Corrientes, Neuquén, Entre Ríos y Córdoba tuvieron y tienen miles de hectáreas arrasadas por el fuego. Como en Chubut y Río Negro, hay patrones comunes: monocultivos de árboles, presión empresaria para hacerse de las tierras y un cuestionado accionar gubernamental. También, en todas las provincias, se repite la organización comunitaria para apagar los incendios y asistir a los afectos.
Por Mariángeles Guerrero.
En los días que van de 2025 se quemaron 14.000 hectáreas en Neuquén y 94.000 en Corrientes. Las pérdidas se suman a las 80.000 hectáreas arrasadas por el fuego en Córdoba en septiembre pasado. Y también se registraron incendios en Entre Ríos en los últimos días. En estas provincias —como en Chubut y Río Negro— se repite un mismo patrón: especulación sobre la tierra, ausencia y connivencia estatal, y organización comunitaria para combatir las llamas. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, expresa: “Están allanando comunidades para buscar supuestos responsables de todo este desastre, pero no hay otro responsable que no sea el Estado. Y la comunidad está defendiendo su territorio del fuego por sus propios medios”.
En 2024, el presupuesto para el programa del Sistema Nacional del Manejo del Fuego fue subejecutado: se utilizó solo el 26 por ciento del total de partidas. En la última semana del año, el Gobierno dispuso, a través del decreto de Necesidad y Urgencia 1136/2024, que estas partidas pasen de la órbita de la Secretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad. Tras el cambio, continuó la política de ajuste: en enero no se ejecutó ni un solo peso. Recién en la primera semana de febrero —cuando las imágenes de una Patagonia en llamas estaban en todos los canales de televisión— se destinaron los primeros 75 millones de pesos.
¿Qué hay detrás de la decisión de desfinanciar la herramienta para prevenir y sofocar los incendios? César Carballo es integrante de la organización comunitaria La Minga, de la localidad de Charbonier, ubicada a cien kilómetros al norte de Córdoba capital. Define la situación como la suma de “incendios intencionales, un Estado que no responde y un negocio privado que prima y que pareciera el derecho que está por encima de todos los derechos”.
Corrientes: arde el pastizal
Entre el 1 de enero y el 8 de febrero se quemaron 94.176 hectáreas en Corrientes. La superficie más afectada es pastizales: 35.000 hectáreas de este bioma se perdieron en el centro-sur correntino, según datos que aportó Ditmar Kurtz, del área de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del INTA, en diálogo con Radio Sudamericana. En el combate del incendio falleció el lunes 10 la maestra rural, Cindia Mendoza, en el paraje Alem Cué, cerca de Mercedes.
Cristian Piris, de la organización socioambiental Guardianes del Iberá, explicó a Tierra Viva que las quemas se deben “al avance sistemático del acaparamiento de tierras a través del fuego”. Consideró que los incendios se toman como “una eventualidad climática, pero la realidad es que en esta época los empresarios que tienen intereses sobre territorios que no están siendo utilizados para la producción, utilizan el fuego como una excusa para poder luego generar sus negociados sobre ellos”.
Menciona que otra causa de la propagación de los incendios es el monocultivo de pinos y de eucaliptos. En esa provincia, el 63 por ciento de la superficie implantada (322.801 hectáreas) corresponde a este negocio, que —indica Piris— seca los humedales, genera mucha materia vegetal seca y promueve que se incendien humedales, pastizales y monte nativo. Las tierras quedan luego disponibles para la producción ganadera, forestal y —últimamente— para los negocios inmobiliarios.
También en Entre Ríos se registraron focos ígneos, en el departamento Concordia y en Chajarí, en la zona de la costa del río Uruguay. Y también en ese territorio los incendios están ligados al monocultivo de pinos y eucaliptos. “La mayoría de los incendios involucraron hectáreas de esos monocultivos. El Estado, en vez de apostar a protecciones más fuertes en los territorios con relación a la posibilidad de incendios, derogó la Ley de Madera dando un empuje a los monocultivos de estos árboles exóticos que secan los territorios (consumen mucha agua) y son como una caja de fósforos porque encienden rápidamente”, dijo a Tierra Viva Facundo Scattone Moulins, de la organización Nodo Brote Nativo (Concordia).
