Boletín de empresas recuperadas y movimientos sociales actualizado al 28.4.2025
Amenazan a cooperativas obreras, pueblos originarios y luchadores ambientales
Mario Hernandez
Las gestiones obreras de Zanón, Cerámica Neuquén y Stefani de Cutral Có, junto al sindicato ceramista, denuncian una situación crítica por las elevadas tarifas de servicios y anuncian un plan de lucha en defensa de sus fuentes de trabajo ante la amenaza inminente de corte de gas y la falta de suministro eléctrico en Cerámica Neuquén. Desalojan comunidades originarias del norte. Persiguen a luchadores ambientales en Chubut y Mendoza
Las tres gestiones obreras ceramistas de Zanón, Cerámica Neuquén y Stefani de Cutral Có, junto al sindicato ceramista, hicieron pública el 21 de abril en una conferencia de prensa en las instalaciones de Zanón, la grave situación que atraviesan y el plan de lucha acordado en asamblea para proteger las fuentes de empleo.
Según informaron, la semana anterior recibieron una notificación de la empresa Camuzzi citándolos a una reunión el martes 21 a las 16:00. En la comunicación, la compañía advierte que, si no se alcanza un acuerdo, se procederá al corte del suministro de gas a toda la industria ceramista.
A esta crítica situación se suma el conflicto que mantienen los trabajadores de Cerámica Neuquén, quienes llevan más de dos meses de lucha por la reconexión del suministro eléctrico a su fábrica.
En la conferencia de prensa, los obreros explicaron el origen de sus problemas financieros: “Partimos de la base, y esto nosotros siempre lo hemos dicho, de que tenemos deuda, deuda que es imposible pagar la factura, porque tanto la luz como el gas, desde que cambió el cuadro tarifario, es altísimo”.
Además, señalaron que los costos de los servicios básicos “duplican lo que gastan en materia prima para producir”. Subrayaron que durante años priorizaron el mantenimiento de los puestos de trabajo y los salarios para sus familias, lo que derivó en el endeudamiento actual. Con preocupación, manifestaron: “Estamos sufriendo un ataque, ahora quieren ir por la fábrica y quieren dar por terminada estas gestiones obreras que tanto nos ha costado sostener en pie”.
Los ceramistas esperan que pueda salir algo positivo de la reunión con Camuzzi, mientras que en asamblea continuarán definiendo los próximos pasos de su plan de lucha. “Por lo pronto este miércoles (23/4) decidimos hacer una conferencia en la Legislatura de Neuquén, porque en la sesión se va a discutir un proyecto de beneficios a los empresarios. Nosotros somos la contracara, siempre los descartados, los desplazados, y sufrimos todo lo contrario, ataque permanente para tratar de hundir las gestiones obreras”, agregaron.
Como parte de las acciones de protesta, el jueves 24 realizaron una movilización con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales. La movilización consistió en una concentración a las 10:00 en el monumento, desde donde se dirigieron a las oficinas de Camuzzi para expresar su rechazo a la situación impuesta y, posteriormente, marcharon hacia Casa de Gobierno.
Como producto de las crisis económicas sistemáticas que atravesó el país desde hace décadas, las gestiones obreras surgieron como alternativa a la desocupación.
Los y las obreras sostuvieron el trabajo sin contar con ninguno de los enormes privilegios que sí tuvieron los empresarios y que a pesar de esas ventajas abandonaron las fábricas y a sus trabajadores.
Desde subsidios energéticos muy ventajosos hasta sesión de tierras para montar y desarrollar la industria. Todos esos beneficios se los dio sistemáticamente el Estado, gobierno tras gobierno.
Solo recordar cuando se inauguró la planta de porcellanatto en Zanón, el arribo del ex presidente Menem junto con el ex gobernador Sobisch anunciando una enorme inversión con créditos, muchos de ellos públicos, que nunca pagaron.
Esta política de ahogo sistemático, que tienen tanto los gobiernos provinciales y nacionales, responde a hacer desaparecer toda la industria ceramista y la experiencia que demostró que la salida y la forma de enfrentar las crisis es no resignarse.
Cerámica Neuquén realizó un corte en Ruta 7
Obreros y obreras de Cerámica Neuquén, junto a organizaciones solidarias, realizaron el viernes 21 de marzo una acción de protesta en la Ruta 7, a la altura de la fábrica, para exigir la reconexión del suministro eléctrico. La medida se tomó ante la falta de respuestas de CALF y del gobierno provincial, que mantienen a la planta sin energía desde el 31 de enero.
“Como venimos denunciando, desde el 31 de enero nos encontramos sin energía eléctrica en Cerámica Neuquén, por una decisión del directorio de Calf que nos impide seguir produciendo”, explicaron los trabajadores en un comunicado. “Con esta medida están poniendo en riesgo 50 puestos de trabajo, y la continuidad de una fábrica en el Parque Industrial de Neuquén”.
Los obreros denuncian que el directorio de CALF se niega a discutir un plan de pagos para la deuda de tres meses, a pesar de que la fábrica siempre cumplió con sus obligaciones, incluso sin recibir los subsidios que sí obtenía la antigua patronal. Además, critican que mientras CALF obtiene ganancias millonarias gracias a los tarifazos, a ellos se les impide trabajar.
“Por su parte, el gobierno de Rolando Figueroa no hace nada para solucionar el problema”, señalan los ceramistas. “Nos reciben en reuniones que no resuelven nada, pero no toman ninguna acción para resolver el problema, que no es más que instar a Calf a que reconecte la energía y acepte un plan de pagos”.
Los obreros acusan a Marcelo Severini, presidente de CALF y funcionario del Poder Ejecutivo, de “querer liquidar las gestiones obreras”. Ante esta situación, advierten que continuarán con su plan de lucha, que se intensificará si no obtienen respuestas.
“No lo vamos a permitir, y vamos a seguir resistiendo”, afirmaron los trabajadores. “Por eso, como parte de un plan de lucha que va a ir en aumento si no hay respuestas, este viernes realizamos desde las 9:00 una acción sobre Ruta 7, para informar a la comunidad de la verdadera situación, y seguir exigiendo respuestas al Gobierno”.
Los trabajadores volvieron a cortar la Ruta 7 el jueves 3 de abril, tras denunciar que Calf se niega a negociar un plan de pagos por la deuda de energía, poniendo en riesgo la continuidad de la fábrica.
Según denuncian, a pesar de la reunión que se realizó el 1° de abril entre parte del directorio de Calf y una delegación de obreros en Casa de Gobierno, la cooperativa eléctrica se mantiene “intransigente” y se niega a ofrecer una solución que permita reanudar la producción.
“Por primera vez en dos meses, parte del directorio de Calf se reunió con una delegación de obreros de Cerámica Neuquén en Casa de Gobierno, pero sin ninguna intención de dar una solución que permita la reconexión de la electricidad a pesar del reconocimiento de la deuda y las alternativas de pago que se hicieron. Las y los trabajadores nos vemos obligados a profundizar la lucha”, expresaron en un comunicado.
Los obreros reiteraron las propuestas presentadas para cancelar la deuda, que incluyen un plan de pago con acuerdo comercial, con clientes q avalaron un convenio de producción y compra de material. La puesta en garantía del stock de cerámicos, y aclaran que no es pagar con cerámicos, es poner en garantía el stock de cerámicos e ir pagando con dinero a medida que ese stock se vaya vendiendo. Y finalmente la contratación de un seguro de caución, para que Calf tenga un reaseguro.
