Los Centros de estudiantes de la UBA anunciaron la presentación de un amparo en la Justicia para buscar que el Gobierno porteño ponga en marcha el nuevo boleto aprobado por la Legislatura a fines del año pasado. Varios postítulos docentes de CABA no abrieron sus cursos en 2025
Por Mario Hernandez
El conflicto por la demora en la implementación del boleto gratuito universitario en la Ciudad de Buenos Aires sigue escalando y ya tiene su primer capítulo judicial. Centros de estudiantes de la UBA anunciaron la presentación de un amparo en la Justicia para buscar que el Gobierno porteño ponga en marcha el nuevo boleto aprobado por la Legislatura a fines del año pasado en un histórico triunfo del movimiento estudiantil que sostenía el reclamo desde hace décadas. Los y las estudiantes esperaban que la gratuidad estuviera activa para el inicio del ciclo lectivo, mientras que desde el GCBA afirman que ya conformaron una “mesa interministerial” para definir la implementación.
El amparo colectivo fue presentado por los centros de estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales, de Filosofía y Letras, de Ciencias Sociales, y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y lleva la firma de sus respectivas presidentas, Julia Benito, Renata Veber, Natalia Arakaki y Pilar López Barcala. En el escrito, los y las estudiantes representados por los Centros piden que la Justicia ordene al ministerio de Educación porteño “que proceda a registrar a los estudiantes de Nivel Superior y ponga a disposición las tarjetas SUBE estudiantil o, en su defecto, vincule las tarjetas SUBE individuales a quienes se hayan registrado para así instrumentar el derecho al Boleto Estudiantil”.
Es que, en rigor, el GCBA no necesita crear un nuevo sistema de boleto educativo sino incorporar a los y las alumnas del nivel terciario y universitario al régimen de boleto ya existente en la Ciudad, que hasta ahora alcanza a los niveles primario y secundario. La Ley N° 6.770, aprobada por amplia mayoría en diciembre del año pasado, vino a ampliar lo establecido por la preexistente ley de boleto estudiantil para incorporar al nivel superior y algunas otras modificaciones como la inclusión de un subsidio del 55 % del boleto para los “acompañantes” de estudiantes de primaria que no puedan viajar solos.
Hasta ahora, sin embargo, los universitarios no han tenido novedades sobre su inclusión en el régimen. Tampoco las tuvieron acerca del método que se implementará para registrar a las personas alcanzadas por la gratuidad, ya que la ley se aprobó con restricciones de acceso: un tope económico por ingresos familiares y la exclusión de los y las alumnas que no tengan residencia en la Ciudad. Por ahora nada se sabe de cómo se harán efectivos esos criterios, por lo que los Centros de estudiantes pidieron en el amparo que se dicte una cautelar para ordenar al GCBA que en un plazo de cinco días “arbitre las medidas urgentes para la inscripción de las y los estudiantes que cumplan con los requisitos”.
Tras la presentación del amparo, Olivera advirtió que la demora en la implementación se da “en un contexto de profundización de la crisis económica”, por lo que se puede “poner en peligro la cursada de miles de estudiantes”. Benito, por su parte, añadió que “es fundamental que el Poder Judicial nos escuche”. “Lamentamos que no se haya podido resolver por las vías habituales que marca nuestra democracia, pero ante el silencio y la falta de respuesta, esta medida fue necesaria porque las y los pibes no pueden seguir esperando”, apuntó.
Los y las alumnas agregaron en este sentido que desde el Ministerio les habían informado que se conformaría una mesa de trabajo para la implementación del boleto, algo de lo que no tuvieron más noticias. Consultadas fuentes de la cartera educativa sobre la cuestión respondieron que ya se conformó una “mesa interministerial”, aunque no precisaron plazos posibles para la implementación del boleto. Sí señalaron que en la mesa “se está trabajando para la reglamentación, analizando bases de datos, empadronamiento y otras variables”.
También referentes de la izquierda presentaron un amparo en paralelo al de los Centros de estudiantes para reclamar la puesta en marcha de lo estipulado por la ley. Lo hicieron las candidatas a legisladoras del Partido Obrero, Vanina Biasi y Tatiana Fernández Martí, secretaria general del Centro de estudiantes de Filosofía y Letras. “¿Por qué 6 meses después y ya pasado un mes desde el inicio del cuatrimestre seguimos sin poder ejercer nuestro derecho?”, se preguntaron y aseveraron que “nos están robando un derecho mientras el boleto no para de aumentar”.
