La continua lucha contra la privatización de semillas

En todo el mundo, las comunidades rurales y campesinas tienen muy presente el papel crucial que desempeñan las semillas en la producción de los alimentos. Junto con el agua y la tierra, se cuentan entre los recursos agrícolas más fundamentales. La idea de que las semillas deben circular libremente está tan profundamente arraigada que, hasta 1960, todos los sistemas nacionales se construyeron bajo la premisa de que las semillas almacenadas debían estar a disposición de quien las necesitara.

GRAIN

3 Dic 2024
Sin embargo, esto cambió con la creación de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en 1961, que buscaba privatizar las semillas y las variedades de plantas cultivadas. La resistencia a UPOV fue tan fuerte como inmediata. Durante sus primeros siete años, sólo un puñado de países europeos respaldó a UPOV, sin que otras naciones estuvieran dispuestas a adherirse.

Actualmente, los ataques contra los sistemas de semillas campesinas se han intensificado. Los esfuerzos se centran en su regularización, estandarización y privatización, con la ayuda de los derechos de obtentor, las leyes de patentes, los sistemas de certificación de semillas, los registros de variedades y las leyes de comercialización. El objetivo es de expandir los mercados para las corporaciones. Sin embargo, las comunidades en todo el mundo continúan resistiendo.

África: el ataque a las semillas que alimentan

Los sistemas locales de semillas, preservados por las comunidades campesinas siguen alimentando a la mayoría de la población, especialmente en el Sur Global. Sin embargo, las grandes corporaciones semilleras , con el apoyo de los gobiernos a través de los programas de ayuda y los tratados de libre comercio, están presionando a los países de todo el mundo para que aceleren la adopción de sistemas “formales” de semillas, que favorecen el uso de variedades industriales.

A principios de 2023, el parlamento de Benín presentó una propuesta de ley para que el país se uniera a UPOV. Como miembro de la Organización para la Propiedad Intelectual de África (OAPI), Benín ya participa indirectamente en UPOV. Sin embargo, la membresía directa expondría aún más al país a las presiones de la industria semillera transnacional.

Ante esto, la sociedad civil reaccionó rápidamente, organizando consultas, capacitaciones y debates públicos. A nivel regional, una coalición de organizaciones campesinas, agrupaciones de mujeres, activistas en contra del libre comercio y grupos de defensa de las y los consumidores alzaron la voz. Exigieron que el gobierno retirara la propuesta de adhesión a UPOV y, junto con organizaciones campesinas y de la sociedad civil, evaluar estrategias para fortalecer sistemas de semillas centrados en las necesidades locales. La presión ejercida por los movimientos sociales no paró y a mediados de 2023 lograron parar la discusión parlamentaria.

Para millones de familias campesinas africanas que producen a pequeña escala, la diversidad de las semillas campesinas es fundamental en términos de alcanzar la soberanía alimentaria, contar con una nutrición adecuada, y de preservar la biodiversidad. Además, garantiza el sustento tanto en áreas rurales como urbanas y peri-urbanas. Sin embargo, las corporaciones continúan imponiendo sus semillas industriales. Utilizan como punta de lanza a instituciones como la Alianza para la Revolución Verde en África (AGRA), que introdujo las semillas híbridas y transgénicas en el continente.

En Zambia, un nuevo proyecto de ley sobre Derechos de Obtentor fue presentado en abril de 2024. No hay ninguna razón real para reemplazar la actual ley, excepto lograr una nueva legislación más alineada con UPOV. Las organizaciones campesinas y otros grupos de la sociedad civil local están librando una intensa lucha contra esta iniciativa, denunciando que aumentaría el control de las grandes empresas tanto sobre las semillas como sobre los sistemas alimentarios del país.

A nivel continental, la Unión Africana está intentando armonizar las leyes de semillas en los 54 países miembros del Tratado Continental de Libre Comercio de África (AfCFTA). El protocolo sobre propiedad intelectual propuesto privatizaría las semillas, incrementando significativamente el número de países miembros de UPOV. Actualmente, la mitad de los países de la Unión Africana ya están adaptando sus leyes a los requisitos de UPOV, poniendo en peligro los sistemas de semillas locales y los derechos de las agricultoras y los agricultores

Este esfuerzo por armonizar las leyes incluye el Proyecto de Ley sobre Semillas y Variedades Vegetales de 2024 de la Comunidad de África Oriental, elaborado de acuerdo al modelo UPOV. Se trata de normativas que amenazan con crear un sistema de reglas inflexibles que promueven el comercio transfronterizo de semillas, exponiendo a las variedades locales a una competencia desleal por parte de poderosas empresas semilleras. Esto intensifica la erosión de la biodiversidad y de la soberanía sobre las semillas en todo el continente.

