Latina por sus aportes e investigaciones. “Son médicos y médicas que ganan $ 2,3 millones, en mano, por mes, trabajando cinco días y teniendo a cargo un servicio completo del Hospital. Pero puede cobrar una cifra varias veces superior haciendo apenas una operación por mes en alguna institución privada. Algo similar pasa con otros médicos experimentados: con cubrir un par de guardias mensuales en el ámbito privado cobran, en mano, la misma suma que trabajando todo el mes, en horario extendido, en el Garrahan”.
Los trabajadores también aseguran que hace ya muchos años que vienen disminuyendo las inversiones en mantenimiento. Por eso, por ejemplo, hoy funcionan menos quirófanos de los que tiene la institución. “Insumos no nos faltan y seguimos atendiendo en forma segura”, aclaran. “Pero todo esto funciona gracias al compromiso del staff y de los residentes. Y con más recursos podríamos cuidar a más pacientes y de mejor manera”.
El Hospital Garrahan paró y participó en la marcha universitaria
Luego de semanas en las que se viene de dos importantes paros y abrazos al Hospital, en la asamblea en la que participaron trabajadores de diferentes sectores se votó un plan de lucha. Se realizó un paro de 24 horas con movilización el 2 de octubre, cuando se realizó la marcha universitaria en defensa de la educación pública.
Durante el intercambio, llegaron los mensajes de la asamblea de residentes de Nación que definieron participar en la marcha universitaria concentrando en el hospital y parando el 2 y el 3. En el mismo sentido la Asamblea de Residentes de CABA resolvió convocar al hospital para unificar la movilización de la salud ese día y repudiar la amenaza de sanciones que están sufriendo residentes del Garrahan que vienen apoyando las medidas de lucha.
El conflicto en el hospital ya lleva varias semanas con dos abrazos y dos paros de 24 horas sin tener respuesta alguna por parte del gobierno y las autoridades ante el ataque al salario y las condiciones laborales en las que se atienden a los pacientes. Hay trabajadores cobrando menos de 600.000 pesos y los salarios tuvieron una pérdida del poder adquisitivo del 36% desde que gobierna Milei, una realidad que lleva a tener varios trabajos para poder llegar a fin de mes y que pone en evidencia las condiciones laborales insalubres.
A su vez, se definió profundizar las medidas preparando un paro de 48 horas los días 8 y 9 de octubre y realizar una movilización al ministerio de Economía. Entre los motivos, surge que según el proyecto de presupuesto 2025 enviado al Congreso, el gobierno prepara más recortes aún. Tan solo este año se destinaron 45 presupuestos anuales del Garrahan para el pago de los intereses de deuda. La salud, la educación y los jubilados no pueden la variable de ajuste al servicio de especuladores y el FMI.
Durante el gobierno de Javier Milei renunciaron más profesionales que en los últimos 9 años
El conflicto en el Garrahan escala. Después de las dos medidas de fuerza que llevó adelante el personal de planta permanente en septiembre, los residentes realizaron un paro de 48 horas sin guardias. El reclamo urgente es por la recomposición salarial, pero también se trata de una advertencia para las autoridades. Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), puso un ejemplo que deja al descubierto la delicada situación que atraviesa la institución: “El director administrativo, Roberto Dalmazzo, nos confirmó que renunciaron más profesionales en estos meses que lleva de gestión que en los 9 años anteriores”.
El motivo del éxodo de profesionales es simple: el dinero no alcanza. En la actualidad, una guardia en el Garrahan se paga $150.000, mientras que en el sector privado el valor ronda los $300.000. Se trata de un deterioro que lleva años y que no solo afecta al ingreso de los trabajadores, sino a la asistencia en general: “Tenemos 500 camas de atención. En el pasado había 15 médicos de guardia para atenderlas y ahora solo son 10. O sea, hubo una reducción del 30%. ¿Por qué? Porque la gente se jubila y como se cobra tan mal, cada vez menos gente quiere cubrir esos puestos”, sostuvo Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Garrahan.
