La aprobación de un nuevo ordenamiento territorial en Salta cerró un año crítico para los bosques nativos, con 103 mil hectáreas desmontadas en el norte del país. El mecanismo de aprobación fue el mismo que se dio antes en Chaco: sin consulta previa, desoyendo a las organizaciones socioambientales y ampliando la frontera para el agronegocio. Los gobernadores como brazo ejecutor de una política nacional extractiva.
Más de 103 mil hectáreas de bosques nativos fueron arrasadas en el norte argentino en 2024, según datos de Greenpeace. Las principales provincias afectadas fueron Santiago del Estero (45.137 hectáreas), Chaco (36.045), Formosa (12.879) y Salta (9.755). La organización ambiental ya había informado que, en el primer semestre del año, se deforestaron 59.557 hectáreas en esa región, lo que representó un 15 por ciento más que en el mismo período de 2023 (51.600 hectáreas). En la región de los Bosques Andino Patagónicos, la superficie afectada por el fuego, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, fue de 7.747 hectáreas. Mientras que en Córdoba se perdieron 80.000 hectáreas por las quemas ocurridas en septiembre.
Entre las topadoras y las llamas, las políticas públicas nacionales para preservar estos ecosistemas fueron casi nulas. Y en los casos en que los bosques fueron materia de discusión pública, como en Chaco y Salta, se sancionaron leyes regresivas.
Con la aprobación de la Ley Bases, en junio, el Congreso le otorgó a la Casa Rosada el permiso para eliminar el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque), mientras que el presupuesto para el programa del Servicio Nacional del Manejo del Fuego fue subejecutado: hasta el primer semestre se habían utilizado solo el 26 por ciento de los fondos, según el Monitor Ambiental del Presupuesto que elabora la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) . En el Presupuesto 2025 —que el Gobierno decidió no tratar en el Congreso hasta el momento— tienes asignado un 0,025 por ciento del total de los fondos estatales.
En la última semana del año, el Gobierno dispuso, a través del decreto de Necesidad y Urgencia 1136/2024, que la implementación del Sistema Federal de Manejo del Fuego pase de la repartición de Ambiente –órgano de aplicación establecido por la Ley de Manejo del Fuego— al Ministerio de Seguridad.
Los datos de 2024 se condicen con la tendencia histórica. Según detalla el libro «Bosques en disputa», compilado por Lorenzo Langbehn y Mariana Schmidt, las provincias que más bosques nativos perdieron entre 1998 y 2022 fueron Santiago del Estero (2.000.000 hectáreas), Salta (1.500.000), Chaco (800.000) y Formosa (500.000). El número de hectáreas perdidas en estas provincias tras la sanción de la Ley de Bosques, en 2007, fue 3.600.000 hectáreas. Una parte importante de esa superficie estaba zonificada como sectores de alto y mediano valor de conservación; por lo tanto su deforestación fue ilegal.
Salta: el gobierno de Gustavo Sáenz avanza sobre 700 mil hectáreas
A pesar de las denuncias y reclamos de las organizaciones socioambientales, el 19 de diciembre, la Legislatura de Salta sancionó su nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), propuesto por el oficialismo el gobernador Gustavo Sáenz. Desde la FARN denunciaron que la actualización “presenta grandes inconsistencias legales, técnicas y procedimentales que comprometen su legitimidad y contravienen los principios de no regresión y progresividad ambiental”. Y alegaron que “podría representar un retroceso significativo en la protección ambiental, poniendo en riesgo los avances logrados en la protección de los bosques nativos y creando un peligroso precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones”.
El nuevo OTBN incorpora una categoría transitoria denominada Área de Producción y Conservación (APC), que no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques ni en la normativa provincial. Esta categoría permite cambios de uso de suelo en zonas antes protegidas sin una delimitación clara, abriendo la puerta a desmontes discrecionales. Con el nuevo ordenamiento, peligran 700.000 hectáreas de monte autóctono.
El proceso de actualización del OTBN salteño se realizó sin garantizar la participación efectiva, intercultural y bilingüe de las comunidades indígenas. “Este ordenamiento territorial de bosques responde a los intereses de las cámaras inmobiliarias, de las cámaras industriales, de la Sociedad Rural, de las mineras. Y las comunidades originarias no son escuchadas. Se violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas”, había denunciado, en diálogo con Tierra Viva, la abogada Mara Puntano.
Chaco, otra ley inconsulta y una cautelar que impide el desmonte
En abril, la Legislatura de Chaco sancionó un nuevo OTBN, que permite el desmonte de más de un millón de hectáreas, correspondientes al último gran reservorio de bosque nativo del país, poniendo en riesgo a especies como el yaguareté. Para confeccionar el nuevo mapa, el Ministerio de Producción convocó a audiencias públicas de las que participaron sectores del agro interesados en avanzar con la frontera extractiva.
Desde Somos Monte, denunciaron: “Sin realizar las Consultas Previas, Libres e Informadas (como establece la legislación en reconocimiento de los pueblos indígenas), ni convocar a otros sectores de la ciudadanía, se elaboró un nuevo ordenamiento que permite desmontar áreas que, en 2009, se calificaron como de alto nivel de conservación”.
En agosto, por una cautelar presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó la suspensión de los desmontes en esa provincia por tres meses. En noviembre, prorrogó la medida hasta febrero de 2025.
Dicha asociación también presentó una denuncia, que busca que se investiguen las complicidades entre el Estado provincial y las empresas en relación al desmonte. En ese marco se imputó al ministro de la Producción de Chaco y productor agropecuario, Hernán Halavacs. por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El ex funcionario había trabajado, antes de asumir, como consultor para la familia Vicentin y realizó para ellos planes de desmonte por 5.500 hectáreas.
Deforestar bosques nativos para las grandes empresas
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y del monitoreo satelital que realiza Greenpeace, entre 2008 y 2021, en Formosa se desmontaron 449.646 hectáreas, unas 32.000 hectáreas por año. “Es evidente la complicidad del gobierno formoseño con los empresarios agropecuarios para darle vía libre a las topadoras”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La connivencia se replica en las otras provincias afectadas. Entre las empresas que tienen intereses en tierras salteñas se encuentran Cresud (propiedad de Eduardo Elsztain, cercano a Javier Milei), en cuyas fincas se deforestaron 120.000 hectáreas de bosques entre 1993 y 2018. También figuran el Frigorífico Bermejo, de la Inversora Juramento (propiedad de Jorge Brito, dueño del banco Macro y presidente de River). También entre 1993 y 2018 deforestaron 50.000 hectáreas de bosques salteños.
Entre otras firmas vinculadas a los desmontes en Chaco se encuentran Las Guindas S.A (propiedad de la Familia Urquía, que dirige el Grupo Aceitera General Deheza); Grupo Buratovich, la maderera Los Frentones y la taninera Indunor.
En julio pasado, Greenpeace también denunció a la familia Canido (que produce la gaseosa Manaos) por el desmonte de más de 10.000 hectáreas de bosques nativos, el tamaño de media ciudad de Buenos Aires, para producción ganadera cerca de Nueva Esperanza, en el norte de Santiago del Estero.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/un-ano-de-motosierra-para-los-bosques-nativos/