Organizaciones como la Alianza por la Agroecología y la Biodiversidad de Zambia (ZAAB) y la Alianza por la Soberanía Alimentaria en África (AFSA) se han opuesto de manera vehemente a UPOV y al control de las semillas por parte de las grandes corporaciones. Al mismo tiempo, diversos grupos locales en todo el continente se movilizan en defensa de las semillas y los sistemas alimentarios africanos.

América Latina: movilizaciones en defensa de las semillas

Los acuerdos de libre comercio han reforzado las iniciativas para privatizar las semillas mediante nuevas leyes y regulaciones en América Latina. Al imponer los derechos de obtentor, las patentes y las leyes de comercialización de semillas, las corporaciones están violando la libertad fundamental de los pueblos a guardar, intercambiar, multiplicar y reproducir semillas. En 2012, el Parlamento de Honduras aprobó la Ley de Protección de Variedades Vegetales que ilegalizó guardar, compartir o intercambiar semillas. En respuesta, organizaciones campesinas como la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE) iniciaron una lucha que se extendió por una década para que la ley fuera declarada inconstitucional. Aunque la petición fue inicialmente denegada, no se rindieron y presentaron una nueva demanda.

Luego de un largo proceso, en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Honduras dictaminó que la ley era inconstitucional. El fallo señaló que UPOV violaba la soberanía nacional y el derecho del país a la auto-determinación, así como los principios constitucionales relacionados con la vida, la dignidad humana y el derecho del pueblo hondureño a un nivel de vida adecuado. El dictamen también reconoció que la ley era un ataque al derecho de las personas a una alimentación nutritiva, saludable y culturalmente apropiada.

Estas leyes son conocidas en toda América Latina como “Leyes Monsanto”. En Guatemala, los pueblos originarios han estado protestando en las calles desde mediados de 2023, exigiendo que el gobierno abandone una propuesta de ley basada en las normas de UPOV. Las protestas han sido parte central de una huelga nacional contra el gobierno.

Además de las presiones producto de los tratados de libre comercio, la presión para adherirse a UPOV también se da a través de fuertes campañas políticas. En Argentina, el gobierno de Javier Milei intentó incluir una cláusula en su propuesta de “Ley Ómnibus” (Artículo 241) para adherir a UPOV 91. Esta iniciativa contó con el respaldo de transnacionales semilleras, como Bayer, Syngenta, Corteva y BASF. Buscaba prohibir que las agricultoras y los agricultores reutilizaran las semillas y ampliar el control corporativo sobre las cosechas, amenazando así la soberanía alimentaria del país. Quien controla las semillas controla la cadena agroalimentaria y de esta forma la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos para la población.

La respuesta fue un gran movimiento social cuyo fin fue derrotar la propuesta de ley y eliminar el artículo 241. El 24 de enero de 2024, una huelga y una movilización nacional liderada por las principales centrales sindicales argentinas convocó a cerca de cinco millones de personas. UPOV fue uno de los puntos centrales de la protesta, que logró detener la propuesta de ley. Sin embargo, la lucha continúa, ya que el gobierno mantiene su intención de presentar un nuevo proyecto de ley para restringir el derecho de las agricultoras y los agricultores a conservar semillas libremente.

En mayo de 2024, organizaciones campesinas y de la sociedad civil de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Ecuador se reunieron en Costa Rica “Por la defensa de las semillas y el maíz”. Compartieron experiencias y planearon acciones para contrarrestar el creciente control de las semillas y materiales de reproducción que las transnacionales están logrando a través de la propiedad intelectual, las leyes de comercialización y otras leyes. Quienes participaron en la reunión denunciaron específicamente los tratados de libre comercio y las leyes UPOV, a las que ven como una amenaza de extrema gravedad para sus comunidades.

Asia: décadas de lucha contra UPOV

Al otro lado del mundo, la gente en Tailandia lleva luchando desde mediados de la década de 1990 para impedir que el país adhiera a UPOV. Las comunidades rurales continúan siendo una fuente significativa de semillas, ya que el campesinado representa un tercio de la población. El país también tiene un fuerte sector de producción y mejoramiento de semillas locales y de empresas semilleras. Sin embargo, en 2017, producto de la presión ejercida por la Unión Europea y el tratado comercial Trans-Pacífico – que impone a UPOV – el gobierno de Tailandia propuso silenciosamente una reforma de la ley de semillas de 1999 con el fin de adaptarla a UPOV 91. Esta iniciativa enfrentó una fuerte oposición de diversos sectores. Organizaciones como BioThai y la Red por la Agricultura Alternativa argumentaron que la reforma habría expandido el monopolio de las transnacionales semilleras y de la multinacional tailandesa Charoen Pokphand. La resistencia obligó al gobierno a retirar la propuesta.

