Continuando con la invasión de terratenientes o inmobiliarias en territorios indígenas, ahora le toca a la Comunidad Indígena de Chucalezna, en el Departamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy. El proyecto Muskuy, un emprendimiento inmobiliario impulsado por el empresario Claudio Zucchino, ha promovido un loteo ilegal sobre parte de las 54 hectáreas de su territorio ancestral.

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El nombre de Chucalezna nos recuerda a la famosa “Escuela de niños pintores de Chucalezna”, aquella que popularizara el cineasta Jorge Prelorán allá por 1968, y nos remite a una hermosa zona de la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.
Pero a pesar de esto, el proyecto avanzó con la aprobación de una Evaluación de Impacto Ambiental “simplificada” por parte de la Secretaría de Calidad Ambiental de Jujuy.
Lamentablemente, el mencionado empresario, comenzó a arrasar con el Cerro Moya, junto a cactus y toda vegetación nativa y el suelo de la zona, además, como dijimos, el proyecto busca urbanizar 54 hectáreas para desarrollar un complejo inmobiliario de 65 lotes destinados a emprendimientos turísticos y vitivinícolas.
Los habitantes presentaron una medida cautelar de no innovar, pero que lamentablemente fue rechazada. La comunidad cuenta con personería jurídica, pero viene enfrentando esta amenaza desde el año 2022, cuando comenzaron las primeras intervenciones sin consulta.
La derogación de la Ley 26.160, que impedía los desalojos y obras sobre tierras indígenas hasta finalizar los relevamientos territoriales, dejó a las comunidades con un vacío legal. Sumado a eso vino la reforma constitucional de Jujuy, que habilita proyectos extractivistas y turísticos sobre territorios comunitarios sin respetar el derecho indígena.
A pesar de todo esto, la comunidad viene resistiendo y enfrentando esta invasión a su identidad cultural y territorio ancestral.
Entonces ahora, vamos a escuchar tres interesantes testimonios que aportan claridad y sentimiento a esta situación. Contamos con las palabras de dos habitantes, Florencia Saiquita y Amalia Cunchilla, además de la abogada de la comunidad, Samantha Delgado.