La Causa Villazo por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Acindar entró en su etapa final. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante como organismo de derechos humanos en esta causa, realizó su alegato por los secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones de trabajadores a manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, con la participación de personal jerárquico de la empresa.
Compartimos el comunicado:
Responsabilidad empresarial: alegamos en la Causa Acindar
En una nueva jornada de alegatos por parte de la acusación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, desde el CELS pedimos que los civiles y miembros de las fuerzas de seguridad imputados sean condenados por sus responsabilidades en los secuestros, las torturas, desapariciones y asesinatos de militantes sindicales de la UOM, la mayoría empleados de Acindar, y de los abogados que los representaban.
Los hechos investigados empezaron entre marzo y junio de 1975 y se extendieron hasta ya entrada la dictadura que tomó el poder en marzo de 1976. En total son 18 los imputados que llegaron a esta etapa del juicio, entre ellos hay dos miembros del personal jerárquico de la empresa. Se trata de Roberto José Pellegrini, jefe de División Personal de Acindar, y Ricardo Oscar Torralvo, también con funciones ejecutivas. Ambos están acusados de entregar información de los trabajadores a las fuerzas represivas para la concreción del plan criminal. Además, están acusados 15 exmiembros de la Policía Federal y un expolicía de la provincia de Santa Fe. Vale recordar que los militares que fueron investigados no llegaron a juicio porque fallecieron antes.
Con nuestro alegato, se cierra esta etapa del proceso, que empezó semanas atrás con la Fiscalía, siguió con la APDH y con la UOM.
Esta es una de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad que pone en relieve la participación de las empresas en la represión ilegal de la dictadura con la intención de terminar con la organización de los trabajadores. Puntualmente, en este caso se trata sobre todo de trabajadores de la lista Marrón de la Unión Obrera Metalúrgica de la seccional Villa Constitución, que habían ganado las elecciones gremiales poco tiempo antes. Pero, sobre todo, eran militantes políticos que habían participado en las huelgas que paralizaron el corredor industrial del sur santafesino y que pasaron a la historia como “El Villazo”.
La participación de la empresa Acindar en la represión tiene características que se repitieron incluso en otros operativos similares a lo largo del país, como lo ocurrido en Jujuy en la llamada Noche del Apagón, donde la empresa Ledesma aportó la logística y la información para secuestrar a quienes se organizaban para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo.
A fines de 1975, Acindar les había ordenado a sus operarios que realizaran el trámite para sacar la cédula de identidad de la Policía Federal y que se tomaran fotografías para renovar el carnet de fábrica. Esas fotos terminaron usadas por los militares para identificar a los trabajadores durante los operativos de secuestros y allanamientos. Además, la empresa puso a disposición de las fuerzas represivas medios de transporte y sus instalaciones: en su planta funcionaba un destacamento policial y en los albergues de solteros de la fábrica funcionó un centro clandestino de detención. A este lugar fueron conducidos algunos secuestrados y allí mismo, torturados. Algunas de las víctimas fueron secuestradas en lugares en los que sólo el personal directivo de Acindar sabía que se encontraban.
Vale remarcar que en ese contexto represivo, Acindar, que tenía como presidente del directorio a José Alfredo Martínez de Hoz, se benefició del proceso de concentración de la actividad siderúrgica durante la última dictadura militar cuando “Joe” fue ministro de Economía.
Pedidos de penas
Al finalizar la exposición de nuestro alegato, pedimos que el tribunal considere los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad y que se condene a prisión perpetua a los jerárquicos de la empresa Acindar, Pellegrini y Torralvo, por ser partícipes necesarios de los secuestros de 37 personas y de los homicidios agravados por alevosía de Jorge Ramón Chaparro, Julio Palacios, Concepción De Grandis, Carlos Alberto Ruescas, Jorge Raúl Andino, Carlos Antonio Tonzo, Pedro Antonio Reche y Miguel Ángel Lobotti.
Además pedimos la condena para los miembros de las fuerzas de seguridad imputados: 25 años de prisión para Roberto Raúl Squiro, Oscar Alberto Vessicchio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes Carmen Amanda Grossoli, Ricardo Antonio Burguburu y a Juan Carlos Romero por ser coautores de los secuestros de 23 personas. Mientras que para Roberto Álvarez y Amadeo Chamorro pedimos la misma pena por el mismo delito y por tormentos agravados. En el caso de Jorge Aníbal Lozano Windus, el pedido fue de 24 años y para Oscar Roberto Giai pedimos 12 años de prisión. Mientras que para los hermanos Horacio Miguel y Juan de Jesús Nardi la pena pedida fue de 6 años.
Desde el CELS querellamos como organización de derechos humanos en esta causa.
El personal jerárquico de la empresa Acindar tuvo un rol fundamental en la represión ilegal de la dictadura a trabajadorxs de la siderurgia.
Hoy terminamos de alegar en el juicio contra civiles y policías por los crímenes de Villa Constitución.
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