Sin embargo, afirman que la compañía eléctrica, encabezada por Marcelo Severini, exige el pago en efectivo de 100 millones de pesos como condición para iniciar cualquier negociación. “Una provocación”, calificaron los trabajadores.
Además, criticaron la inacción del gobierno provincial, del cual Severini es Director de EPEN, y reiteraron el pedido de ser recibidos por el gobernador Rolando Figueroa para escuchar el reclamo, y que intervenga para buscar una solución viable que permita volver a poner en producción la fábrica.
“Ante esta intransigencia el jueves endurecimos las medidas y volvimos a cortar la ruta”, en este conflicto que lleva casi tres meses sin resolverse.
Neuquén. Las gestiones obreras bajo amenaza
Por Alejo Lasa
Este año se cumplen 24 años de gestión obrera en Zanón, 15 en Stefani y 11 en Cerámica Neuquén, las históricas “fábricas recuperadas” de Neuquén que, junto a la textil Traful Newen, son un ejemplo de cómo enfrentar los cierres o despidos masivos que quieren imponer las patronales. Hoy se encuentran bajo amenaza por años de políticas de ajuste, tarifazos, ahogos financieros y ataques de los gobiernos.
El fenómeno de las fábricas recuperadas se extendió en nuestro país después de la crisis del 2001, como un intento de las y los obreros de resistir los cierres y despidos en medio de una de las crisis nacionales más profunda de las últimas décadas. Dos de sus grandes emblemas fueron Zanón, en Neuquén, y la textil Brukman, en el barrio de Once de la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Celia Martínez, una de esas heroicas obreras textiles, inmortalizó la frase “si podemos manejar una fábrica, podemos manejar un país”, mostrando la potencialidad de la clase obrera cuando toma su destino en sus propias manos.
Más allá de las distintas experiencias y formas de “autogestión” que se dieron, de conjunto configuraron una de las experiencias más avanzadas que dio la clase trabajadora en Argentina y el mundo en las últimas décadas. Cuestionando la propiedad privada y “quién manda” dentro de la fábrica, con el lema “las fábricas sin patrones funcionan, sin trabajadores no”, mostraron con su ejemplo que se pueden evitar los cierres y despidos masivos, que la resignación, tan de “moda” hoy en el peronismo, no es la única alternativa posible.
Mostraron con su ejemplo que se pueden evitar los cierres y despidos masivos
Muchas de esas experiencias, en el marco del capitalismo, no pudieron perdurar en el tiempo, bajo un Estado que no solo no tuvo políticas para su subsistencia sino, por el contrario, actuó, de manera directa o indirecta según el Gobierno de turno, en contra de las recuperadas. A esto se sumó, por supuesto, el boicot y la competencia de los capitalistas, que sí reciben apoyos estatales, para ahogarlas. Como dijeron desde un principio las y los obreros de Zanón, su experiencia de gestión obrera no era una isla, y no iban a “salvarse solos”. Pero eso no los resignó a bajar los brazos.
Un nuevo ataque a Cerámica Neuquén y Zanón
Pasaron represiones, intentos de desalojo, obreros detenidos por luchar, cortes de energía eléctrica y del gas, de causas penales, cortes de ruta, acampes y ollas populares, fondos de huelga, festivales solidarios, asambleas. Y también solidaridad. Sobre todo, mucha solidaridad. De otros trabajadores y trabajadoras, de artistas, organismos de Derechos Humanos, estudiantes, escuelas enteras, deportistas, actores y actrices, músicos, escritores, y de la comunidad en general. Eso fue un sostén fundamental en todos estos años.
Pero la falta de respuesta de los gobiernos a los proyectos de renovación tecnológica, de créditos para inversión en la producción, planes de reconversión de la producción, de tarifas diferenciadas, fueron deteriorando la capacidad productiva de las gestiones obreras. Como reconoce un editorialista de Neuquén, poco afín a las gestiones obreras, “la falta de eficiencia en los procesos industriales, la obsolescencia tecnológica, la rotura de maquinarias y la escasez de repuestos golpeaban de lleno la competitividad. A esto se sumaba un escenario macroeconómico cada vez más adverso, donde la inflación, la caída del consumo y la retracción de la producción nacional complicaban aún más la sostenibilidad del proyecto”.
En este contexto, la empresa distribuidora de energía Calf, que tiene como presidente de su directorio a Marcelo Severini, también funcionario del gobierno de Rolando Figueroa, decidió el 31 de enero pasado cortar el suministro eléctrico en Cerámica Neuquén ante 3 meses de deudas producto de los tarifazos. Su negativa a siquiera discutir un plan de pagos para reconectar la energía, condición necesaria para retomar la producción y poder encarar cualquier pago, pone en peligro cerca de 50 puestos de trabajo. A esto se suman amenazas de corte de energía en Zanón, así como del suministro de gas en las tres gestiones obreras ceramistas.
Estos ataques y amenazas sean o no coordinados intencionalmente, ponen nuevamente bajo amenaza a las gestiones obreras de Neuquén. El Gobierno hace silencio frente a estos ataques, y sus periodistas amigos salen en coro a desprestigiarlas, como si disfrutaran ver que se cierren fábricas y queden más obreros y obreras en la calle.
Por eso es necesario rodear de solidaridad la resistencia que ya están llevando adelante las y los trabajadores ceramistas, así como de la textil Traful Newen que también sufren el ajuste y la falta de respuestas del Gobierno.
No al desalojo de El Grito del Sur
En la tarde de este jueves 24 se llevó a cabo una conferencia de prensa frente al Espacio para la Memoria (Virrey Cevallos 630). Tuvo el objetivo de informar a la comunidad sobre lo que está ocurriendo y “denunciar públicamente este atropello. En momentos como este, la presencia de todxs es fundamental. ¡Lxs esperamos con fuerza y convicción!”, apuntaron en la convocatoria.
Estuvieron presentes Alejandrina Barry del PTS en el FITU y ex legisladora por CABA, Andrea D’Atri, legisladora porteña por el PTS en el FITU, Gabriel Solano del PO en el FITU, Victoria Montenegro, nieta recuperada, Lucía Cámpora, militante de esa organización y ex legisladora por CABA, Leonel Deza, nieto de víctima de la Triple A, Victoria Freire de Mala Junta, Paula Penacca, diputada nacional por CABA (FDT), Metrodelegados, Agustín Lecchi, secretario general de SIPREBA, ATE y UTE, Centro de estudiantes de Filosofía y Letras (UBA), y el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (UBA), Libres del Sur, La Mella, Asamblea de Dorrego, entre otros.
Se trata de una nueva avanzada del gobierno “libertario” para restringir la libertad de prensa y de expresión. En esta ocasión, intenta desalojar a el Grito del Sur, enviando comunicaciones con tono amenazante a sus integrantes, con la intención de desalojar el espacio. Desde la cooperativa sostienen que esta maniobra apunta a vaciar de contenido y presencia activa el Espacio para la Memoria, para facilitar su clausura.
“Desde nuestra llegada al Espacio para la Memoria, realizamos un importante aporte: éste consistió en un primer momento en la puesta en valor de lo que es hoy la redacción periodística y más adelante con la difusión y participación en todas las actividades que se realizan allí, vinculadas a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia”, señalaron desde el medio alternativo.
¿Cierre de una cooperativa emblemática de reciclaje?
La cooperativa de reciclaje El Ceibo teme por la continuidad de su trabajo en los galpones del Belgrano Cargas, en Salguero y la Autopista Illia, donde trabajan hace alrededor de 21 años: el gobierno porteño intimó al desalojo con fecha límite para el 30 de junio. Unas 300 familias quedan así en riesgo de perder sus fuentes de ingreso en una organización emblemática del reciclado en la Ciudad.
