Así define el abogado Sergio Heredia al decreto publicado por el Gobierno de Salta, en el que confirma la cesantía de más de 100 docentes. El letrado representa a la gran mayoría de esos maestros y maestras. Se trata de un conflicto que comenzó en mayo de 2023, en el marco de un reclamo por mejores condiciones laborales y edilicias. Más de un año después, solo un pequeño grupo de trabajadores y trabajadoras mantiene el paro por tiempo indeterminado y una carpa instalada en la Plaza 9 de Julio de la capital provincial.
(Red Eco) Salta – “Concluyó el proceso sumarial iniciado en enero del año pasado para evaluar el accionar de un grupo de docentes que, de manera unilateral y sin ningún amparo legal, dejaron de dar clases por más de 130 días durante 2023, generando un daño de más de 250.000.000 pesos a la provincia. Por Decreto N° 20 se dispuso la cesantía de estos agentes, quienes en el ejercicio de su defensa no pudieron demostrar en el proceso ninguna causa válida para este abandono de las aulas”, escribió hace pocos días en sus redes sociales la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore.
Estas cesantías se confirmaron a mediados de este enero, pero su origen se encuentra en un reclamo iniciado por docentes autoconvocados en 2023. En mayo de ese año, casi el 90% de los maestros y las maestras de Salta resolvió en asambleas comenzar un paro para exigir mejores condiciones laborales y edilicias en las escuelas. La medida incluyó la entrega de un petitorio con todos los reclamos al gobernador Gustavo Sáenz.
Los docentes estaban representados por delegados de distintos departamentos de la provincia, que en muchos casos comenzaron a negociar con el vicegobernador, Antonio Marocco. En ese marco se realizó en junio una asamblea que, según afirmó Sergio Heredia, abogado de la mayoría de los maestros y maestras cesanteadxs, estuvo viciada de nulidad, llena de irregularidades y que incluso fue monitoreada por el propio Ejecutivo. Ahí se decidió levantar el paro.
Sin embargo, muchos docentes, sobre todo del Departamento de San Martín, no aceptaron estas negociaciones con el vicegobernador y decidieron mantener la medida de fuerza. El propio Heredia llegó a presentar un recurso de amparo contra resoluciones oficiales que se sacaban para obligarlos a volver a clases.
En ese momento, la ahora ministra de Educación era diputada y fue quien impulsó una ley antipiquetes pensada para aplicar a los propios docentes. No es casualidad que muchas de las movilizaciones y protestas de maestros fueran reprimidas.
A poco de asumir ya como funcionaria provincial, en enero de 2024 Fiore inició un sumario administrativo a los docentes y las docentes que seguían de paro y que habían instalado hacía varios meses una carpa en la Plaza 9 de Julio.
En diálogo con Red Eco, el abogado Heredia explicó que, a pesar de lo que declaró la funcionaria tras concretarse las cesantías, sí se hicieron descargos, se ofrecieron pruebas e incluso declararon autoridades de las escuelas involucradas.
Indicó, a su vez, que en medio del sumario se produjo la muerte de un alumno por caer en un pozo ciego, que era justamente uno de los reclamos que se habían mencionado en el petitorio.
El 6 de junio de 2024, Valentín Guzmán de 11 años falleció tras caer a un pozo ciego en la Escuela Nevado de Acay, en la Puna, donde además cayeron otros dos compañeros que sobrevivieron. Al día siguiente, el Ministerio de Educación de la provincia envió a profesionales que detectaron al menos 8 pozos ciegos en esa escuela. Según relataron las familias, el hallazgo de los pozos se hizo sin mayor dificultad, por lo que podrían haberse detectado y señalizado antes. También se encontraron pozos ciegos en la escuela de El Trigal y en la de Saladillo, dos parajes del mismo municipio.
“Un sumario no es un trato igualitario”
Sergio Heredia es el abogado de las familias damnificadas y denunció penalmente a la ministra por lo ocurrido. “Ella se tendría que haber excusado de participar en un sumario donde el representante de más de 100 docentes es el abogado de esta otra causa. La fiscalía le pidió informes a la funcionaria, que no contestó, eso es un delito porque debería hacerlo”, aseguró el letrado.
A pesar de las pruebas y descargos presentados en el sumario contra los docentes, el sumariante aconsejó las cesantías: “Quien debería resolver el sumario es la ministra, pero la opinión del sumariante pasó a otras varias áreas como la junta calificadora, el ministerio fiscal, y el que cesantea finalmente es el gobernador, pero con la firma de la ministra”, explicó Heredia a Red Eco.
“Nosotros consideramos que un sumario no es un trato igualitario porque el sueldo del sumariante lo paga el gobierno. El sumario tendría que haber sido resuelto por la ministra que es la que lo inició. En este caso, si la ministra ordenaba las cesantías, nosotros teníamos un recurso administrativo de reconsideración contra esos despidos para que ella revea lo que decidió, y ahí nos quedaba el recurso jerárquico contra el gobernador que es la máxima y última autoridad administrativa dentro del estado público del ejecutivo. Eso no sucedió, fue el gobernador el que decidió despedir, por lo que le está privando al cesanteado el ejercicio de todos los recursos que hacen a su defensa. Eso lo hicieron para no seguir dilatando la instancia administrativa, la agotaron directamente ellos, para que nosotros vayamos a la justicia contenciosa administrativa que también manejan ellos, y ya comenzar el año educativo con todo sentenciado. No tengo ninguna duda de que todo esto es un disciplinamiento para que en el futuro no haya ningún docente que proteste”, afirmó el abogado.
De la misma forma se manifestaron desde Tribuna Docente de Salta, que consideraron que este decreto representa “una represalia sin precedentes que no solo afecta la fuente laboral de estos compañeros sino que busca intimidar al conjunto de la docencia y establecer una suerte de prohibición del derecho de los docentes a autoconvocarse”.
“A los docentes se les descontaron los días que no iban por paro”
Respecto a las declaraciones de la ministra al confirmar las cesantías, Heredia manifestó: “Argumenta que los docentes le causaron un daño económico importante al Estado porque se les pagaba para ir a trabajar y ellos no iban porque hacían paro. Además de que esa acusación no está en el sumario, a los docentes se les descontaron los días que no iban por paro. (…) En las planillas aparecía que no iban porque estaban de paro, por lo que no era una falta injustificada, pero para que se dé el trámite administrativo por la falta injustificada, el docente tiene que ser intimado a que se reintegre y esa situación nunca pasó con estos docentes cesanteados. (…). La ministra dice también que se afectó el interés superior del niño porque no tenían clase, lo cual es mentira porque todos los docentes de paro tenían suplentes. Pero si la cuestión es cuidar el interés del niño, a estos niños se les robaba el alimento”. En este punto, el abogado hace referencia a que en el marco de la búsqueda de pruebas y declaraciones para presentar en el sumario se descubrieron “desfalcos millonarios” en algunas escuelas. Según denuncia había autoridades y funcionarios que se quedaban con la mercadería y el dinero que estaba destinado a las escuelas, en particular a las que asistían niños wichís.
En relación a los pasos a seguir tras la confirmación de las cesantías, Heredia adelantó que además de las presentaciones ante la justicia, se hará una presentación pública para difundir las historias de los docentes que fueron cesanteados, para que se sepa quiénes son realmente, cómo trabajan y cómo defienden la educación pública. Cabe señalar que la carpa en la Plaza 9 de Julio se mantiene, al igual que el reclamo por mejores condiciones laborales y edilicias.
Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/trabajadorxs/41322