El boleto fue aprobado con un tope de ingreso que permite acceder a la gratuidad a aquellos estudiantes que pertenezcan, como máximo, a hogares de “sector medio frágil” según la clasificación actualizada del Instituto de Estadísticas y Censos porteño. El reciente informe del instituto sobre el mes de marzo arrojó que ese sector lo ocupan las familias con ingresos mensuales de hasta 1,8 millones de pesos. Quienes formen parte de hogares con ingresos superiores no tendrán el boleto gratuito. A esto se suma la exclusión de los y las estudiantes sin residencia en la Ciudad. Como contraparte, la ley de diciembre amplío a 96 la cantidad de boletos gratuitos a los que los y las alumnas tendrán derecho a acceder por mes.
Jorge Macri se niega a cumplir la Ley de boleto estudiantil gratuito para terciarios y universitarios
Por Martín Suárez
Los Centros de estudiantes presentaron un recurso legal ante la Justicia porteña. A casi cinco meses de su aprobación, el jefe de Gobierno impide que más de 134.000 estudiantes puedan inscribirse a este derecho.
A lo largo de 18 años de gobierno, el macrismo porteño presentó “con bombos y platillos” la sanción de proyectos de ley que benefician a sectores postergados. Si bien muchos de esos proyectos no son de su autoría, al ser aprobados el Ejecutivo casi siempre se sube al podio de haber promovido esas leyes. Lo cierto es que muchas de esas nuevas normas terminan siendo cajoneadas y no son ejecutadas. Esto pasa actualmente con la Ley de boleto estudiantil para terciarios y universitarios porteños, que fue aprobada el 12 de diciembre pasado, pero aún el GCBA no lo ha implementado.
Por esta razón, los Centros de estudiantes de Exactas y Ciencias Naturales, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Ciencias Sociales y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentaron un amparo ante la Justicia porteña para exigirle al jefe de Gobierno que implemente el boleto universitario gratuito.
“Jorge Macri está incumpliendo con la implementación de esta ley porque cuando vos entrás en la página para anotarte en este beneficio, no figura la opción de estudiante universitario. Por lo tanto, no está así garantizado el acceso a este derecho”, contó Renata Veber, presidenta del Centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UBA.
El 20 de febrero pasado, las y los estudiantes universitarios presentaron una nota en la Jefatura de gobierno porteño para exigir la implementación. Pero a lo largo de casi tres meses el Ejecutivo local no dio ninguna respuesta. El 21 de marzo pasado, la propia Universidad de Buenos Aires se sumó al reclamo estudiantil para que CABA haga efectiva la Ley 6.770, pero Jorge Macri también desoyó esa exigencia institucional.
“Por eso es que estudiantes y presidentas de los Centros de estudiantes, presentamos este amparo en el Poder Judicial para exigirle al gobierno que, de una vez por todas, implemente esta ley que, repito, es un derecho”, termina Veber.
“Una política como la del boleto estudiantil permitiría que muchos estudiantes puedan seguir cursando en la universidad pública en este contexto tan difícil. Sin embargo, Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA y Jorge Macri, no están dando ninguna respuesta de por qué no se está implementando el boleto”, señaló Isabel González Puente, también presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras.
Para la referente estudiantil la implementación de esta Ley debe ser urgente. “Esperamos que la ministra de Educación convoque a los estudiantes a decirnos por qué no se está implementando el boleto. Y a plantear una forma rápida para que se pueda ejecutar porque a casi a dos meses de iniciadas las clases, es urgente que se implemente el boleto estudiantil”.
Más de 134.000 estudiantes discriminados
La Ley Nº 6.770, modificatoria de la Ley Nº 5656, introduce a los estudiantes universitarios como beneficiarios del boleto gratuito en la Ciudad de Buenos Aires. El beneficio permite una cantidad de 96 viajes gratuitos mensuales y un tope de cuatro por día. Cada uno de las y los estudiantes superiores que quieran acceder al mismo, deben residir en la Ciudad de Buenos Aires y pertenecer a hogares de clase media vulnerable de acuerdo a los indicadores del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad.