Este desalojo no tiene una orden de un juez ni una orden oficial. El Ceibo es una de las primeras cooperativas en ingresar en el sistema de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente tiene una planta de reciclaje mediana.
“Si nos tenemos que ir del galpón, prácticamente la cooperativa tendría que dejar de existir porque no tendríamos lugar donde trabajar”, sintetizó Beno, un referente.
Entre las personas que trabajan en la calle, en la logística, manejando camiones o en la planta, son alrededor de 300 familias. Sin embargo, desde la cooperativa advirtieron: “Son incontables las familias que viven directa e indirectamente del esfuerzo que se hace día a día en El Ceibo”. Para ellos, los recuperadores urbanos “son parte esencial en la cadena de valor del reciclado y de la disminución de la contaminación ambiental. Sin ellos nada sería posible. Y tratando de dar una mejor calidad de vida a un sector de la población que hoy sería muy difícil que pueda encontrar un trabajo”, concluyeron desde la cooperativa.
Beno recordó que hace diez años se enfrentaron a otro intento de desalojo, pero ganaron el juicio. Entonces, el Belgrano Cargas desistió de hacer cualquier tipo de acción legal contra la cooperativa. Ahora, al volverse a enfrentar al fantasma del desalojo y la pérdida del ámbito de trabajo, los rumores rondan entre los negocios inmobiliarios y las consecuencias de la privatización de la línea de ferrocarril.
Así, el presidente de la cooperativa destacó la necesidad de una nueva negociación entre la Ciudad y la línea para, mínimamente, poder extender el plazo. Consideró que, en todo caso, “necesitamos que el gobierno porteño nos pueda reubicar, conseguir otro lugar, construir otro predio, otro centro verde y poder irnos. Pero no de esta manera, de un día para el otro”.
Ataque de Jorge Macri a las cartoneras
Por Jesica Espíndola*
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos informó a las cooperativas de reciclado que tomaron la decisión de recortar la logística del sistema, suspendiendo los servicios de traslados de las y los recuperadores a CABA. Recordemos que las y los recuperadores formalizados percibimos un lastimoso incentivo de apenas 360.000 pesos, que no nos alcanza para vivir. Y para colmo, los precios de los materiales reciclables se desplomaron terriblemente debido a la apertura de importaciones. Por lo tanto, lo que percibimos por la comercialización del material también es muy poco.
La Ciudad de Buenos Aires está llena de cartón. Por toda la Ciudad. Todo el mundo lo ve. Las políticas de reciclado y el sistema formal de las cooperativas-estado, que tantos elogios recibió en todo el mundo y que es modelo en Argentina, tiene más de 20 años, y con ninguna gestión se vio algo así.
Las cartoneras son jefas de hogar en su mayoría y la quita del traslado les supone pagar transporte y servicios de cuidado para sus hijes, algo inalcanzable por sus ingresos.
La quita de la logística tiene un impacto muy fuerte en las cartoneras que somos jefas de hogar y que vamos a tener que pagar el transporte y también niñeras, ya que vamos a tener que salir mucho más temprano de nuestros hogares. En mi caso, por ejemplo, que vivo en Escobar y me toca trabajar en el centro verde de Saavedra, tengo que salir a las 4 de la mañana para llegar a horario a mi lugar de trabajo, antes con la logística salía a las 6. En promedio para viajar, una compañera necesita entre 100.000 y 120.000 pesos por mes, es casi la mitad de nuestro sueldo.
En la cooperativa de reciclado Amanecer de los cartoneros, la mayoría somos mujeres y en el centro verde donde trabajamos el 75% también somos mujeres. Es una actividad que está súper feminizada y estamos hablando de compañeras que la mayoría son jefas de hogar. Por eso decimos que esta medida afecta principalmente a las trabajadoras mujeres.
La quita del traslado nos perjudica mucho. Solo de la zona norte somos alrededor de 800 compañeras y compañeros que van a ir a tomar los mismos colectivos que toma la gente que también sale a trabajar a la mañana, vamos a colapsar el sistema público de transporte. Además, la quita de la logística va a hacer que los compañeros, al no tener suficiente plata para pagar el transporte, tengan que quedarse a ranchear en las calles otra vez y eso va a generar más persecución del Gobierno de la Ciudad.
Esta decisión viene del señor Jorge Macri, que quiere sacar los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires. Pero nosotros inventamos el sistema de reciclado, dejamos una ciudad más limpia yendo a buscar material para vender en el Conurbano. Desde el 2008 la Ciudad comenzó a brindarnos el traslado, nos sacaron de los trenes porque la gente se quejaba. La justificación de Jorge Macri ahora es que no trae ni bomberos, ni doctores, ni maestros, ni policías a la Capital y sí está trayendo cartoneros, pero la logística es un derecho que ganamos hace más de 20 años y Jorge Macri nos quiere sacar ese derecho.
El transporte es un gasto muy grande y va a seguir aumentando, muchas compañeras y compañeros van a pasar a la indigencia totalmente porque con el mínimo ingreso de 360.000 pesos pueden vivir cuatro o cinco días bien, pero con eso no llegan ni a la mitad de mes. Después se la rebuscan como pueden, sacan cosas que descartan las verdulerías.
Otra complicación para realizar nuestro trabajo son los nuevos tachos antivandálicos que tienen una chapa que funciona como un cajón. Cuando abrimos esa puertita no podemos meternos adentro del tacho para sacar el material. Frente a esto, lo que tratamos de hacer es concientizar a las vecinas y vecinos para que nos entreguen el material en mano cuando pasamos por sus casas a la mañana y a la tarde, en lugar de llevarlo al tacho.
Para colmo, la policía no nos deja trabajar tranquilas, cada dos cuadras nos paran, nos pide el documento, nos revisa, aun cuando le mostramos que estamos trabajando. Ellos lo saben, porque estamos con nuestros bolsones y carretas. Se fijan si tenemos antecedentes penales, y si una compañera cuando era joven tuvo algún antecedente la llevan a la comisaría y la tienen ahí hasta la noche para averiguar si tiene domicilio. Esa compañera no solo pierde su día de trabajo, sino que tuvo que dejar todo el día a sus hijos solos, con toda la preocupación que eso genera.
No sé hasta dónde quiere llegar Macri con esta medida, a nosotras nos da la impresión de que está desvalorizando nuestro trabajo en vez de reconocer y mejorarlo. Tal vez le moleste que nos metimos “con su curro”, porque para ellos la basura es un negocio que hacen con empresas privadas y con el entierro de los desechos que contamina. Sin embargo, lo que hacemos es un trabajo que no tiene impacto ambiental y es muy reconocido en el mundo. Amanecer de los Cartoneros es una de las cooperativas más grande que hay en Latinoamérica.
Creo que Jorge Macri debería dejar de desfinanciar el trabajo cartonero, debe reconocernos y mejorar el servicio. Lo que hacemos es un trabajo y sin cartoneras y cartoneros no hay reciclado con inclusión social.
*Integrante de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros.
Nueve años de la cooperativa Tiempo Argentino
El 19 de abril de 2016 una asamblea en la redacción de Amenábar 23, en el barrio de Palermo, se conformó la cooperativa y el primer Consejo de administración de Por Más Tiempo.