Durante la medida de fuerza del 19 de septiembre, además del paro, los trabajadores se movilizaron al ministerio de Salud y entregaron una nota con un pedido para ser atendidos por el entonces ministro de Salud, Mario Russo, pero no recibieron respuestas. El 4 de septiembre se llevó adelante una acción similar bajo la consigna “La salud de las infancias y el Garrahan son esenciales”.
Los trabajadores del Garrahan piden una recomposición salarial del 100% para todas las categorías, desde los operarios a los cirujanos, y se exige que el piso sea equivalente a la canasta familiar. El último aumento paritario está muy por debajo del reclamo: en las paritarias de los estatales nacionales UPCN firmó con el Gobierno un 3% para el próximo bimestre.
Las autoridades del gobierno prefirieron dar respuestas en off the record. Subrayaron que el presupuesto destinado al Garrahan se incrementó en un 217%, que pasó de $49.698 millones en 2023 a $158.000 millones en 2024. Los referentes gremiales reconocen que es cierto que los gastos de funcionamiento están cubiertos, con mínimas deficiencias, pero insisten en que el deterioro salarial tiene un impacto muy concreto en la calidad de la atención.
Con respecto a los salarios, las autoridades sostuvieron que “los pagos se realizan con normalidad” y que “a los sueldos de agosto, además del aumento paritario establecido, se sumó el pago de un bono de $200.000 a todo el personal, incluidos residentes y becarios. Los recursos para el pago de bonos son recursos genuinos, que provinieron de lo facturado a las obras sociales”. Lipcovich y Lezana coincidieron en que se trata de un argumento “tramposo”.
“Acá se cobra un ítem llamado ‘recurso genuino’ de toda la vida. No es algo nuevo. Y ese pago estuvo congelado en $150.000 durante casi un año y se desvalorizó. Recién este mes se subió $50.000, pero lo están difundiendo como algo nuevo y eso no es así”, aseguró Lipcovich.
Lezana sumó un dato para comprender la “trampita” de la respuesta oficial. “Cuando salió la información muchos pensaron que íbamos a recibir un bono extra de $200.000 y las autoridades tuvieron que salir a aclarar que no, que es el mismo bono que veníamos cobrando”, contó.
El Garrahan es una institución de referencia a nivel nacional y regional. Se trata de un hospital que recibe 600.000 consultas de alta complejidad, que realiza más de 10.000 cirugías y más de 100 trasplantes por año. Tiene unos 4.200 empleados en planta permanente y más de 2.000 profesionales en formación. Solo para tener dimensión de su alcance, el 40% de los niños y niñas con cáncer se atienden en la institución, que es la encargada también de fijar los protocolos de oncología infantil en un programa a nivel federal.
El deterioro en el poder adquisitivo de sus trabajadores es una de las razones del éxodo de los profesionales. Los que se quedan, además, insisten en que las condiciones laborales y el nivel de exigencia son cada vez más extenuantes, lo que también tiene un impacto directo en la calidad de la atención.
El Garrahan tiene un Consejo administrativo, que maneja su propio presupuesto y, desde 2017, el 80% de los fondos provienen de Nación y el 20% de la Ciudad de Buenos Aires —hasta ese momento cada jurisdicción aportaba el 50%—.
Los problemas no comenzaron con la gestión libertaria. Lezana recordó el fuerte reclamo que hubo en 2022, que también incluyó paros y derivó en una audiencia con el ministerio de Salud en donde se acordaron adicionales. “El problema es que esos montos quedaron congelados y todos los aumentos paritarios que hubo fueron sobre la mitad del sueldo aproximadamente. Por eso hoy es insostenible”, contó.
El Consejo administrativo del hospital se compone por cuatro funcionarios designados por Nación y uno por Ciudad. Según la referente de APyT, las autoridades reconocen el problema: “El presidente, Oscar Imventarza, nos dijo que el tema está en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, porque según lo que les dijeron las autoridades del ministerio de Salud coinciden en que con estos salarios no se puede sostener a los equipos”, sostuvo.
Los médicos denuncian que los obligan a reutilizar material descartable
El personal del hospital de niños acaba de presentar una denuncia ante la Justicia, afirmando que las autoridades los obligan a reutilizar material descartable, lo cual está desaconsejado en las prácticas médicas, por los enormes riesgos sanitarios que implica.
