Se llama “Plan de Acción Comercial Propuesto según superficies a disponibilizar”. Se trata del 87,5% del total de esos predios, en donde se desarrollan numerosas investigaciones que benefician a la producción “privada”. En el de Rafaela, la idea es enajenar 1245 hectáreas de las 1301 que posee. Es decir, el 95%. En el de Reconquista, la propuesta es vender 428 hectáreas de sus 485, el 88%.
Un ajuste difícil de revertir: el Gobierno nacional quiere pasar a modo “disponibilidad” unas 27 mil hectáreas de los campos que pertenecen a los centros experimentales del Inta en todo el país, entre los cuales figuran los santafesinos de Rafaela y Reconquista. Se trata del 87,5% del total de esos predios, en donde se desarrollan numerosas investigaciones que benefician a la producción agropecuaria “privada”. El plan es venderlas de aquí hasta 2027, pero en ese camino ponerlas en alquiler y girar el dinero obtenido directamente al Tesoro en lugar de usarlo para financiar las actividades del instituto, al que la actual gestión le diezmó el presupuesto y planea desmantelar su planta laboral en más de mil empleados.
La superficie puesta a tiro de la enajenación pública equivale a una vez y media la de la ciudad de Rosario (18.700 hectáreas). En muchos casos, se trata de tierras ubicadas en zonas agroganaderas núcleo, de alto valor de mercado. El intento lleva como pomposo título “Plan de Acción Comercial Propuesto según superficies a disponibilizar”. Y como ocurrió con otros predios, en su mayoría ferroviarios, ya declarados “libres” de ser volcados al mercado inmobiliario, quien los administrará será la AABE (Administradora de Bienes del Estado).
En una primera etapa, el plan afecta a 22 campos experimentales que suman un total de 30.874 hectáreas, de las cuales 27.019 serán puestas a disposición de la AABE para su venta o concesión. Entre los campos afectados se incluyen algunos de los más conocidos, como los de Balcarce, Pergamino, Concepción del Uruguay, Rafaela y Anguil. También se contempla la venta del edificio que el Inta posee en Esquel, Chubut.
El plan se detalla en el documento interno del Inta expuesto, entre otros portales informativos, por el sitio especializado Bichos de Campo y por LPO. Establece el procedimiento para la venta a través de subastas públicas y también concesiones de uso por plazos determinados, en ese caso particularmente para los campos de menor tamaño. A esas “concesiones de uso por un plazo de una campaña agrícola renovable” le sigue su “posterior venta por subasta pública”.
En el caso de los llamados Medianos y Grandes Campos, se propone ir directo a su “venta en subasta pública” a partir de 2025. Para lo que queda de este año, la idea es llevar adelante el “desarrollo de tramitaciones tendientes a la evaluación técnica, desafectación y obtención de autorización del Poder Ejecutivo para enajenar los inmuebles”.
El proyecto, a la vez, prevé incorporar un número adicional de campos en etapas posteriores, alcanzando una superficie cercana a las 100.000 hectáreas. De ellas, casi la mitad (45.149 hectáreas) son del la AER Santa Victoria Oeste, en Salta.
Varias son las voces que ya se alzaron sobre las consecuencias negativas para la investigación científica y la producción agropecuaria que realiza el Inta en sus estaciones experimentales. Entre las agropecuarias, una sola: Federación Agraria, que hizo una propuesta para evitar la venta de terrenos.
De los desarrollos tecnológicos al negocio inmobiliario
Es otro punto, irreversible, del plan de ajuste que comenzó a implementar la gestión del Inta encabezada por Nicolás Bronzovich. Ingeniero agrónomo y referente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), asumió tras la renuncia de Juan Cruz Molina Hafford, quien se fue del instituto, dijo diplomáticamente, por: “diferencias entre los pedidos del Ministerio y mi propuesta de gestión”. En realidad, porque le parecieron un exabrupto los recortes que le exigía la administración libertaria en el organismo, al punto de que ponen en entredicho la misma razón de su existencia.
“El pedido de Bronzovich es que se vendan todas las tierras ociosas que se puedan vender, eso me lo dijo personalmente”, le dijo a LPO el delegado de ATE en el Inta, José Luis Perea, quien también denunció un plan de despidos de entre 1.046 y 1.500 trabajadores.
“Disponibilizar” los campos del Inta habilita a su venta y al arrendamiento a terceros para que los produzca a cambio de un canon. Esto último se viene haciendo en algunos casos. Lo nuevo es que el dinero obtenido por los alquileres ya no quedará dentro del Inta para cubrir el mantenimiento de los centros experimentales sino que será girado directamente al Tesoro Nacional. En resumen, pasar de un modo de financiamiento de la tecnología a un negocio inmobiliario. Un dato: el listado de los campos desafectados del uso público incluye como agregado la distancia de cada uno al puerto más cercano.
La AABE ya avanzó en la enajenación con la venta de un campo del Inta en Cerrillos, en Salta. De hecho, en esa provincia, hace poco 41 hectáreas fueron cedidas al gobernador Gustavo Sáez para que ejecute en ellas un programa de viviendas. Lo mismo sucedió con el histórico edificio porteño del organismo ubicado en Cerviño 3101, una construcción de alto valor en una zona exclusiva.
La lista de enajenables
Entre los centros experimentales sujetos a subasta figuran dos santafesinos. En el de Rafaela, según el plan oficial, la idea es enajenar 1245 hectáreas de las 1301 que posee. Es decir, nada menos que el 95%. En el de Reconquista, la disponibilidad propuesta es de 428 hectáreas de sus 485, el 88%.
Un desmantelamiento que viene de antes y se profundiza
“En Castelar se entregaron casi 600 hectáreas frente a la presión urbana, pero en el interior, donde la presión urbana no es tan importante, fue también muy fuerte el achicamiento de los campos experimentales del Inta, en poder del AABE”, repasó el referente de ATE Perea un camino iniciado hace años.