Después de meses de vaciamiento por parte del grupo de medios que encabezaba el empresario Sergio Szpolski, un grupo de trabajadores y trabajadoras de prensa decidieron empujar hacia adelante el proyecto que sostuviera el diario en la calle.
El esfuerzo, la organización y la lucha compusieron esta experiencia inédita que sostienen cada día en cada una de las plataformas de Tiempo.
Al mismo tiempo han iniciado la campaña “Tiempo Argentino está en peligro” por los tarifazos, por los precios desregulados y por un gobernó que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía, en la cual proponen asociarse, dándole apoyo para seguir existiendo y construyendo un medio que nos defiende, en épocas de ataques continuos al periodismo.
La Gráfica
En 2003, en un contexto de profunda crisis económica y social, ante el abandono de los patrones, os trabajadores gráficos organizados iniciaron un proceso de resistencia que culminó con una empresa recuperada: la creación de la Cooperativa Gráfica Patricios que lleva más de 20 años de funcionamiento. Allí conviven la Escuela Trabajadores Gráficos, el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 46 y la Radio Gráfica, una FM que ya tiene 19 años.
Además, convirtió la planta baja del edificio en un polo de expresión artística: La Gráfica Cultural. El pasado 30 de noviembre llevó adelante un festival en la calle para reunir fondos para la obra del nuevo polo y lograr la habilitación municipal, al igual que hiciera en 2012 para reponer la antena.
“Nos planteamos la resistencia, apostar a lo comunitario y colectivo y crear un escenario para que los artistas se expresen y den la batalla cultural, de las ideas”, señaló Lucas Molinari, periodista y miembro fundador de Radio Gráfica.
La Gráfica Cultural, al que planean que pueda recibir hasta 300 personas, es una apuesta de “salir por arriba del laberinto en un momento complejo de crisis de representación política, económica y social. Nosotros apostamos a abrir un nuevo espacio para el barrio”.
La fundación de Radio Gráfica está ligada a la Federación Gráfica Bonaerense, a la que pertenecen muchos de sus miembros. “Siempre nos identificamos con la CGT de los Argentinos, aquel periódico que supo dirigir Rodolfo Walsh. Por eso buscamos insertarnos en el movimiento obrero y visibilizar a los miles de compañeros a partir de los conflictos y experiencias de lucha”, cuenta Molinari.
El espacio cooperativo les permitió construir redes de articulación con otros ámbitos comunitarios y ser parte, por ejemplo, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios.
«Semana de los pueblos indígenas» con despojos territoriales
Confirman que mapuches deben desalojar 3.500 hectáreas de San Rafael
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por la comunidad de mapuches Lof El Sosneado y dejó firme la sentencia de la Corte mendocina que estableció el desalojo de tierras de San Rafael aduciendo que pertenecen a la empresa Sominar S.A.
La decisión de la Corte de la Nación, en este expediente representada por el juez Ricardo Lorenzetti, está fechada la semana pasda y fue contra la presentación de Nilda Edith Verón, integrante y autoridad de la comunidad mapuche Lof El Sosneado, quien había cuestionado el fallo de la Sala I de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de 2024.
La empresa Sominar S.A. dice ser la propietaria de un predio de 3.500 hectáreas y acudió a la Justicia provincial contra la comunidad mapuche Lof El Sosneado que reclama ser la dueña de esa superficie, también conocida como Arroyo Blanco.
El juez Ricardo Lorenzetti dejó firme el fallo de la Corte de Mendoza contra mapuches de San Rafael.
La comunidad mapuche Lof El Sosneado y Nilda Edith Verón declararon tener derecho de posesión de las 3.500 hectáreas sanrafaelinas “comunitarios y ancestrales”.
Sominar S.A. se presentó ante la Justicia de Mendoza -del fuero Civil- con documentación registral fechada en 1942, dijo ser dueña de la superficie.
Luego, admitió haberla arrendado desde 1980 a Quintín Verón, padre de la integrante de la comunidad mapuche Lof El Sosneado, quien pagó regularmente el canon fijado cada mes.
Tiempo después de la muerte de Quintín Verón, ocurrida en 2007, su hija -que ya había dejado de pagar la mensualidad pactada en concepto de alquiler- reclamó la posesión de los terrenos alegando derechos ancestrales vinculados a los mapuches.
El caso pasó por la primera y la segunda instancias del fuero Civil y Comercial hasta que llegó a la Corte de Mendoza.
En septiembre de 2024, el máximo tribunal de justicia de la provincia resolvió en favor de Sominar S.A. y ordenó el desalojo de los terrenos.
Frente a esta decisión, la comunidad mapuche Lof El Sosneado acudió a la Corte nacional, que se pronunció la semana pasada con el rechazo del planteo.
La Comunidad Cueva del Inca de Jujuy frenó el desalojo
El lunes 21, tras una jornada marcada por la tensión, la violencia policial y la resistencia comunitaria, se suspendió momentáneamente el desalojo de la Comunidad Indígena Cueva del Inca. La medida fue confirmada en Tilcara, luego de la intervención de Gendarmería, a partir de la denuncia presentada al fuero federal por el abogado de la comunidad.
A pesar del anuncio, la comunidad permanece en alerta, resguardando el cerro y sosteniendo la defensa colectiva de su territorio ancestral.
Más temprano, la policía jujeña había avanzado con la orden de desalojo emitida por la jueza Lis Valdecanto Bernal, lo que derivó en represión, varios heridos y la detención de dos personas que ya fueron liberadas: Waler Condory, comunero, y Sebastián Copelo, del Polo Obrero Jujuy.
La comunidad, que cuenta con personería jurídica (001102/001311_BS_200) y carpeta técnica del INAI (Expediente E-INAI-50.170), denunció que el intento de desalojo se basa en falsas causas armadas por los empresarios del hotel Canto del Viento, Carlos Gustavo Vázquez y Cruz Simona Natividad, en complicidad con el poder judicial y el gobierno provincial.
Estos desalojos forman parte de una política sistemática de expulsión indígena, impulsada por el modelo extractivista, el turismo elitista y la especulación inmobiliaria. En este territorio existe un sitio arqueológico que pretenden avasallar, desconociendo su valor histórico y espiritual.
Seguimos alertas. La lucha por el territorio no se suspende.
El desalojo en la zona de Tilcara afecta a 100 familias donde habitan niños y adultos mayores. Residentes del lugar denunciaron que empresarios compran hectáreas para el desarrollo de litio, riquezas y emprendimientos hoteleros. Por otra parte, señalaron que policías golpearon a mucha gente y metieron presos a integrantes de la comunidad.
Javier Mamani, integrante de la comunidad de Cueva del Inca – Tilcara, hizo referencia a la presentación que realizaron ante la Justicia Federal por daños arqueológicos, instalaciones antiguas, andenes de cultivo, los cuales buscan preservar y proteger en esa zona.
Tuvimos que presentar ante la Justicia Federal porque la Justicia de Jujuy no nos da lugar a nada, ya hicimos miles de presentaciones y todo el tiempo nos rechazaban. Esto nos permitió frenar el desalojo por 48 hs, por ello estamos en el lugar haciendo una permanencia junto a toda la comunidad ya que no sabemos qué es lo que va a pasar después de esas 48 horas.
Nuestra comunidad es preexistente al Estado argentino que tiene 200 años, nosotros tenemos como 500 o 600 años habitando este lugar.
Además, agregó que el desalojo que se produjo en estos días fue masivo de más de 100 familias donde habitan niños y adultos mayores que viven hostigados por la violencia institucional que sufren no solo en las últimas horas. “Tuvimos que salir a poner el cuerpo ante esta situación. Hay vecinos que les rompieron la casa, le sacaron las chapas, rompieron los bloques, estamos peor que en la edad media, retrocediendo en el derecho de vivir en armonía”.