“La reutilización de materiales descartables es parte del desfinanciamiento de lo público. Estas tareas implican riesgos para los trabajadores porque se pueden lastimar y allí hay sangre o material biológico”, afirmó Norma Lezana.
“Para esto tiene que haber un comité de reúso que en el hospital no se está reuniendo y nosotros lo que venimos exigiendo a la dirección es que exista un protocolo, exista una trazabilidad de los materiales”, concluyó la represente de los trabajadores de la institución.
Reclamos al gobierno porteño
Trabajadores de la Salud, junto a referentes de la CTA Capital y delegados de los hospitales porteños, realizan el martes 1° de octubre una Jornada de lucha para reclamar al gobierno porteño mejoras en las condiciones del sistema sanitario ante el abandono de las políticas públicas. En este marco, hubo una manifestación en las puertas del Hospital Durand, ubicado en Ambrosetti 743, para informar sobre la situación real del sistema de salud de la Ciudad y poner de manifiesto las necesidades de los trabajadores.
Entre los reclamos se encuentran:
– Mejorar la infraestructura de los Hospitales y Centros de Salud.
– Resolver las más de 3.000 cirugías que se encuentran postergadas.
– La compra de computadoras en los servicios de internación y dar cumplimiento al sistema de gestión hospitalaria (Sigheos) y a la Ley 5.669 (Ley de historia clínica electrónica).
– Incorporación de Personal Administrativo, Técnico, Enfermería y Médicos.
– Compra de Resonadores Magnéticos.
– Vacunación contra el DENGUE para todos el personal de salud.
– Autorización de Almuerzo para todos los trabajadores.
Movilización de enfermeras
El personal de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, nucleado en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), se concentró el jueves 5 de septiembre frente al Tribunal Superior de Justicia de CABA, ubicado en Cerrito 760, donde realizaron una radio abierta con la consigna de “jueces y juezas, la primera línea los está mirando”. Se trata de los magistrados que deben resolver una presentación en la que se exige la equiparación salarial para el sector.
Andrea Ramírez, enfermera del Ramos Mejía y presidenta de la ALE, explicó: “Se van a cumplir en noviembre 6 años que la Enfermería profesional de CABA, es decir más de 5.000 enfermeras y enfermeros al ser discriminados de la Ley N° 6035 que regula las condiciones laborales de los profesionales de la salud, cobramos 50 % menos que lo que deberíamos cobrar legalmente. Llevamos 69 meses, los tenemos contados, de postergación y perjuicio ilegal económico en nuestros ingresos. La Justicia de CABA, en dos instancias previas: la jueza López Vergara y después los doctores López Alfonsín, Díaz y Lima falló a favor de emplazar en 90 días al gobierno de CABA para que equipare salarios de la Enfermería con el resto de los profesionales de la 6035. Primero Larreta y después Jorge Macri, apelaron. Ahora el TSJ tiene la oportunidad de reparar tanto daño, injusticia y demoras”.
En el mismo sentido, Luciana Franco, enfermera del Hospital Fernández y secretaria general de la ALE, completó: “Sin enfermería no hay hospital, sin primera línea no hay equipo de salud. La pandemia y cada coyuntura de demanda social por el hospital público, realza el rol fundamental de la Enfermería. Cobramos salarios por debajo de la canasta de pobreza, eso nos empuja al pluriempleo que nos enferma y atenta contra el buen servicio de salud a la comunidad. Entonces nos preguntamos: ¿por qué semejante ensañamiento de parte del gobierno de la Ciudad con un sector que es clave? En campaña electoral hablan de la Enfermería y ‘prometen’, pero después la postergación sigue. Este jueves vamos a estar mirando con atención al Tribunal para que de una vez se empiece a hacer justicia con miles de enfermeras y enfermeros”.
Residentes pararon por 24 horas
La medida se llevó a cabo luego de que no se cumplieran con algunas promesas propuestas por el ministerio de Salud de la Nación.