La “Ley de Madera” fue derogada por la Legislatura entrerriana en 2018. Sancionada en 2007, como resultado de la lucha socioambiental contra la pastera Botnia, prohibía la venta de madera a empresas fabricantes de pasta celulósica que generaran residuos contaminantes. La derogación de la ley “desincentivó la industrialización de la madera, que cayó abruptamente producto de una reprimarización provincial del sector, favoreciendo el aumento de las plantaciones“, explica.
Desde Corrientes, Piris describe: “Con las quemas, las zonas afectadas pierden todo servicio ecosistémico que pueda darles valor como tierras protegidas”. La organización Defensores del Pastizal explicitó en un comunicado difundido por redes sociales que “los humedales y pastizales son grandes sumideros de carbono, reservorios de biodiversidad y parte fundamental del equilibrio ambiental”.
Y apuntó contra el agronegocio, la foresto-industria y las y los legisladores de Corrientes como “los principales lobbystas contra las leyes de protección ambiental”, por no haber apoyado en su momento la Ley de Humedales y por haber aprobado el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en septiembre pasado. Destacaron, además, que el fuego afecta a pequeños productores, a comunidades locales y a especies en peligro de extinción, como el tordo amarillo.
En Corrientes, los incendios masivos se vienen produciendo desde al menos 2020. En 2022, según Defensores del Pastizal, se perdieron más de un millón de hectáreas (el diez por ciento de la superficie provincial). Sin embargo, actualmente no hay datos oficiales sobre las pérdidas que está generando el fuego y las medidas que adoptará la provincia (gobernada por el radical Gustavo Valdés) al respecto.
Los departamentos más afectados (según los números de Kurtz) son los de la región centro, sur y este. El que cuenta con mayor cantidad de superficie quemada es Curuzú Cuatiá (30.500 hectáreas), seguido por Mercedes (11.000), Paso de los Libres y San Martín (9.900). El resto se distribuye en los departamentos Empedrado (4.000), San Luis del Palmar (3.500), Sauce (3.300) e Ituzaingó (3.200).
Frente a esta situación, quienes hacen frente al fuego son Bomberos Voluntarios, organizados en cada localidad, en mayor medida, desde 2022 en adelante.
Neuquén: las comunidades mapuches cuidan el territorio
El sudoeste neuquino, puntualmente la zona de Junín de los Andes, está severamente afectado por el fuego. “La causa de semejante incendio está en la inoperancia del Estado, que no supo asumir lo que era de público conocimiento: que en un verano con calor intenso la posibilidad de un incendio de estas características era totalmente previsible”, afirma Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche.
Señala que el Estado nacional “se desligó absolutamente del tema” y “dejó prácticamente en estado de abandono” al Estado provincial. “Esto es muy coherente con todas las barbaridades que este gobierno viene generando, como es el negacionismo del cambio climático, haber bajado programas destinados a políticas de prevención y no haber ejecutado el presupuesto que estaba previsto”, considera.
Agrega: “Poner como principal responsable del Sistema Nacional de Manejo del Fuego a Patricia Bullrich es una verdadera burla a la naturaleza, porque si hay alguien que está desinteresado en preservar el ecosistema en la región, es Patricia Bullrich”
La inacción del Estado nacional no le quita, para Nahuel, responsabilidad a la provincia, gobernada por Rolando Figueroa (de la fuerza política provincial Neuquinizate). “Son conscientes del desfinanciamiento que ha hecho el Estado nacional y tendrían que haber previsto su propia política de prevención. Pero reaccionaron cuando ya había una semana de incendios”, denuncia.
En cuanto a las causas, precisa: “Los especuladores inmobiliarios en la Patagonia hacen un excelente negocio con este drama que estamos padeciendo”. Explica que los principales centros turísticos están en esa zona de la precordillera y que ciudades como San Martín de Los Andes o Villa La Angostura necesitan ampliarse. “La única manera de ampliarse es que el bosque desaparezca, porque las normativas son muy estrictas en ese sentido. Y todo desaparece cuando hay un incendio”, sostiene.
También en Neuquén el monocultivo de pino exótico es una problemática. Nahuel explica que la agencia estatal Corporación Forestal de Neuquina (Corfone) reproduce la especie de pinos “ponderosa”, que absorbe una cantidad excesiva de agua y es muy combustible. “Hemos hecho mucha campaña para erradicar el monocultivo de ese pino y no lo hemos logrado, porque está muy apoyado y sostenido por el Estado”, denuncia.