También confirmó que: “las denuncias ante la Justicia Federal van en contra de la jueza que entiende la causa, el juez de paz y la intendencia de Tilcara”.
Por otra parte, denunció que golpearon a mucha gente, metieron preso a integrantes de la comunidad.
En relación a los títulos de propiedad de las tierras dijo que hay vecinos que cuentan con títulos individuales porque ya vivieron más de 100 años en el lugar y otros que cuentan con títulos comunitarios. “El Gobierno no quiere dar títulos a las comunidades porque debajo de ellos están las riquezas, el litio, las tierras para hacer hoteles”.
Yo nací y me crie en esta comunidad y busco hacer mi vida en estas tierras y resulta que ahora vienen empresario de no sé dónde y tienen más derechos que nosotros y compran hectáreas.
Además, detalló que uno de los integrantes de la comunidad tenía preparado combustible para quemarse como una medida extrema. “Si llegan a perder su casa o sus tierras, ¿A dónde van a vivir?, comenzar desde cero cuando ya tenés 50 años es algo muy desesperante, hay angustia, rabia y bronca.”
Desalojo de pueblos originarios en el norte argentino
En la semana pasada considerada como «Semana de los Pueblos Originarios» por el «Día del Indio Americano» se expidieron 4 sentencias de desalojos territoriales en el norte afectando a comunidades y familias campesinas de Jujuy y de Tucumán sumándose y siendo expulsadas de sus hogares las comunidades de Tafi del Valle e Indio Colalao
«Damos a conocer que se quiere desalojar a sus miembros del territorio, sin considerar que hay ancianos, niños y personas con discapacidad. Hacemos responsable a estas personas sobre que pueda pasar con la integridad de los miembros de la Comunidad, mediante el forzado desalojo donde se pretende usar todas las fuerzas», expresaron a través de un comunicado
«Siendo que hay una sentencia donde se dictamina que no se desalojar a la comunidad. Repudiamos este desalojo inconstitucional exigimos que se respeten los derechos y garantías preexistente el acceso al territorio a una vida digna. Basta de desalojos del poder», concluyeron.
Asimismo, el 21 de abril, un día antes del «Dia de la Tierra», el Juez Pablo Calderón dictaminó el desalojo de la familia de María Teresa Marco que habita junto a su hija, nietos, cuidando y produciendo la tierra como familias campesinas, en beneficio de las inmobiliarias que pertenecen a familias terratenientes Carlos HAQUIM, Vicente ROCA y Wenceslao Snopek que corresponden al poder político de Jujuy.
«María Teresa y su familia, campesinos y campesinas dedicados a la cría de ganado y a la agricultura de subsistencia, se enfrentan al poder de los negocios de Carlos HAQUIM, Vicente ROCA y Wenceslao Snopek, que buscan destrozar el monte, como lo vienen haciendo, para desarrollar emprendimientos inmobiliarios para familias acomodadas de la provincia», expresaron a través de un comunicado.
«Denunciamos la arbitrariedad con la que «la justicia jujeña» desconoce la posesión de decenas de años de María Teresa y su descendencia, beneficiando así a familias poderosas de Jujuy y sus negocios, reafirmando el clasismo y la injusticia que impera en las instituciones jujeñas», concluyeron.
Familias de la comunidad de Tafí del Valle y de Indio Colalao expulsadas de sus hogares
La justicia de Tucumán alineada con el poder político que responde a negocios inmobiliarios ordenó a través del decreto del gobernador Osvaldo Jaldo el desalojo en Tafí del Valle y con el dictamen de la jueza María Valeria Mibelli el desalojo a cinco familias de la Comunidad Indio Colalao que habitan hace más de 180 años su territorio. En la audiencia virtual de la Unidad Fiscal de Usurpaciones realizada el 14 de abril, la jueza ordenó la «restitución provisoria del inmueble», hasta que continúen las investigaciones sobre el territorio, desconociendo que poseen personería jurídica, con relevamientos territoriales catastrales que indican que la familia habita la comunidad.
De esta forma, beneficiando la balanza hacia los supuestos herederos Olbrich, una familia terrateniente que se adjudica la titularidad y no reside en la localidad de San Pedro de Colalao siendo su defensor legal el abogado Alamo, coincidente con otras causas de despojos territoriales. La persecución en Tucumán se profundiza. Este mismo año, seis miembros de la Comunidad Indio Colalao de la base Riarte fueron sentenciados por «usurpación» en beneficio de terratenientes sojeros.
Marina Mamani de la Comunidad Indio Colalao expresó que habitan desde hace generaciones y que poseen la documentación correspondiente, sumada la personería, las actas de nacimiento de los niños y el resto de los integrantes de las familias afectadas de la comunidad, con el desalojo dejaría niños, personas mayores y con discapacidad reducida en la calle.
«Necesitamos de alguien, que nos dé una mano, nos ayude, porque no nos han querido aceptar la carpeta técnica, nosotros tenemos todo, hasta el plano, tenemos hasta el mapa, todos nos han pedido que presentemos, pero no nos han querido aceptar», denunció.
La comunidad alerta que buscan instalar un circuito de mountain bike, por lo que Marina describe que su hogar se encuentra al costado del río bordeando las praderas de las montañas, lugar que desean explotar para los negocios turísticos. El circuito buscan instalarlo sin realizar la consulta previa libre e informada poniendo en peligro también la biodiversidad.
«Nosotros al territorio lo usamos para criar a nuestros animales, para darles alimentos, ahí en ese lugar también vivimos mujeres solas en el campo con hijos, nietos, eso somos quienes tenemos animales en el campo».
La comunidad Indio Colalao cuenta con la personería jurídica 33/11 y con el relevamiento territorial catastral realizado en el INAI, sin embargo, son caratulados de usurpadores de su propio territorio. El desconocimiento de su existencia forma parte de las políticas de negacionismo sobre la preexistencia de pueblos originarios en conjunto con el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
«Pertenezco a la comunidad Indio Colalao con personería jurídica 33/11, contamos con carpeta técnica con relevamiento territorial, no están respetando nuestras leyes, quieren desalojar un territorio que habitamos de hace 180 años de generación en generación, son 5 familias que tienen sus animales con mujeres que tienen a sus niños. Estamos pidiendo, exigiendo al Estado, al gobierno de Tucumán y al Poder judicial que se respeten los derechos indígenas», expresó Marina Mamani
«Lamentablemente nos quieren quitar nuestra tierra, con lo que nosotros nos alimentamos», continuó Vicentín, uno de los niños de la comunidad.
La jueza María Valeria Mibelli que lleva adelante la causa, es conocida por sentenciar a un defensor legal por opinar en la red social «tik tok» contra el gobernador y funcionarios políticos en marzo del 2024 por lo cual tiene un pedido de juicio político por vulnerar la libertad de expresión.
El plazo para retirarse venció este 21 de abril, por lo que relató que debieron resguardar a los animales con desesperación antes que llegue el desalojo forzoso. “Se están llevando nuestros animales, lo único que tenemos, lo único que contamos, son como nuestros hijos, pedimos que nos ayuden, perdemos a nuestros animales lo único que teníamos como pueblos originarios», expresó angustiada.