Residentes de salud, dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, llevaron a cabo un paro por 24 horas el miércoles 25 de septiembre “como medida de fuerza frente al ajuste sobre la salud pública, el deterioro significativo de nuestro salario, la falta de diálogo y el incumplimiento de pago del bono acordado por parte del ejecutivo en julio del corriente año”, explicaron en un comunicado.
La primera línea de salud “no da para más” en La Plata
En La Plata existen 45 centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que son, como su nombre lo indica, la primera línea de atención a la salud situada en los barrios. Allí hay profesionales de distintas ramas de la medicina, psicología, enfermería, trabajo social y administrativa que atienden la demanda de cada comunidad.
A fines de agosto, desde la propia Municipalidad de La Plata se dio a conocer un relevamiento del estado de los distintos CAPS de la ciudad donde se identificaron los problemas de infraestructura, el faltante de insumos, de personal y la mala situación laboral. Según el diagnóstico uno de cada tres centros carece de insumos de salud básicos, los equipos están incompletos y el 67% presenta problemas edilicios.
“Los equipos de trabajo están diezmados, son menos de la mitad de los que se necesitan en algunos casos, hay salitas que no tienen pediatras, faltan odontólogos, muchos espacios se sostienen con guardias de enfermería que justo son parte del personal más precarizado”, describe Dina; ella integra un CAP de Villa Elvira, es trabajadora social y hace diez años que ejerce en el ámbito municipal.
“Todo lo que son problemas de salud han crecido y se han complejizado. En las salitas lo que son los profesionales muchos han renunciado por lo que es la paga de los salarios municipales y también tenemos el problema de las cooperativas de enfermería que hacen turno noche y nos les están pagando”, coincide Gonzalo Paluci, secretario general de la junta interna de delegados ATE municipales y trabaja en salud desde hace más de 15 años. Actualmente se desempeña en el área de Farmacia donde se concentran y distribuyen los insumos para las salitas y conoce sobre los faltantes. “A la escasez de lo que es medicación en algunas cosas se agrega lo que tiene que ver con los recortes en programas nacionales que dejaron a la deriva a mucha gente. Y también se va notando lo que viene de provincia, lo que es diabetes, por ejemplo, nos llegan consultas incluso de afiliados a IOMA que van a hacer los trámites y tampoco logran conseguir su medicación”, cuenta.
“La situación no es nueva, pero se juntan muchas cosas”, apunta Dina. Sin insumos, en lugares sin calefacción, con techos que se llueven, mucho deterioro y con sueldos que quedan cada vez más atrasados. Lo salarial es uno de los reclamos más fuertes de los trabajadores hoy: “Ya es difícil trabajar en esta infraestructura, pero lo venimos sosteniendo y cuando a eso sumás que no te alcanza ni para el micro decís basta”. La escala salarial para un médico en el ámbito municipal es de $450.000 para 24 horas semanales y la mitad para un administrativo “lejos están de llegar al salario mínimo vital y móvil de $262.432,93”, denuncian los trabajadores en un comunicado. Los trabajadores piden también la regularización de la planta ya que por un supuesto error técnico mucha gente que había pasado a ser personal permanente en la gestión anterior volvió a estar mensualizada y sin respuesta para su situación.
“De una gestión como de otra se pasan la pelota y en el medio están los trabajadores y los usuarios”, coincide Gonzalo. “En la Municipalidad saben lo que se le paga a un profesional que está atendiendo todos los días a la gente en los barrios donde estalla la demanda porque los hospitales están abarrotados, porque cada vez menos gente tiene obra social, la situación de malestar se suma a un aumento del trabajo con este contexto que se agudizó con el cambio de políticas a nivel nacional, y consideramos que hay que dar respuesta”, subraya Dina.
Desde los gremios están pidiendo mesas técnicas de diálogo para trabajar la situación integralmente, y todo el sector de trabajadores autoconvocados también solicita audiencia con el intendente Julio Alak. Mientras tanto definieron en asamblea que la retención de tareas continuará hasta fines de setiembre y convocaron a una asamblea abierta en Plaza Moreno.
