Así lo exigió el juzgado a cargo de Martín Cormick. El Ejecutivo deberá presentar un informe que detalle las condiciones del nuevo endeudamiento que se autoriza a contraer. El fallo es en respuesta a un amparo presentado por organizaciones sociales.
Por Gladys Stagno
Como respuesta a una acción de amparo colectivo, este jueves la Justicia Federal le dio al gobierno de Javier Milei el plazo de cinco días para dar explicaciones sobre el decreto en el que se autoriza a sí mismo un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de Martín Cormick, el mismo juez que ofició de veedor del accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha de los jubilados de la semana pasada, luego de la violenta represión que se desencadenó el 12 de marzo, donde el fotógrafo Pablo Grillo fue herido de gravedad.
El reclamo fue iniciado por abogados y referentes de organizaciones sociales el mismo día en que el DNU fue publicado. En él exigían que la Justicia declarase “la nulidad absoluta e insanable” de la norma por considerarla violatoria “de la Constitución Nacional, y del principio republicano de la división de poderes”. Entre otros del artículo 76, al delegar en el Ejecutivo facultades legislativas sin establecer bases, plazos ni límites; y del artículo 99, al no justificar una necesidad y urgencia reales, dado que el Congreso se encuentra en funcionamiento y podría tratar el tema de forma ordinaria.
También solicitaban la suspensión inmediata de la vigencia del decreto mediante una medida cautelar, y que se impida la firma de cualquier operación de crédito público con el FMI basada en esta normativa.
“La Constitución prohíbe expresamente que el Congreso conceda al Ejecutivo nacional supremacías de este tipo. Sanciona a quienes formulen, consientan o firmen actos de esta naturaleza con la nulidad insanable y los sujeta a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”, sostuvo María Eva Koutsovitis, una de las firmantes del amparo y candidata a legisladora porteña por la Alianza Electoral Confluencia.
Entre los firmantes también se encuentran el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; el abogado Marcos Zelaya, coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías; el economista Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular; y el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.
“No existe una justificación válida para este decreto. No hay un acuerdo vigente con el FMI que requiera urgencia, y la medida pretende convertirse en una norma permanente”, explicó Baldiviezo.
Por su parte, Lozano enfatizó: “Nos encontramos ante un mecanismo que deja el destino económico del país en manos del Poder Ejecutivo, sin control parlamentario y sin transparencia”.
Qué le exige la Justicia al Ejecutivo
El DNU, publicado el 11 de marzo, no ofrece detalles sobre el monto ni las condiciones del endeudamiento y tampoco sobre cuál será la utilización de los fondos. Pero en el amparo se sostiene que el mismo “tiene por objetivo convalidar, reconocer y cancelar vencimientos relacionados con el endeudamiento del Estado Argentino con el FMI originado en 2018 y refinanciado en 2022”.
“El decreto le permite a Milei endeudar al país sin restricciones, de manera indefinida, y sin un marco que limite las condicionalidades que imponga el FMI”, añadió Koutsovitis.
La presentación judicial también reclama que se declare inconstitucional la Ley 27.668, que delegó al Ejecutivo la renegociación de la deuda con el FMI.
El tribunal interviniente ha dispuesto que las partes demandadas presenten un informe en un plazo de cinco días y ha solicitado que se produzca la información prevista en el artículo 4 de la Ley 26.854, aplicable a las acciones de amparo.
El fallo sale el mismo día que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el monto del préstamo ascendía a US$ 20.000 millones, y fuentes del FMI salieron a relativizar la afirmación.