En Tafí del Valle, por medio del decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, ordenan el desalojo de las familias que habitan a las orillas del Rio Blanquito por caracterizar la zona como ilegal y de riesgo. Mediante el decreto autorizan el desalojo en base al «resguardo y recupero del inmueble ocupado ilegítimamente que integra el patrimonio de la provincia» del que fueron notificadas el 9 de abril dándoles un plazo de 10 días para retirarse e intimados con el uso de la fuerza pública para la demolición.
«Nos convertimos en un enemigo del Estado por justamente ser indígena por defender el territorio por defender la Pachamama por defender nuestras creencias y nuestra cultura», aseguraron de la Unión Diaguita de Tucumán en la convocatoria del 19 de abril realizada en el marco del día del «indio americano» día para reflexionar que los saqueos continúan por lo que convocaron nuevamente el 22 de abril a las 10:00 en la Plaza Independencia para denunciar que no se respeta el convenio 169 de la OIT sobre la consulta indígena y repudiar los desalojos.
A horas de conocer su sentencia, se suicidó en Chubut un asambleísta enjuiciado por la protesta de 2021
Mientras quedan sistemáticamente impunes las decenas de denuncias por la feroz represión desatada en el marco del “Chubutazo” de 2021, avanza la persecución a quienes salieron a la calle a defender el agua y el ambiente contra la reforma que amplió la entrega, los beneficios y facultades de las empresas mineras en la provincia.
Ocho manifestantes que participaron de aquella histórica pueblada que detuvo el avance de la megaminería debían recibir el veredicto.
Sin embargo, la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos en Chubut y la Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia informaron que uno de ellos se quitó la vida horas antes del inicio de la audiencia.
Se trata de Lautaro Martínez, acusado de “daños agravados, concursados idealmente entre sí, en concurso real con hurto agravado” por lo que afrontaba una posible pena de cuatro años de reclusión.
Los otros imputados que finalmente fueron condenados son Mauricio Vargas, acusado del delito de “incendio intencional con peligro común para los bienes, en concurso real, con hurto agravado” para quien la fiscalía pidió seis años de prisión. El mismo pedido de cárcel le corresponde a G.V. (adolescente) por “daño y hurto agravados”. Nicolás Díaz (hurto agravado) tiene una condena solicitada de tres años de cárcel. Damián Díaz fue sentenciado por daño agravado y se solicitó 1 año y 8 meses de encierro. Para Lurdes Molina Leguiza (daño agravado), en cambio, la fiscalía pidió dos años. A Lucas Espinoza se lo imputó por “daño agravado” solicitando una pena de 1 año y 8 meses. Brian Díaz estaba acusado de “daño agravado” y fue absuelto.
“Como ya venimos denunciando hace años, la fiscala María Florencia Gómez, amiga del poder político de turno, arma causas -sin pruebas- y lleva a juicio a luchadores sociales solo por el placer del pretendido disciplinamiento, aunque finalmente, muchos sean sobreseídxs o absueltos; ella parece disfrutar el proceso de escarnio público y fusilamiento mediático que pesa sobre ellxs cuando realiza las falsas acusaciones”, dicen las organizaciones.
“La Jueza María Tolomei -sigue el comunicado-, en el año 2020, al terminar el juicio oral donde el Ministerio Público Fiscal criminalizó a seis luchadores de No A La Mina por el solo hecho de manifestarse, sentenció: “Concluiré con una frase que entiendo refleja una síntesis perfecta de la relevancia o trascendencia que posee el sometimiento a juicio de cualquier persona imputada. Se sostiene allí que “Binder (Introducción p. 245) resalta con acierto que los juicios deben ser preparados convenientemente y se debe llegar a ellos luego de una actividad responsable (…) así como la publicidad implica una garantía en la estructuración del proceso penal, también tiene un costo: por más que la persona sea absuelta y se compruebe su absoluta inocencia, el solo sometimiento a juicio siempre habrá significado una cuota considerable de sufrimiento, gastos y aún de descrédito público. Por tal razón, un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar, también, que la decisión de someter a juicio al imputado no sea superficial, apresurada o arbitraria”.
“No hay consuelo. Desde la Red de Organizaciones por los DD HH en Chubut nos queda abrazar fuertemente a su familia y continuar la lucha en defensa de nuestros derechos denunciando toda operación autoritaria”, sintetizaron.
Vecinos de Uspallata detenidos por defender el agua y el territorio
El jueves 3 de abril hubo una nueva concentración frente al Polo Judicial de la provincia de Mendoza, a partir de las 9:30, para reiterar el reclamo de desprocesamiento e inmediata liberación de Mauricio Cornejo y Federico Soria, integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, detenidos por defender el agua y el territorio ante el avance de la minería metalífera a gran escala en la provincia y en todo el país. Compartimos comunicado en solidaridad de organizaciones y reproducimos además un escrito de Soria en el que da cuenta de su historia y de la persecución en su contra.
Comunicado:
Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos el hostigamiento y la persecución contra quienes defienden el territorio frente al avance de la minería metalífera a gran escala extractiva exportadora en Mendoza y en todo el país.
Esta vez, el Estado, Minera San Jorge de Solway Holding y la Cámara de Proveedores Mineros, criminalizan a quienes resisten el saqueo y defienden el agua, el ambiente y la vida. Sabemos que las estrategias de intimidación buscan sembrar miedo para evitar que las comunidades se organicen y participen activamente en la resistencia a modelos productivos que van en contra de su elección de vida. Los gobiernos identifican a ciertas personas que consideran que ocupan roles de liderazgo para luego perseguirlas, estigmatizarlas, desprestigiarlas y judicializarlas con el objetivo de generar temor y desmovilización. Estas acciones, no son aisladas ni aleatorias, sino que forman parte de un plan sistemático para debilitar la lucha colectiva y allanar el camino para el saqueo y la entrega de nuestros territorios.
Además, la lucha por defender el agua se realiza difundiendo información científica y conocimiento pormenorizado del territorio que los gobiernos impulsores de los extractivismos no quieren que se conozca. Se trata de maniobras destinadas a silenciar la lucha histórica de pueblos como el mendocino, el riojano y el chubutense, que en reiteradas oportunidades han expresado de manera contundente su rechazo a la megaminería impidiendo que se habilitara la actividad.
Los modelos extractivos se imponen siempre con violencia, siendo la judicialización de la protesta y la estigmatización de quienes participan en ella, una grave violación a los derechos fundamentales de expresión, participación y organización. Además, el Artículo Nº 9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de los Estados a garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales, protegiéndolos de amenazas, persecución y violencia. Argentina, como país firmante, debe cumplir con este compromiso en lugar de criminalizar a quienes defienden el ambiente y los derechos humanos como el acceso al agua potable.
Por todo lo expresado y ante la detención de nuestros compañeros de la Asamblea de Uspallata, Federico Soria y Mauricio Cornejo, EXIGIMOS:
* El desprocesamiento y la inmediata liberación de quienes han sido criminalizados por defender el agua y el territorio. Siendo imputados injustamente acusándolos de “pertenecer a organización que busca imponer sus ideas por el terror” (Art. 213 CP)
* La renuncia del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la Vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el presidente de Impulsa Mendoza, Emilio Guiñazú, el director de Minería, Jerónimo Shantal y el Intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Debido a que son responsables de persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a la salud psíquica y física de los detenidos.
* Que se separe al fiscal Juan Manuel Sánchez por incumplimiento de las Garantías Constitucionales, criminalización y encarcelamiento sin pruebas.
* Al Poder Judicial que garantice el cumplimiento de la Constitución, las leyes y los tratados internacionales vigentes en el territorio argentino. A saber, el Art. Nº 41 de la Constitución Nacional, la Ley Provincial Nº 7722, los Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT.