Al igual que en Río Negro y Chubut, desde el Estado provincial también se buscó criminalizar y responsabilizar por los incendios al Pueblo Mapuche. Así lo denunció la Confederación Mapuche de Neuquén al repudiar los dichos de la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos provincial, Luciana Ortiz Luna, sobre “infiltrados violentos” en el lof Linares.
Linares y Chiuquilihui son las dos comunidades mapuche que viven en la zona. Entre ambas suman a unas 400 familias que viven de la pequeña ganadería. “Después del fuego van a quedar todos sus campos de veranada devastados. Las comunidades se sienten totalmente desamparadas, libradas a su suerte y por eso tuvieron que organizar su propia brigada de incendios”, completa Nahuel.
Córdoba: urbanizaciones a cambio de monte nativo
Desde Córdoba, César Carballo considera que “todo lo que hoy está pasando en la Patagonia es, de manual, lo mismo que pasó acá”. Y explica: “Están buscando chivos expiatorios, igual que lo hicieron acá. La policía se pone en contra de la gente y del lado de los ricos, como siempre. Los intereses económicos están detrás de los incendios”. Destaca que hay un interés del sector privado de poder hacer uso de esa tierra, de ese suelo. En Córdoba, en particular, ese interés está ligado a la especulación inmobiliaria y a la construcción de la autovía de montaña que es parte del Plan Iirsa-Cosiplan. Al igual que en Neuquén y en Corrientes, a la falta de política nacional se sumó la inacción del gobierno de Martín Llaryora (PJ).
A cuatro meses del incendio que afectó el norte de Córdoba, hoy el problema que padece la población es ambiental, asegura Carballo. En octubre y noviembre llovió: el agua arrastró cenizas y sedimentos que fueron a parar a los ríos. Por la pérdida de monte nativo no hay retención de agua, lo que genera una crisis hídrica en la zona de Capilla del Monte, Charbonier y San Marcos Sierras. También se secó el río de San Esteban.
“Todavía no hay carteles de venta de loteos en las zonas quemadas, pero sabemos que van hacia eso”, asegura Carballo. Y comenta que las zonas afectadas por los incendios de 2020, tanto en Capilla del Monte como en Charbonier, hoy están loteadas y allí se construyeron viviendas.
También señala que este cambio de uso del suelo está ligado a la extensión del área metropolitana de Córdoba. Las afueras de la urbe constituyen el primer anillo. El segundo es las Sierras Chicas y el tercero las cercanías de Capilla del Monte. En pueblos como Charbonier, donde hoy viven 1.300 personas, se estima que podría haber hasta 15.000 habitantes en 2040.
Algo similar ocurrió años atrás en pueblos como Unquillo y Villa Allende, también cercanos a la capital cordobesa. “Eran habituales los incendios de aquel lado de las sierras, hectáreas y hectáreas. Y ahora está todo poblado, son ciudades”, afirma.
“La lógica del poder político y el poder económico es la misma. Y creo que la lógica y las herramientas que el pueblo tiene a mano también son las mismas: brigadas comunitarias, autogestivas y gente que acompaña. Eso está bueno, porque no hay otra cosa: hoy estamos en la orfandad absoluta por parte del Estado. No solamente que está corrido, sino que a veces es hasta el enemigo que claramente está para hacer negocio con privados”, concluye.
“Es un plan sistemático de ir avanzando sobre el monte y esta es una de las pocas zonas donde queda aún monte nativo. Incendios de la magnitud que vemos hoy, antes no había acá. Hoy vemos el despliegue y la propaganda que se arman cada vez que hay un incendio para nada, para no poder pararlo, para que siga avanzando y siga quemando”, sostiene.
En el contexto del impacto ambiental posterior a los incendios, las y los vecinos continúan reuniéndose, participando. Desde Córdoba se enviaron tres brigadas a El Bolsón, juntaron elementos y plata para donaciones. Para Caraballo, lo importante a rescatar y a visibilizar es la comunidad. “Hay gente que tiene su laburo, su familia, su hijo, su todo y que decidió hacer un recontra viaje para ayudar en esto”, señala.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/los-intereses-economicos-estan-detras-de-los-incendios/