Son más de 134.000 estudiantes que tendrían que acceder al subsidio, sumando la cantidad de personas adultos acompañantes de menores de 12 años pero, desde su aprobación hasta ahora, los Centros de estudiantes han presentado numerosos reclamos para lograr el ejercicio efectivo del derecho aprobado por la Legislatura.
La nueva presentación judicial, busca que se ordene al Ministerio de Educación porteño registrar a los Estudiantes de Nivel Superior y poner a disposición las tarjetas Sube Estudiantil para así instrumentar el derecho a los estudiantes de Nivel Superior y de Formación Técnica Superior que cumplan debidamente con los requisitos.
Varios postítulos docentes de CABA no abrieron sus cursos en 2025
Los postítulos son espacios públicos y gratuitos para que las y los docentes puedan seguir formándose después de haber completado su carrera. Funcionan en los Profesorados de la Ciudad, abordan temáticas diversas y ofrecen capacitación de excelencia académica para quienes se desempeñan en las diferentes áreas y en todos los niveles educativos. Muchos de ellos no abrieron su inscripción este año. Sus docentes no cobrarán salarios.
Desde hace años los equipos docentes de los postítulos de nivel superior de CABA denuncian que sus contrataciones son precarias e inseguras. También vienen advirtiendo que sufren meses de retrasos en el pago de sus salarios y una incertidumbre inaceptable como trabajadores de la educación. Aseguran que su continuidad laboral jamás estuvo garantizada, ya que periódicamente -en la actualidad cada año- deben presentar proyectos nuevos, esperar su evaluación, aprobación y firma de resolución por parte del ministerio de Educación de CABA, procesos que en muchas oportunidades encuentran demoras y obstáculos que ponen en riesgo las cursadas.
Estas continuas vulneraciones al derecho a la formación docente atentan contra la Educación Pública de calidad y generan incertidumbre en quienes deciden formarse.
Pero este año, la situación es aún más grave. Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad no habilitó la inscripción de varios postítulos, a pesar de que muchas personas los cursan y egresan, y que cuentan con años de experiencia y prestigio.
Estas son algunas de las actualizaciones y especializaciones que no abrieron:
- Actualización Académica en Educación Ambiental Integral y enseñanza de las ciencias en el Nivel Primario. (ENS N° 3)
- Actualización Académica en Movimiento Expresivo. Técnicas y Prácticas Corporales en la Educación Física. (ISEF 1. Romero Brest)
- Especialización docente en Danza Teatro Comunitaria. (ESEA Jorge Donn)
- Especialización docente de Nivel Superior en Arte mediado por tecnologías digitales. (ESEA Aída Mastrazzi)
- Especialización Docente de Nivel Superior en Infancias, Derechos y ESI. (ENS N°6)
Los equipos docentes se autoconvocaron para defender sus valiosos espacios de formación y han conformado Postítulos Docentes de CABA en lucha (@postitulosenlucha en redes sociales) para denunciar que el gobierno de la Ciudad no cumple con su obligación de garantizar la formación docente continua. Están recibiendo el apoyo de amplios sectores de la educación, la ciencia y el arte. Participaron del Festival Ciencia de la A a la Z en Parque Rivadavia. Compartimos el video de su intervención.
Comunicado de Postítulos Docentes de CABA en lucha:
Desde hace años los postítulos de CABA venimos resistiendo intentos de cierre, restricciones en la apertura de inscripciones y vaciamiento progresivo por parte del Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez estamos en alerta porque, a una semana del inicio de clases, el Ministerio de Educación de la Ciudad aún no ha habilitado la inscripción de estudiantes. En algunos casos, incluso con resolución aprobada para el inicio de las cohortes 2025, está en riesgo la apertura y el inicio de clases.
El cierre de estos espacios es un modo de desfinanciar y, por lo tanto, degradar la Educación Pública. Vulnera el derecho a la formación continua de calidad y gratuita, fundamental en la carrera docente e imprescindible para una Educación Pública de calidad. Implica, además, la pérdida del empleo de muchxs docentes, y favorece la mercantilización de su formación ya que, al perder estos postítulos, se ven obligadxs a recurrir a propuestas formativas aranceladas.
