La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó mediante una carta documento al presidente Javier Milei por el intento de privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), luego de que a fines de febrero el Gobierno publicara el decreto 115/25, que transforma a YCRT en una sociedad anónima. El sindicato estatal aseguró que es el paso previo a la judicialización del caso si no retrotraen esta medida urgentemente. “No vamos a permitir que un Gobierno que llegó asegurando que iba a garantizar la reactivación productiva de la empresa ahora quiera venderla”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
El sindicato de trabajadores y trabajadoras estatales informó que mediante una carta documento intimó al presidente Javier Milei por el intento de privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), y aseguró que es el paso previo a la judicialización del caso si no retrotraen esta medida urgentemente.
En la carta documento dirigida a Milei, el sindicato le hace saber al mandatario que con los artículos 8 y 9 de dicho DNU, el Ejecutivo nacional pretende arrogarse la facultad de derogar un Convenio Colectivo de Trabajo plenamente vigente, violentando no sólo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino también los Convenios 87, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“El presidente Milei no tiene facultades para disponer de cambios en la figura jurídica de la empresa. Ni siquiera puede ampararse en los poderes que oportunamente, y de manera cómplice, fueron delegados por el Congreso. Este decreto no sólo vulnera el derecho adquirido y constitucional a la estabilidad que tienen los trabajadores, sino también que violenta el orden jurídico internacional y numerosas disposiciones de la OIT”, denunció Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Además, hay que comprender que lo que está en juego es la soberanía energética. Tiene que quedar claro que vamos a defender hasta las últimas consecuencias el carácter estatal de la empresa. No vamos a permitir que un Gobierno que llegó asegurando que iba a garantizar la reactivación productiva de la empresa ahora quiera venderla”, concluyó Aguiar.
El 24 de febrero de este año, la empresa carbonífera estatal había sido convertida en sociedad anónima mediante el Decreto 115/25, lo que el gremio rápidamente denunció como un paso previo para la privatización de la misma.
Actualmente, “son 2200 trabajadores activos y más de 1500 los jubilados que dependen directamente de YCRT”, informó ATE que, además, agregó que “entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola, le dan vida a la economiía de tres ciudades de la provincia de Santa Cruz: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour”.