* El cese de la persecución y que el Estado garantice que todas las personas puedan ejercer su derecho a defender pacíficamente el territorio, sin temor a ninguna clase de represalias.
* Que se respete la autodeterminación de los pueblos.
FIRMAN, entre otros: Agrupación Ambiental Alerta Roja Trelew y Mendoza; Agrupación Estudiantil En Clave Roja sede Trelew y Comodoro Rivadavia de la UNPSJB; Agrupación Secundaria No Pasarán Puerto Madryn; AMPAP – Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura; ASAET – Asamblea Socioambiental de El Trapiche – San Luis; Asamblea Agua Pura Valle Fértil; Asamblea Agüita Pura para San Juan; Asamblea Ancasti por la Vida Catamarca; Asamblea Antimegaminería Bariloche; Asamblea de Famatina – La Rioja; Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; Asamblea de Trabajadorxs de la Literatura – Mendoza; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones; Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata; Asamblea de Vecinxs “No al loteo en Bajada de los Palitos” – Comodoro Rivadavia; Asamblea de Vecinos Rawson Playa; Asamblea El Algarrobo Andalgalá – Catamarca; Asambleas del Curru Leufu; Asamblea del Monte de Unquillo – Córdoba; Asamblea del Pueblo de Alvear – Mendoza; Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza; Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén (AdCRE); Asamblea en Defensa del Territorio – Puerto Madryn; Asamblea Maipucina por el Agua – Mendoza; Asamblea No a la Mina de Esquel; Asamblea en defensa de los Caminos Ancestrales; Asamblea Paravachasca – Córdoba; Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Allen; Asamblea Permanente del Comahue por el Agua – Neuquén; Asamblea Permanente por el Río Colorado; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Esquel Trevelin; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Río Cuarto; Asamblea por el Agua de Mendoza – Guaymallén; Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján de Cuyo – Mendoza; Asamblea por el Agua de San Rafael – Mendoza; Asamblea por el Agua de Tunuyán; Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras La Costa; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras – Mar del Plata; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras – Necochea y Quequén; Asamblea por un Mar Libre de Petroleras – Villa Gesell; Asamblea Socioambiental Baradero; Asamblea Socioambiental Cuenca de los Pozuelos Puna Jujeña; Asamblea socioambiental de Junín de los Andes – Neuquén; Asamblea Socio Ambiental Zona Este – Mendoza; Asamblea Popular por el Agua – Gran Mendoza; Asamblea por el Agua Pura La Paz – Mendoza; Asamblea Tupungato por Agua Pura de Mendoza; Ambiente en Lucha Nacional; Ambiente en Lucha Río Gallegos; Ambiente en Lucha Tierra del Fuego; Ambiente Es Todo del Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional (FPDSCP); Asociación Civil Árbol de Pie Bariloche; Asociación del Cielo a la Tierra; Asociación Justicia y Paz, Misioneros Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; Asociación Patrimonio Natural y Emiproa; Asociación de Sobrevivientes, Familiares y Compañeres de Campo de Mayo; AVAL – Asamblea Vecinos Autoconvocados de Loncopué – Neuquén; Biblioteca Popular Mujer Pionera de El Chaltén; Calisa – Universidad Nacional de Tierra del Fuego; Campaña Nacional Fuera Mekorot; siguen firmas…
Argentina, 1 de abril de 2025
La Corte Suprema deberá decidir quién investiga a los 5 imputados
La justicia Federal de Mendoza rechazó hacerse cargo de la investigación que tienen imputados a cinco militantes antimineros que habrían realizado supuestos disturbios en Uspallata, durante una protesta, en enero pasado.
En contrapartida, lo pasó el asunto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que decida de quién es la competencia. Pero, a la vez, entiende que se trata de un asunto entre privados y, por lo tanto, debe dirimirlos la justicia provincial. El caso queda paralizado, por ahora, hasta que se expida el máximo tribunal nacional.
El 3 de abril pasado, la jueza Claudia Tula le dio la libertad a los dos últimos ambientalistas detenidos y luego se declaró incompetente, remitiendo el caso a la Justicia Federal, ya que considera que el delito imputado a los sospechosos -agrupación para la coerción ideológica, artículo 213 bis del Código Penal- debe tratarse en el ámbito federal.
Ahora, María Cecilia Elmelaj, Fiscal Federal Subrogante a cargo del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Mendoza, notificó a la justicia de Mendoza que rechaza la competencia “por entender que se trata de competencia de la Justicia ordinaria en razón de los argumentos que allí se esgrimen”.
“Entrando a analizar los hechos en autos investigados, entiendo, en total consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, que corresponde no aceptar la competencia atribuida y remitir las actuaciones a conocimiento y decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de que dirima el conflicto de competencia suscitado”, indica el documento.
Luego argumenta que “la justicia federal interviene solamente de manera excepcional y lo hace restrictivamente, en los casos que así lo disponen las leyes y cuando los intereses en juego fueran de tal trascendencia que ello resultara justificado, como lo demuestra la enumeración que efectúa el Alto Tribunal”.
Indicando seguidamente que está claro que los hechos ocurridos en Uspallata no pueden “encuadrarse en alguno de los casos que justifican la intervención de este fuero, en tanto no se advierte que haya afectación de intereses del Estado Nacional”.
Esto porque se trata de conflictos de intereses particulares: entre autoridades de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y un grupo de personas que se oponen al desarrollo de esa actividad en esa localidad. Es decir, entre denunciantes y denunciados.
Así, será la Corte Nacional quien establezca, finalmente si para este caso en particular quien debe hacerse cargo de impartir justicia en relación al del artículo 213 bis del Código Penal. El mismo establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este Código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
“Remar contracorriente por el agua, la vida, la soberanía y en defensa del río Paraná”
En la tarde del sábado 22 de marzo, una multitudinaria y diversa concurrencia comenzó a reunirse desde muy temprano en el sector de playa de la Rambla Catalunya para protagonizar una jornada que reflejó el firme compromiso por la defensa de nuestro río Paraná en los amplios sectores convocantes y en una multitud de asistentes que dieron el presente y acudieron a la cita. La convocatoria sumó la adhesión de más de 180 organizaciones socioambientales, gremiales, religiosas, políticas y de referentes del mundo científico, académico y cultural.
En lo que fue una jornada destacada por un impactante despliegue y en el “Día mundial del agua” tuvo lugar el recibimiento a los protagonistas de esta histórica “remada contracorriente por el agua, la vida y la soberanía” que arribaron en caravana en sus respectivas embarcaciones, junto a más de doscientas embarcaciones que se fueron sumando a cada paso a lo largo y ancho del extenso recorrido de la que refieren como “una épica travesía histórica”.
En palabras de sus organizadores, “la travesía remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía se expresa en ferviente oposición a la reprivatización y extranjerización del río Paraná como a la pretensión de la profundización de su dragado que el gobierno intentó llevar a 44 pies”.
Partió desde Clorinda (Formosa) y puntualmente con las embarcaciones el 2 de marzo desde la Isla del Cerrito (Chaco), considerada de enorme significación histórica y de carácter estratégico por ser punto de confluencia del río Paraguay y Paraná, para finalmente arribar a Rosario tras su extenso recorrido por las aguas de nuestro río, haciendo postas en cada localidad ribereña.