Los postítulos docentes son propuestas formativas extendidas en el tiempo, en cursadas de entre un año y dos de duración, que se dictan en distintos Profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperando la extensa experiencia en la formación docente de estas instituciones, actualizan las prácticas y enfoques pedagógicos en campos específicos del conocimiento desde una perspectiva crítica, compleja y situada. Son espacios presenciales que se enriquecen por el encuentro entre diversidad de colegas que permite intercambiar saberes y resignificar las experiencias de las prácticas. Además, son gratuitas y otorgan puntaje docente considerando la cantidad de horas de cursada.
Reclamamos al gobierno de la Ciudad que cumpla con su obligación y garantice de manera urgente la continuidad de todos los postítulos habilitando la inscripción de la gran cantidad de aspirantes que aguardan iniciar la cursada.
Los postítulos se vienen sosteniendo gracias al esfuerzo de estudiantes, equipos docentes, de coordinación y personal administrativo, cuya forma de contratación es sumamente precaria. Continuamente sufrimos retrasos en el cobro de nuestros salarios. Actualmente, hay docentes sin cobrar horas trabajadas en el año 2024. Por otra parte, el sistema de altas y bajas por módulos burocratiza el trabajo, precariza nuestra situación laboral y atenta contra la conformación de equipos docentes.
Desde @postítulosenlucha exigimos al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires: Habilitación de todos los postítulos. ¡Apertura ya! Que se garanticen nuestros derechos laborales. No a los contratos precarizados. Cobro de salarios en tiempo y forma. Estabilidad laboral para todxs lxs docentes. Continuidad de los postítulos sin necesidad de presentar proyectos cada una o dos cohortes. ¡No al Cierre de los postítulos!
Estas medidas tomadas por el Ministerio de Educación de la Ciudad no parecen casuales: las formaciones en arte, derechos de las infancias, educación sexual integral, educación ambiental o teatro comunitario no son espacios que abonan la tierra donde crecen los discursos autoritarios, sino todo lo contrario. Los postítulos que funcionan en los profesorados de esta ciudad siempre tuvieron como marco los derechos humanos, el cuidado, el respeto, la valoración de las diferencias, la igualdad y la libertad. Y todo eso está en riesgo.
El debate en los Profesorados de la Ciudad de Buenos Aires
Por Natalia Sposato – Consejera del Joaquín V. González
Ante la propuesta del gobierno de la Ciudad y las autoridades del Instituto de Formación Docente Joaquín V. González de avanzar en una bimodalidad “híbrida” de cursada, los estudiantes queremos abrir un debate sobre las necesidades actuales de nuestro claustro y de las y los docentes.
Pasaron pocos días desde la última sesión del Consejo Directivo en la cual nos enteramos, cinco minutos antes de que se dé por finalizada, que el rectorado del Joaquín V. González había enviado una propuesta a la coordinación de los distintos departamentos del instituto en la que proponen avanzar en cambiar la modalidad de las cursadas y, en consecuencia, la del trabajo docente. La propuesta no llegó a las y los consejeros hasta unos días después y, pese a la imposibilidad de discutirlo en esa sesión, el rectorado exige realizar un debate en menos de un mes para pasar a implementar una prueba “piloto” a partir del mes de mayo. Son diez días desde el momento en el que escribimos esta nota. La primera pregunta que surge es: ¿Por qué el apuro?
Y es una duda que comparten quienes se enteraron de la imposición de hacer una prueba sobre un proyecto que no está ni discutido. Aunque la mayoría de las y los estudiantes y docentes aún no están enterados de esta reforma que se quiere implementar para “adelantarse” a las reformas que se harán desde el Ministerio de Educación de la Ciudad el año que viene. ¿No es especular con el trabajo de las y los docentes, y el esfuerzo que hacemos quienes cursamos? Desde las autoridades nos tienen acostumbrados a esta “estrategia” de hacer cambios para luego “negociar” con el gobierno de turno. No son las autoridades en una mesa chica quienes deciden cómo vamos a cursar ni cómo tienen que laburar los profesores. Que lo defina el conjunto de la comunidad.
