El Ministerio Público de la Defensa de la CABA (MPD), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB) y la Fundación T.E.M.A.S se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para denunciar al Estado argentino por la violación de los derechos de los vecinos afectados por la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Sin ninguna consulta a las partes involucradas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó cerrar la supervisión de la “Causa Mendoza” en octubre de 2024. “Esa decisión viola los derechos a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la vida e integridad, a la salud, a la vivienda adecuada, a la niñez y al acceso a la información, así como las garantías judiciales y la protección judicial de las familias que viven en la cuenca”, señalaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En la petición ante la CIDH las organizaciones reclaman al Estado argentino que tome medidas para garantizar efectivamente esos derechos. Además pidieron medidas cautelares para que el Estado adopte medidas para proteger de inmediato la salud de los habitantes de la cuenca.
En 2008, la Corte Suprema dictó una sentencia colectiva que ordenaba a la Ciudad de Buenos Aires, a la Provincia de Buenos Aires, al Estado Nacional y, en particular, a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), reparar los daños ocasionados por la contaminación a la salud y a la integridad personal de las familias que viven a la vera del Riachuelo, especialmente de los niños, expuestos a metales pesados y enfermedades prevenibles.
Luego de 16 años de ejecución, el 22 de octubre de 2024 la CSJN decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados.
Tras el cierre de la causa judicial, la propia ACUMAR reconoce que la ejecución de las soluciones habitacionales únicamente alcanza al 42%, apuntaron desde el CELS. “No solo se encuentran pendientes las relocalizaciones necesarias para construir el camino de sirga, sino que además quedan incompletos casi la totalidad de los arreglos, mejoramientos definitivos y urbanizaciones. Tampoco se ha puesto en marcha aún el Sistema Riachuelo, obra imprescindible no solo para brindar adecuado servicio de agua y cloaca al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y parte del conurbano bonaerense, sino para tratar los residuos orgánicos que hoy contaminan el Riachuelo”.
En CABA, se estima que aún hoy resta brindar soluciones habitacionales a más de 700 familias de la Villa 21-24, 150 del barrio Lamadrid y un número indeterminado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito, informaron desde el organismo de derechos humanos. “No hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza”.
“La situación también es de extrema gravedad en la Provincia de Buenos Aires.Tampoco se cumple con los parámetros de calidad de agua establecidos por la propia ACUMAR y la cobertura de la red cloacal es de apenas el 56%”.
Frente al cierre inconsulto del control judicial por parte de la Corte y las últimas medidas que desfinancian a los organismos encargados de llevar adelante las políticas necesarias (ACUMAR, la Secretaria de Vivienda del Gobierno Nacional y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y AYSA), desde el MPD, el CELS, FARN, ACDH, AVLB y T.E.M.A.S, se decidió denunciar las violaciones de derechos humanos ante la CIDH a fin de solicitar que se continúen con las medidas ordenadas en la sentencia de 2008 para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo.