La Justicia hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó la clausura de los calabozos de la comisaría 8ª de La Plata. La medida se tomó tras constatarse condiciones inhumanas de detención: hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y presencia de roedores, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. En un lugar con capacidad para hasta 3 personas, se alojaban 45. La comisaría estaba clausurada por orden judicial y resolución del propio Ministerio de Seguridad, órdenes reiteradamente desobedecidas. Por esta razón se inició una investigación penal.
Tras recibir denuncias de familiares de personas detenidas en la comisaría 8ª de La Plata, la Comisión por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura (MLPT), presentó un habeas corpus colectivo a la Justicia provincial pidiendo la clausura. Según el relevamiento realizado por la CPM, entre 40 y 45 personas estaban alojadas en un espacio de apenas 16 m², sin ventilación ni acceso a baños adecuados. También se constató que la provisión de agua dependía del personal policial y de los propios familiares, y que en algunos turnos la cortaban deliberadamente porque «molestaba el ruido de la bomba».
La denuncia presenta un diagnóstico lapidario sobre las condiciones edilicias: celdas sin luz natural ni ventilación, lo que genera un ambiente sofocante e insalubre; acceso al agua a través de botellas entregadas por los policías o familiares, que muchas veces no alcanza para todos; falta de inodoros convencionales que son reemplazados por una letrina improvisada en el piso para decenas de personas, sin posibilidad de higiene adecuada. Además, se registró la presencia de ratas y otros roedores, lo que obliga a los detenidos a envolver sus alimentos en bolsas o mantenerlos colgados para evitar la contaminación.
Los detenidos también denunciaron un trato cruel por parte del personal policial. Durante el horario de visita, la mitad de los detenidos eran trasladados de celda y, al finalizar, volvían a ser hacinados en el mismo espacio reducido. La falta de espacio para acostarse obligaba a muchos a dormir sentados o sobre el piso de cemento frío. También se registraron restricciones arbitrarias para recibir de las familias comida y artículos de higiene.
Por otro lado, también denunciaron la casi inexistente atención médica. Los detenidos no contaban con acceso regular a controles médicos ni a medicamentos, incluso en casos de enfermedades crónicas o dolencias urgentes. La precariedad sanitaria también quedaba evidenciada en la falta de higiene y en la ausencia de instalaciones adecuadas para el tratamiento de dolencias básicas. Según lo constatado en la inspección impulsada por la CPM, esta situación vulnera de manera directa el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y contradecía los estándares mínimos establecidos en tratados internacionales de derechos humanos.
A partir de la denuncia, la justicia ordenó inspecciones y relevamientos en la comisaría. Un peritaje determinó que la infraestructura era deficiente y que el lugar no reunía condiciones mínimas de habitabilidad. Además, se corroboró que los calabozos ya habían sido clausurados por una orden ministerial y judicial previa, lo que evidencia el incumplimiento sistemático de las normativas. El juzgado ordenó que se investigue la posible comisión de delitos de parte de los funcionarios policiales.
En su resolución, el juez de Garantías de Cañuelas Martín Miguel Rizzo ordenó el traslado inmediato de todas las personas detenidas a establecimientos habilitados en un plazo máximo de 48 horas y prohibió el ingreso de nuevos detenidos hasta que se realicen las reformas necesarias. También dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia presente en 15 días un plan de reparación integral del edificio.