Esta jornada de sábado tuvo su inicio con una “Radio abierta”, conducida por los periodistas Ariel Bulsicco, Jorgelina Hiba, Nire Roldán y Sergio Rinaldi, y la conducción general de Germán Mangione y Luis Precerutti, que en la voz de sus entrevistados compartieron con los presentes innumerables argumentos “en defensa de las causas profundas y urgentes que hacen a la travesía y a esta convocatoria de recibimiento, y de denuncia y repudio frente a la gravedad de la escalada de saqueo, entrega y represión a la que se viene sometiendo a la Argentina y a nuestro pueblo, profundizando día a día la dependencia y la declinación de nuestra soberanía nacional”. Jorgelina Sorrequieta acompañó con su música en los intervalos entre los reportajes.
Al ritmo de “Tamboreras”, con banderas argentinas sobre la costa, que al momento del desembarco acompañaron el multitudinario canto “la Patria no se vende”, la llegada de los remadores y remadoras fue ovacionada en forma unánime por el público presente que, entrelazada con los abrazos, definieron como “un encendido reconocimiento a los protagonistas de esta verdadera gesta que vienen ‘poniendo el cuerpo a las ideas’ durante 22 días por el río Paraná y haciendo ‘docencia patriótica’ en cada posta litoraleña, denunciando y argumentando a lo largo de 1.200 km por la defensa de una causa que es de todos: ¡el Paraná no se vende, se defiende!”.
Luego se dio comienzo al “acto”, donde se les otorgó un reconocimiento a los integrantes de las embarcaciones que realizaron todo el recorrido de la travesía, y dieron un saludo los capitanes de dichas embarcaciones: Ernesto Javier Núñez “el Tula” (Coordinador de Islas de la ciudad de Victoria) por la “Salvemos al Paraná”, Mariano Martínez (docente de música) por “La del Zurdo” y Luis “Cosita” Romero por “La Yaguarona”. Elías Sigura, guardaparque de islas en Entre Ríos, también habló en representación de los kayakistas.
Una enorme “bandera argentina” desplegada por los presentes se unió con el canto a viva voz de las estrofas del “Himno nacional argentino” para dar lugar luego a las palabras de los principales referentes de toda esta travesía: Luis “Cosita” Romero, Martha Arriola y Luciano Orellano, quienes transmitieron la intensidad de lo vivido en el recorrido y el enorme agradecimiento al cariño y generosidad recibidos por los pueblos del litoral.
Luis “Cosita” Romero, protagonista en el año 1996 (hace 28 años) de aquella histórica lucha y travesía contra la construcción de la represa del “Paraná Medio”, considerada el antecedente de la travesía actual, valoró el enorme esfuerzo realizado y sostuvo la necesidad de continuar esta lucha que hermana a los pueblos de la Patria Grande.
Martha Arriola, de la “Red Eclesial Justicia y Paz” y “Cuidadores de la Casa Común”, resaltó la voz de las mujeres en esta travesía y el compromiso por la defensa de lo humano, lo ambiental, que está presente en cada uno de nuestros pueblos hermanos unidos en su espiritualidad.
Luciano Orellano, miembro del “Foro por la recuperación del Paraná”, destacó que hay muchísimo para contar, el recibimiento extraordinario de las comunidades que los emocionaron tan profundamente, y también cómo pudieron observar y conocer a lo largo del recorrido la tremenda claudicación nacional a favor de la extranjerización para convertirnos en una factoría, en un protectorado, hundiendo, abandonando y oxidando el patrimonio nacional y desgarrando al pueblo y a nuestro río Paraná para abrir paso a las empresas y a la soberanía extranjera y agregó que hay que ponerle el cuerpo a las ideas para parar este ecocidio y esta entrega total de la soberanía.
Los tres oradores coincidieron en la necesidad de dar continuidad a esta pelea en la defensa de la patria y el pueblo argentino.
Para dar cierre al acto, el reconocido músico Jorge Fandermole, especialmente invitado, compartió con la concurrencia su canción “Oración del Remanso”, emotivamente acompañada con el canto de los presentes.
Una “muestra soberana” con infografías en grandes paneles se erigía en el predio, con la intención por parte de sus organizadores de “alumbrar con imágenes la entrega, el saqueo, la dependencia y extranjerización a la que sumergen y someten a nuestra patria, lo que se profundiza gravemente de modo acelerado en la Argentina actual en manos del gobierno de Javier Milei y todos sus funcionarios afines, como también infografías para visibilizar nuestras riquezas, recursos y bienes naturales, nuestro patrimonio nacional, y las propuestas que harían posible otro rumbo para nuestro país y para la felicidad del pueblo”. Un stand con numerosa literatura complementaba este objetivo.
La jornada culminó en “festival” con la participación de artistas y grupos: Vicky Allancay, Flor Curcio, Vicky Durand, Valen Druetta, Sofía Reinoso, Tamboreras (ATE/Amsafe) y “Mi Bonita Cumbia”, que en palabras de los convocantes “coronó la jornada en esta verdadera fiesta, porque con el canto, la música y el baile, compartimos en la alegría el orgullo de estar a la altura de las causas que defendemos. Las Malvinas son argentinas, ¡el río Paraná también!”.
23/03/2025
El gobierno nacional sigue sin entregar a comedores comunitarios bonaerenses fondos enviados por la ONU
Los centros comunitarios del noroeste de la provincia de Buenos Aires, que forman parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), atraviesan una situación crítica debido a la falta de desembolsos en tiempo y forma, sumado a la ausencia de actualización en los montos asignados.
Actualmente, algunas de estas organizaciones ya no pueden continuar cocinando para las infancias, mientras que otras solo contaban con alimentos para garantizar la comida hasta el 11 de abril.
“El problema es que no hubo desembolso, no ingresó más dinero”, explicó Belén Benítez, coordinadora del Centro Comunitario Belén, ubicado en José C. Paz. Detalló que desde la actualización del nuevo convenio no recibieron nuevos fondos, lo que pone en riesgo la continuidad del trabajo cotidiano. “Llegamos a la conclusión, junto a otros compañeros de la zona que están en la misma situación, que vamos a cocinar hasta el viernes 11”, expresó.
Además de la urgencia por la falta de recursos actuales, hay una gran incertidumbre sobre lo que sucederá en los próximos meses, ya que el programa del PNUD tiene vigencia hasta junio.
Pettovello también les roba la comida a las trabajadoras de Desarrollo Social
A fines de febrero se produjeron más de 2.000 despidos en Capital Humano, en el área del (ex) ministerio de Desarrollo Social.
La mayoría son mujeres y se dedican a áreas sensibles, como infancias y adolescencia o programas sociales. Entre ellas quienes trabajan desde hace más de 25 años en los depósitos de mercaderías. Esos mismos que donde Sandra Pettovello secuestra los alimentos que tendrían que ir a los comedores populares.
“Tenemos más de 50 años, somos de planta permanente, vemos las necesidades, ¿por qué nos dejan en la calle?”, dicen con bronca. “Viajamos 200 kilómetros todos los días y ni nos pagan los viáticos. Nos enfermamos acá”.
Además, denuncian desde adentro lo que el gobierno intenta ocultar. “Hay de todo en los depósitos, útiles, alimentos, que se están pudriendo mientras los chicos no tienen para comer. Es doloroso”.
Pero no bajan los brazos: “vamos a pelear hasta que nos devuelvan los puestos de trabajo”. Y llamaron a salir a las calles contra las políticas del gobierno.
Fuentes: La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, argentina.indymedia, Resumen Latinoamericano, Jujuy al Momento, Anred, Canal Abierto, Página/12, FM Tinkunaco / Agencia FARCO