Necesitamos instancias de debate y organización comunes de todo el profesorado, como jornadas institucionales con asistencia obligatoria, para que circule la información y el conjunto de nuestra comunidad educativa sepa qué propone el proyecto del rectorado y así definir cómo mejorar nuestras trayectorias educativas y la labor docente. Esta es la propuesta que desde la Corriente Nacional Docente-Estudiantil 9 de Abril, conducción del Centro de Estudiantes del Instituto Joaquín V. González, llevaremos a la próxima asamblea que convocamos en ambos turnos el martes 22/4 y a cada reunión interclaustro que se convoque en los departamentos.
¡Que no decidan por nosotres!
Sebastián Zignego, integrante de la junta de Historia y presidente del Centro de estudiantes también hizo llegar su voz planteando: “No estamos en condiciones de realizar ninguna prueba hasta que no sea debatido y acordado desde abajo, con el conjunto de la comunidad, quienes seremos los principales afectados por estas reformas. Antes de acordar con el gobierno de Jorge Macri y las funcionarias Amanda Miguel y Graciela Uequin, quienes atacan permanentemente nuestros profesorados, las autoridades deben dar explicaciones a docentes y estudiantes. Tenemos que decidir desde abajo hacia arriba, darles fuerza a las asambleas del CEJVG y unirnos con nuestros docentes impulsando también la participación en las juntas de carrera y el Consejo Directivo. Hacer escuchar nuestra voz en todos los espacios”.
Hay algo que nos mueve a quienes nos formamos para ser docentes y es el acceso a la educación pública y la garantía de derechos laborales para quienes la sostienen cotidianamente. Este acceso se viene limitando fuertemente porque la crisis social que profundizó el gobierno de Milei y Caputo hace que tengamos que destinar gran parte de nuestro escueto sueldo en pagar cosas elementales como la SUBE para viajar y los servicios para tener internet en nuestras casas, que también alquilamos a altos precios, si es que llegamos. Las y los estudiantes terminan eligiendo dejar de comer o duermen en los Institutos para no tener que pagar un boleto de vuelta. Es una carrera por recibirse rápido y poder dejar los trabajos más precarizados que sostenemos sólo con el anhelo de dar clases y estar mejor. Y que, en muchos casos, llevan a abandonar la cursada porque la plata que le dan al FMI, como volvieron a hacer con el reciente nuevo acuerdo, es la que nos sacan del bolsillo a nosotras y nosotros. En un contexto donde necesitamos fortalecer los espacios colectivos la virtualidad es una forma de seguir empujando a la individualidad y que cada uno se salve como pueda.
La propuesta de las autoridades es agachar la cabeza para seguir resignando nuestras condiciones, reformar las trayectorias sin pelear porque podamos acceder a un boleto educativo para el conjunto de la comunidad, sin exigir que tengamos viandas que alcancen y sean de calidad en todos los institutos, donde muchas y muchos estudiantes pasan la mayor parte del tiempo y lo consideran su segundo hogar. ¿No sería mejor debatir cómo lograr más presupuesto para nuestras necesidades? Porque eso podría ser el principio de una solución para luchar contra el abandono de las cursadas y para debatir en común el tema. Algo que parece mala palabra en un gobierno que todo el tiempo busca empujarnos hacia el individualismo, virtualizar también es parte de eso, de que no socialices con tus compañeros y compañeras lo que te cuesta o te organices con ellos y ellas.
Defender las jubilaciones, el derecho a huelga de nuestros docentes, son aspectos que hacen también al fortalecimiento de la defensa de la educación, si nos unimos para darles fuerza, seremos más fuertes para enfrentar los ataques a la ESI, la privatización de la educación y la perspectiva de poder estudiar, y no solamente dedicarnos a trabajar.
Tampoco nos da igual cómo se dan las clases y cómo trabajan nuestros profesores, nosotros vamos a ser docentes y velamos por sus intereses no solo los de las y los estudiantes. ¿En qué momento podrán planificar las clases asincrónicas de la prueba que nos quieren forzar a hacer? Ya hicieron un trabajo que no es remunerado para ningún docente con la planificación anual. Además, el año pasado “extorsionaron” a las y los docentes que para poder titularizar de manera precaria (por cinco años), mandándolos a hacer la capacitación sobre la virtualidad para poder llevar adelante este tipo de reformas.