La Policía Federal amedrentó a los despedidos del Hospital Posadas
El 25 de setiembre, los despedidos del Hospital Posadas instalaron una mesa en el hall central del hospital, donde sirvieron un desayuno solidario a los pacientes como parte de las actividades de protesta por la crisis en salud y la exigencia de reincorporación de los cesanteados. En ese momento, y por segunda vez en una semana, la Policía Federal, por orden del director del hospital y del ex ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, exigió el levantamiento de la mesa y pretendió tomar los nombres de cada uno de los despedidos, debido a una supuesta denuncia del hospital a la jueza federal de San Martín.
Mirtha Jaime, presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas), se apersonó en la mesa y sostuvo que, en modo alguno, se trataba de una actividad comercial o de distribución ilegal de alimentos, como adujeron las fuerzas policiales, sino de una acción gremial solidaria con los despedidos. A pesar de la presión policial, la mesa se mantuvo hasta horas del mediodía, cuando los despedidos decidieron dar por terminada la actividad.
Este ataque se inscribe en la política represiva del gobierno de Milei y los protocolos de seguridad de la ministra Bullrich, y no por casualidad se aplican de manera directa en uno de los pocos hospitales que dependen directamente del gobierno nacional, como es el Hospital Posadas. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se solidariza con Cicop, con la Asociación de Profesionales y con todos los despedidos, y exigió a través de una nota a la ministra de Seguridad y al ministro de Salud que cesen las presiones y persecuciones a la actividad gremial en dicho hospital.
Los trabajadores del Hospital Posadas se movilizaron por los despedidos
La Asociación de Profesionales del Hospital Posadas (Cicop-Seccional Posadas), con el apoyo de Asociaciones de Profesionales, seccionales de CICOP y de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), realizó el miércoles 18 de septiembre, a las 12:00, una nueva ronda en la entrada del nosocomio, para reclamar la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Hasta ese momento, los trabajadores y las trabajadoras lograron la reincorporación de 19 de los 95 cesanteados en el mes de marzo. En este sentido, advirtieron que hay “profesionales de altísima calificación y más de tres décadas de trabajo ininterrumpido en el hospital (que) todavía se encuentran despedidos sin justificación, y los servicios que prestaban siguen limitados”.
Denuncian además que dentro del propio hospital se está desarrollando una intensa campaña por parte de la Dirección, que responde al Ministerio de Salud, que encabeza(ba) Mario Russo, de persecución a los delegados y activistas que sostienen el reclamo de recomposición salarial, reincorporación de los trabajadores despedidos y mejora de las condiciones laborales: “La Dirección del hospital se niega sistemáticamente a recibir a la Seccional de Cicop para encarar un diálogo sobre las condiciones de trabajo de los más de 2.000 profesionales y técnicos del establecimiento”, afirman.
El desmantelamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada a través del Decreto 698/2017 con el fundamento de que “resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades”. Algunas de estas tareas eran abordadas con anterioridad por varios organismos que se unificaron: la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, el Servicio Nacional de Rehabilitación, entre otros.
Su creación se da en correlación con una serie de políticas adoptadas por el Estado. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas), fue aprobada en el año 2008 por ley en Argentina (N°26.378) y adquirió estatus constitucional en el año 2014.
Desde su creación, la ANDIS dependía de la Secretaría General de la presidencia (hoy en manos de Karina Milei). Luego del decreto 8/2023 (Art. N°17), publicado el día de la asunción del gobierno entrante, la ANDIS pasaría a ser parte de la Jefatura del Gabinete de Ministros (en su momento a cargo de Gustavo Posse, hoy a cargo de Guillermo Francos).
La actual gestión designó a Diego Orlando Spagnuolo como Director Ejecutivo de la ANDIS, a través del Decreto 96/2023. Finalmente, el 4 de julio del 2024, el Poder Ejecutivo realizó el traspase de la misma al ministerio de Salud, a través del Decreto 585/2024 (Art. N°8).
Para entender en profundidad qué significa esto, la Agencia Anred charló con les trabajadores despedides de la agencia y explicaron que el modelo bio-psico-social que impulsan es aquel que entiende que la discapacidad no la porta la persona, sino que esta se genera de forma contextual y situacional cuando se interacciona con un entorno inaccesible. En otras palabras, se aleja de aquel modelo médico centrado que creía que había que rehabilitar a la persona en cuestión, en lugar de generar herramientas de accesibilidad, eliminando barreras que puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad.
De aquí se desprende la armonización conceptual que el decreto 7/2023 adoptó. Entre otras implicancias, se modificó el requisito médico para acceder a una pensión no contributiva por invalidez, diferenciando a su vez a la invalidez de la discapacidad. La «junta médica» pasó a llamarse «junta evaluadora» (y que sigue siendo obligatoria para que la pensión sea otorgada) y dejó de ser conformada únicamente por médicos, ahora abarca a distintos trabajadores de la salud.
La armonización de los conceptos, el asesoramiento a otros sectores del Estado y la creación de proyectos de accesibilidad es un trabajo que se venía llevando adelante desde distintos sectores de la Agencia Nacional de Discapacidad, muchos de los cuales hoy ven paralizada su actividad como consecuencia de los despidos masivos.
En concordancia con lo expresado por el presidente Javier Milei el martes 26 de marzo en el Foro Económico Internacional de las Américas, donde destacó haber echado a 50.000 empleados públicos y que preparaba una ola de 70.000 contratos menos, en la ANDIS hubo dos tandas de despidos fuertes: uno en febrero y otro en marzo: “despidieron 170 cada vez y luego, en junio, 8 despidos más”.
“Los despidos son al boleo. Nos notificaron por Mail o WhatsApp. Despidieron a personas con Certificado Único de Discapacidad, personas trans y mujeres embarazadas, todos despidos ilegales y que se contradicen con el mismo objetivo de ser del organismo. También a personas que estaban con licencias psiquiátricas, de vacaciones, gente que estaba a un mes de jubilarse, delegados/as sindicales”, expresaron. Y agregaron que “esto es muy grave porque muchas de las tareas que llevaban adelante esas personas no las hace nadie más. Hay servicios que han dejado de operar o que se ven severamente perjudicados.
Nosotros queremos visibilizar que no se trata únicamente de un ataque a los derechos de las personas con discapacidad, también de trasplantados y de personas mayores. Hay un entrecruzamiento entre discapacidad y adultez. Una forma de adquirir discapacidad es crecer”, detallaron. Señalaron que el Instituto Nacional Central Único Coordinador de la Ablación e Implante (INCUCAI) tiene sede en la sede central de la ANDIS. Además, las personas trasplantadas son beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad. También hablaron de personas con enfermedades raras o poco frecuentes que “terminan siendo discapacitantes porque no hay forma de abordarlas”, de personas electrodependientes, etc.
“Decimos que el Estado se está retirando de sus obligaciones con colectivos históricamente oprimidos y/o vulnerados porque vemos que hay más despidos en ciertos tipos de organismos y también en áreas en específico dentro de los mismos. Le dan al ANDIS, al INADI, al ministerio de Mujeres, a las áreas del Estado que se encargan de las políticas de Derechos Humanos, todos tienen mucho trabajo en un sentido reparatorio. El presidente dice querer destruir el Estado. Nosotros caracterizamos que, en realidad, sólo lo fortalece en materia represiva, persecutoria, que invierte la carga de la prueba en todo: vos tenés que demostrar que sos inocente”.
Por último, enfatizaron en que “las políticas públicas en discapacidad las hacen los trabajadores y trabajadoras. En este momento, la ANDIS no informa sobra las políticas públicas que está llevando adelante. Los despidos masivos se ven acompañados de recortes en pensiones, eliminación de programas de accesibilidad, cierres de por lo menos 59 sedes en todo el país. Son ejemplos Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Arrecifes, localidades de la provincia de Buenos Aires que han cerrado por los despidos masivos”.
En este sentido, desde la Asamblea Discas en Lucha convocó a una conferencia de prensa el lunes 30 de septiembre para “denunciar públicamente el avasallamiento del sector y el vaciamiento de la ANDIS”, de la cual participaron también trabajadores despedides de la agencia. La conferencia de prensa apuntó a visibilizar cómo las políticas “eugenésicas” del gobierno de Javier Milei afecta a cada colectivo en particular.
