La movilización se llevará a cabo hoy a las 13 en la sede de la secretaría en la Ciudad de Buenos Aires. Alejandra Basso, secretaria general de la Junta de Delegados de la Secretaría, expresó su preocupación ante la medida: “Estamos afligidos, tristes. Nos cierran la Secretaría con 500 trabajadores adentro”.
Trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat anunciaron una jornada de protesta en defensa de sus puestos de trabajo y de las políticas públicas que quedarían sin efecto tras el cierre del organismo anunciado por el gobierno de Javier Milei. La movilización se llevará a cabo hoy a las 13 en la sede de la secretaría en la Ciudad de Buenos Aires.
El gobierno nacional confirmó que evalúa el cierre de la Secretaría, lo que dejaría a más de 500 empleados sin trabajo y pondría fin a programas de financiamiento para el acceso a la vivienda. Además, numerosas obras de construcción en todo el país quedarían paralizadas que cuentan con financiamiento nacional e internacional.
Alejandra Basso, secretaria general de la Junta de Delegados de la Secretaría, expresó su preocupación ante la medida: “Estamos afligidos, tristes. Nos cierran la Secretaría con 500 trabajadores adentro”.
En diálogo con Radio Futura, alertó que el próximo 28 de febrero se cerraría el organismo según les informaron desde el gobierno. “Los funcionarios ya lo decidieron, aunque Adorni diga lo contrario. Están evaluando la situación porque, por suerte, muchos consejos de la vivienda de distintas provincias comenzaron a llamar, preocupados por las obras paralizadas en todo el país”.
Basso detalló la magnitud de las obras afectadas y los fondos comprometidos: “Habíamos calculado 103 mil viviendas en ejecución, pero nos olvidamos de las obras con financiamiento internacional. En total, son más de 124 mil viviendas paralizadas y 3 mil millones de dólares de inversión estatal que quedan tirados a la basura. Hay obras detenidas en Avellaneda, San Martín, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y en toda la Argentina”.
Los trabajadores advierten que el cierre del organismo significará la eliminación de políticas esenciales para el acceso a la vivienda y la pérdida de miles de empleos directos e indirectos en el sector de la construcción.
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