Hay sectores que vienen saliendo en los medios reforzando la idea de que los problemas en la educación son la culpa de la docencia. Como uno de los referentes del peronismo que se jactó de mandar al “paredón” a las y los docentes que no vayan a trabajar porque piden licencias. No podemos dejar que la derecha imponga la agenda ni el debate. Para poder ponerles un freno y pelear por nuestras reivindicaciones, encontrémonos docentes y estudiantes para construir una salida al vaciamiento y al ataque sistemático al que nos llevaron este gobierno y los anteriores. En todo caso, la comunidad educativa será la responsable de poder hallar una solución.
Ajuste en Chubut en Educación Especial
El lunes 21 de abril se realizó una movilización en Lago Puelo en defensa de las orientaciones en materia de Educación Especial en el IES 813. Cerca de cien personas marcharon contra el ajuste de Torres en los terciarios. El miércoles 23 convocaron a marchar con los y las jubiladas a las 17:00 en la plaza de Lago Puelo.
“¿Cuántos sordos justifican un profesorado de hipoacúsicos para el gobierno?” se preguntaba una docente en relación a una lógica del gobierno que privilegia el ahorro en lugar de la calidad educativa como promociona la descomunal campaña en redes que encara el gobernador. Luego de posar díscolo en la cumbre de gobernadores y amenazar con cortar el gas al resto del país, se alineó rápidamente al plan de endeudamiento del gobierno nacional al que apoyó en todas y cada una de las “leyes fundamentales” del “ajuste más grande de la historia”.
“Esta reforma es sin participación de estudiantes y prácticamente sin docentes. Es un retroceso de 25 años” comenta una estudiante frente a la Escuela 108 donde por las noches funciona el IES 813 Pablo Luppi. Allí se cursan los profesorados de Geografía, Matemáticas, Física y Educación Especial hoy sólo en su orientación en discapacidad intelectual. “Es parte del ajuste nacional a la discapacidad que está aplicando el gobierno nacional y provincial”, dice otra estudiante.
Como en todo proceso, surgen personas que cumplen el rol de vocerxs y organizan o convocan. En este caso, al no haber Centro de estudiantes, la iniciativa fue desde abajo y la convocatoria da cuenta de la preocupación que hay entre los y las estudiantes. Cerca de 80 participan de una asamblea previa a la marcha donde se dio una conferencia de prensa contando la situación.
“Es nuestra tarea como futuros docentes defender hoy los derechos de las personas con discapacidad” dice una estudiante dando sentido cabal de la importancia de contar con profesionales de la educación que puedan impartir educación a niños y niñas hipoacúsicos, no videntes o con problemas motrices o de desarrollo intelectual. Un llamado tan empáticamente humano como brutalmente inhumano es el cálculo frío de la matemática gubernamental.
Esta semana Torres pide a Legislatura endeudarse por U$S 650 millones. Mismo monto que la deuda heredada por Bussi y Das Neves que justificó el ajuste constante de Arcioni desde el 2017 al que el propio Torres da continuidad. Es decir, pide duplicar la deuda pública que justifica este ajuste brutal. Escuelas en ruinas y salarios destrozados, licuados y pisoteados, se complementan con paritarias miserables sazonadas con finas hebras de Uranio en un futuro cercano.
No basta con endeudar a la provincia sin mucho resultado en obras para las mayorías, sino que además se entrega el petróleo a PAE mediante la destrucción del fracking por 35 años a precio de oferta. Pero para la educación pública gratuita, laica y de calidad, ese “privilegio” que conquistamos los y las trabajadoras con la lucha, no se puede gastar dinero y menos aún conservar los “privilegios” de los que aun gozan los y las docentes a quienes hasta el propio Grabois quiere enviar al paredón por atreverse a una licencia. Que sepa Juan que Torres, pionero en la esencialidad docente, aplica su lógica meritocrática y anti derechos en consonancia con sus reaccionarias declaraciones.
Todo ajuste (sin grietas en la cúspide) para pagar la deuda “heredada”, incluso endeudando el futuro, y el agua, de la provincia. Algo que en estos pagos vale más que el oro y puede ser el catalizador de una bronca que busca la manera de unirse al calor de la lucha. Por lo pronto, este miércoles los y las jubiladas de Puelo no estarán solas en su marcha a las 17 horas. Y eso, aunque poco, es un montón.
Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, La Retaguardia, La Izquierda Diario