¿Pensiones por discapacidad? ¡¡Afuera!!
Por Karina Micheletto
Las “listas negras” comenzaron a circular primero en forma de un comunicado interno filtrado desde Personal, luego en la confirmación vía Boletín Oficial, y finalmente a través de un WhatsApp de urgencia que enlazó a las filiales de todo el país. A falta de una comunicación oficial que anunciara y explicara los motivos del despido de 165 trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ellos mismos comenzaron a hacer un relevo de la situación. Pronto cayeron en la cuenta de una realidad alarmante: en Goya, Corrientes, en Bahía Blanca, Trenque Lauquen y Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, se desarmaron centros de atención enteros de la Agencia Nacional de Discapacidad. Son regiones del país que quedan sin acceso a atención alguna, lo cual implica en los hechos la imposibilidad de obtener ayuda para tramitar nuevas pensiones, hacer un seguimiento de las ya iniciadas, o responder a cualquier necesidad de esas poblaciones.
En el resto de las regiones, claramente, la restricción de personal dificulta la atención, la ralentiza, proyecta más obstáculos sobre los ya existentes: vulnera más derechos. Pero en estas regiones del país, directamente los suprime. Cada centro cerrado representa la atención de varias localidades: desde Trenque Lauquen, por ejemplo, se abarcaba la atención de las localidades cercanas de Tres Lomas, Saliqueló, América, Villegas, Carlos Casares, Pehuajó, Casbas, Pellegrini, en un radio de varios cientos de kilómetros.
Todo esto lo hacía una sola trabajadora social, con “veinte años de trabajo asumidos con profesionalismo, compromiso y un legajo intachable”, destacan quienes enlazaban diariamente esta tarea desde otras dependencias como Anses, Desarrollo Social y el hospital zonal, en un comunicado que difundieron a los medios locales. Como tantas y tantos en el Estado, la trabajadora tenía un contrato que renovaba anualmente, y recién en el último año había logrado concursar su cargo. La semana pasada les habían avisado que la renovación pasaría a ser trimestral, es decir, ahora vencía el 31 de marzo. Fue despedida el jueves.
Lo mismo en Arrecifes, cuya atención se extendía a Capitán Sarmiento y Pergamino, entre otras localidades. También allí fue despedida la única trabajadora social, que realizaba un trabajo diario que todos coinciden en describir como “intenso”. La idea de “ñoquis”, “sobrante” o “grasa del Estado”, como se ve, es de nula aplicación en estos casos.
Un ataque a los más vulnerables
“La gran mayoría de las personas que atendemos no sólo tienen el tema de la discapacidad, sus vidas también están atravesadas por situaciones de vulnerabilidad. Eso es lo que vemos diariamente, son los casos que acompañamos. Entonces, a esas personas no se les puede decir: ‘ahora vaya y siga el trámite on line, siga por Anses, o por otro lado’, que creemos es lo que van a decirles, aunque en realidad es una suposición, nadie vino a explicar nada. Los trámites implican muchas certificaciones y muy pocas personas podrían hacerlo solas. Es casi directamente decirles: para ustedes no hay más nada, arréglense solos“, lamentan.
En Goya, donde recibían una gran cantidad de personas de toda la región y había una alta demanda, los trabajadores eran seis: dos licenciados en Trabajo Social, tres administrativos y una abogada. Todos ellos fueron despedidos. Y todas las personas que fueron a atenderse ayer y hoy se encontraron con un cartel escrito a mano por los mismos trabajadores, que les anunciaba: “Andis Goya cerrada. Personal despedido”.
Esa es toda la explicación y el acompañamiento que reciben hoy personas con discapacidad y sus familias en situación de vulnerabilidad, que no perciben “ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva”, tal la definición de los requisitos beneficiarios.
También la que reciben los trabajadores despedidos “al azar”, según concluyen a falta de mejor explicación. Entre ellos había delegados gremiales, personas embarazadas y con discapacidad, que también trabajaban en Andis, algunos de los cuales fueron reincorporados.
Fuentes: Perfil, La Izquierda Diario, argentina.indymedia, Prensa Fesprosa, Red Eco Alternativo, Anred, www.andaragencia.org