Una situación similar se está produciendo en Indonesia, donde el campesinado se está enfrentando a las restricciones impuestas por leyes de semillas similares a UPOV . Estas leyes han sido utilizadas por la sucursal nacional de Charoen Pokphand, PT BISI para acusar a campesinas y campesinos de infringir sus derechos de propiedad intelectual. En varios casos estas personas recibieron condenas suspendidas de seis meses, una de ellas terminó en la cárcel por un mes, y a todas se les prohibió utilizar sus propias semillas por un año. Estos casos ponen en evidencia un mensaje altamente preocupante: “Compre sus semillas a las empresas o aténgase a las consecuencias….”

La ratificación por parte de Indonesia de un tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), provocó que el organismo de protección de variedades vegetales del país evaluara adherirse a UPOV 91. Esto generó una intensa preocupación entre organizaciones campesinas y de movimientos sociales, que se movilizaron para presionar al gobierno. Incluso pidieron la intervención del Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Michael Fakhri. En respuesta, la misión permanente de Indonesia ante la OMC y las Naciones Unidas en Ginebra emitió un comunicado confirmando que el país no adheriría a UPOV 91. Esto fue visto como una victoria significativa de los movimientos campesinos y de la sociedad civil, que llevan más de 20 años resistiendo ante la privatización de las semillas.

Sin embargo, no siempre se gana la pelea. Vietnam adhirió a UPOV en 2006, cuando casi todo el mejoramiento de variedades del país se encontraba bajo el control del sector público. En ese momento, cientos de agrupaciones de semillas dirigidos por campesinos y campesinas funcionaban en el Delta del Mekong, y sólo el 3.5% de las semillas de arroz provenían del sistema formal. En el plazo de diez años, la producción de semillas de Vietnam se concentró fuertemente y hoy ocho empresas -la mayoría gigantes como Syngenta, Monsanto y la japonesa Sakata – controlan el 80 por ciento del mercado. Aunque la resistencia a la nueva ley de semillas, alienada con las normas de UPOV, ha sido difícil, las comunidades indígenas, especialmente las que habitan zonas montañosas, continúan practicando los métodos tradicionales de agricultura. Estos métodos les permiten una mayor libertad para usar, guardar e intercambiar semillas, en contraste con aquellas que cultivan las tierras bajas y que son más dependientes de variedades industriales.

La lucha mundial contra la privatización de las semillas y UPOV

El 2 de diciembre de 2021, cientos de organizaciones campesinas y de la sociedad civil se unieron para señalar el 60 aniversario de UPOV, renovando décadas de resistencia contra la privatización de las semillas y a UPOV. En esta ocasión, reafirmaron su rechazo a la captura de los sistemas de semillas por parte de las grandes corporaciones y exigieron el desmantelamiento de UPOV. Denunciaron 60 años de restricciones a la libertad de guardar, mejorar, compartir y distribuir semillas, afectando profundamente los sistemas campesinos que son esenciales para enfrentar las crisis climática y alimentaria. Unidos, estos grupos se alzan contra las leyes nacionales e internacionales de propiedad intelectual como UPOV y contra las leyes y regulaciones de comercialización de semillas, que despojan a los pueblos de sus recursos y conocimientos.

El llamado se mantiene como una campaña permanente para parar UPOV y otras leyes que amenazan a las semillas campesinas. La campaña busca amplificar la acción, fortalecer el compartir información y movilizar para impedir la expansión de estas leyes. Puesto que enfrentamos una cruzada política y tecnocrática coordinada para imponer leyes y regulaciones rígidas y uniformes con el fin de favorecer a las empresas, es fundamental que los movimientos campesinos y de agricultura urbana, las comunidades indígenas y la sociedad civil se unan y fortalezcan el movimiento contra los sistemas de propiedad intelectual como UPOV.

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Imagen de portada: Hombres y mujeres cosechan el grano básico etíope teff en un campo al borde de la carretera entre Axum y Adwa, en el norte de Etiopía. A. Davey/Flickr

fuente:  https://grain.org/e/7215