La Comisión Provincial por la Memoria alerta sobre la gravedad de los hechos ocurridos en la comisaria 1° de la ciudad de Olavarría, perteneciente a la Policía bonaerense, y exige una investigación judicial y administrativa adecuada, con celeridad y contemplando los protocolos vigentes para esclarecer y sancionar estos hechos.
El miércoles 23 de madrugada Gonzalo Ezequiel Tamame fue detenido, golpeado en la calle e ingresado por agentes policiales a la comisaría 1 de Olavarría, donde continuaron con la golpiza. Horas más tarde, Gonzalo apareció sin vida en la dependencia policial.
Tras la versión difundida por la policía de que se había suicidado con un buzo, testigos ocasionales que pasaban por el lugar difundieron un video que realizaron en el momento del ingreso de Gonzalo a la dependencia policial: registra cómo el joven estaba siendo golpeado, que solicitaba ayuda y pedía que se detuvieran porque “no podía respirar”. También hay registros y testigos que observaron cómo le pegaron en el momento de la aprehensión, en plena calle.
Estas pruebas ponen en duda la versión policial del suicidio, que tantas veces se construye para garantizar impunidad, y dan cuenta de la necesidad de que se realice una profunda investigación que esclarezca los hechos.
Esto es lo que estaba demandando la familia y la comunidad de Olavarría cuando fue reprimidas de manera cruenta por la policía. Dispararon postas de goma que hirieron al menos a dos personas y detuvieron a tres manifestantes, dos hombres militantes del Partido Obrero y una mujer. Lejos de intentar el diálogo y las explicaciones de una institución que tiene la obligación de hacerlo cuando muere una persona bajo su cuidado, la policía apeló a la violencia represiva.
La Comisión Provincial por la Memoria se presentó como particular damnificado en la causa, en su carácter de Mecanismo de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, para promover una investigación judicial objetiva que aparte a las fuerzas policiales del proceso, y que se enfoque en investigar hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos incluyendo la muerte de Gonzalo en un lugar de detención.
Los “suicidios” en comisarías son informados como hechos recurrentes. Desde 2012, año en que la CPM comenzó un registro riguroso de muertes en dependencias policiales bonaerenses, hasta 2023 se registraron 89 muertes por ahorcamiento. Es la causa que más muertes produce. Vale insistir que todas estas muertes se producen bajo custodia y cuidados del Estado, y es indudable la responsabilidad de los funcionarios públicos ya sea por haberlas provocado, por no evitarlas o por faltar al deber de cuidado.
Es indispensable que el Ministerio de Seguridad inicie actuaciones administrativas y aparte preventivamente a todos los policías intervinientes y a las autoridades de la dependencia.
Sólo la justicia investigando con imparcialidad, celeridad y de manera adecuada y la decisión del Gobierno para reconocer y erradicar las prácticas violentas y crueles que ya son parte de la cultura institucional de la policía, podrán revertir este cuadro de situación que deriva en graves violaciones de derechos humanos y genera fuertes reclamos por parte de la ciudadanía.
No es con represión. Es con escucha atenta, con políticas que reviertan el despliegue policial violento en los territorios, que terminen con su involucramiento en la regulación del delito y con la práctica sistemática de la tortura en su intervención cotidiana.