El Gobierno informó que cumplirá con la cautelar que le prohibió despedir estatales en el INTA

Este viernes el gobierno nacional de ultraderecha confirmó que obedecerá la orden judicial de frenar el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores y trabajadores estatales. La misma había sido dictada por la jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Martina Forns, en el marco de la cautelar presentada por los gremios APINTA y ATE.

La protesta ante el Congreso el 21 de agosto en la votación que terminó de dar de baja los decretos delegados. Foto: APINTA

El pasado jueves 21 de agosto el gobierno nacional pretendió desconocer tanto la votación del Congreso que dio de baja el Decreto delegado 462/25 de desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), como la cautelar de la Justicia Federal que lo había dejado sin efecto 24 horas antes, y pasó a disponibilidad a casi 300 trabajadores del organismo.

Pero el martes 26 de agosto el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor del pedido realizado por los gremios ATE y APINTA, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica.

Finalmente este viernes, en medio de la conmoción por el escándalo de las coimas, las duras derrotas parlamentarias y el creciente rechazo popular, el gobierno nacional de ultraderecha comunicó que acatará y dará marcha atrás con los cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y con los despidos.

“Cómo se nota que lo único que les duele a ustedes es la plata eh… Les dijeron que los iban a multar con 10 millones de pesos diarios si no cumplían y enseguida se volvieron obedientes”, chicaneó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en un posteo celebrando la noticia.

Por su parte, Mario Romero, el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del INTA (APINTA), le dijo al portal InfoGremiales: “ahora estamos como antes del 7 de julio”.

La referencia es al día previo a la publicación de los decretos delegados de destrucción del Estado con los que el gobierno quiso disolver, vaciar y fusionar 21 organismos.

Se trata de los decretos delegados que el Congreso terminó de dar de baja el pasado jueves 21 de agosto.

El presidente mileísta del INTA, con las horas contadas

A la decisión del gobierno se suma que la continuidad de Nicolás Bronzovich, el “presidente-interventor” elegido por Javier Milei para implementar el vaciamiento, despidos y remate multimillonario de bienes que el gobierno quería hacer sobre el organismo científico y tecnológico, está en duda.

Nicolás Bronzovich haciendo de moderador en el Congreso de Aapresid, los grandes impulsores del modelo sojero en Argentina, el pasado 8 de agosto. Foto: cuenta del funcionario en Twitter/X @nicobronzo

Es que claro, la figura autoritaria de Nicolás Bronzovich, el transmisor de las decisiones directas del Poder Ejecutivo hacia el organismo, queda vacía si los cambios vuelven atrás, porque está al caer la restitución del antiguo Consejo Directivo del INTA (en el que participan las entidades rurales como la Sociedad Rural y CONINAGRO y las universidades nacionales).

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