Organizaciones y familiares de Sofía Fernández, la chica trans asesinada en la comisaría 5ª de Derqui en abril del año pasado, se movilizaron esta semana a la dependencia para reclamar justicia. Hay 10 policías procesados en la causa; en mayo quedaron detenidos pero al mes los liberaron y ahora sólo uno continúa preso. La Comisión Provincial por la Memoria se constituyó como particular damnificado institucional en la causa, en su calidad como Mecanismo local de prevención de la tortura.
A 15 meses de la muerte de Sofía Fernández se convocó a una movilización frente a la dependencia policial donde la mataron. La mujer trans de 39 años murió en abril de 2023, dos días después de su detención y alojamiento en la comisaría 5ª de Presidente Derqui, partido de Pilar. Desde julio de 2023 la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) interviene en la causa como particular damnificado institucional y ha participado de todas las instancias procesales y periciales, solicitando medidas y siguiendo el proceso de la investigación.
Mientras la versión policial informaba que el deceso había sido por muerte súbita en el interior del calabozo, la autopsia reveló que fue por asfixia. A Mabel, su hermana y con quien convivía, le dio la noticia una psicóloga del municipio que llegó a su casa en la madrugada acompañada de dos agentes de gendarmería: le dijo que había tenido un paro cardíaco o muerte súbita. “Dejaron pasar mucho tiempo para informarnos sobre lo que había sucedido. Cuando entré a mi casa y agarre el teléfono para llamar a mi hermano le dije a mi marido ‘la mataron’. Se suponía que se iban a poner en contacto conmigo para reconocer el cuerpo y ese contacto jamás llegó; cuando me vuelvo a comunicar me dicen que el cuerpo ya había sido trasladado a la morgue de Lomas de Zamora. No nos dieron tiempo a nada, fue todo un infierno”, cuenta.
En mayo, a pedido de los fiscales Esteban Álvarez –de la unidad fiscal de investigación de drogas ilícitas de San Isidro-, Manuel Cayuela –de la fiscalía especializada en Violencia de Género- y la ayudante fiscal Victoria Santamaría, diez integrantes de la Policía Bonaerense fueron procesados y detenidos por el homicidio y posterior encubrimiento. Pero para junio 9 de ellos quedaron libres: el Juzgado de Garantías N° 7 de Pilar, a cargo del juez Walter Seatone, consideró que aún no había pruebas suficientes para acreditar su participación en el crimen.
Los oficiales ayudante Carlos Rodríguez y Ezequiel Francisco Ávalos Ibáñez, el sargento Germán Gonzalo Robles, la sargento Yésica Isabel Núñez y la subteniente Viviana Edith Ruiz estaban acusados de ser autores del asesinato calificado por odio a la identidad de género. Otros cinco funcionarios policiales estaban detenidos por encubrimiento: el titular de la comisaría Daniel Eduardo Salerni, Miriam Elisabeth Valor, subcomisaria, la oficial Camila Belén Pitulak, Gabriela Itatí Mino, sargento, y Gustavo Gabriel Camacho, oficial ayudante. Eran todos los agentes que habían prestado servicio ese día.
Ahora, el único que quedó detenido es Carlos Rodríguez, que se encontraba en la comisaría a la hora de la muerte y era la única persona que tenía bajo su custodia las llaves del calabozo.
“El Ministerio de Seguridad de la Provincia les provee a los policías los abogados para la defensa, también peritos policiales para esa parte. Eso no debe pasar –subraya Mabel- y esto es un pedido que estamos haciendo al Gobernador, porque aquí se violaron derechos humanos”. Para la familia, que también viene reclamando acompañamiento terapéutico y medidas de protección, el camino de la justicia se vuelve lento. “Hay pocos avances, el juez nos está poniendo peros, así que cada dos por tres tenemos rechazos de las medidas que estamos solicitando, como cuestiones en torno a la seguridad mía y de mi familia, o que los policías no puedan salir del país, son cosas que apelamos”, agrega Mabel.
La CPM también presentó su apelación respecto a la liberación de los policías y espera resultados de las pericias que pueden reunir nuevas pruebas respecto de la participación de estos agentes en la muerte y encubrimiento. Esta semana, por ejemplo, se esperaba el desarrollo un estudio de cotejo de ADN.