Cada año miles de trabajadores y trabajadoras viajan lejos de sus hogares junto a sus familias para trabajar durante algunos meses en la cosecha de la vendimia, la yerba mate y otras oportunidades laborales. Duermen en galpones, carpas, gazebos o pequeños cuartos, donde abundan los colchones viejos y la falta de abrigo e higiene. El decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio dejó a muchos con sus trabajos paralizados abruptamente y varados en chacras o terminales de ómnibus de diferentes puntos del país, abandonados a su suerte por gobiernos provinciales y dueños de campos. Otros, en cambio, se vieron obligados a continuar trabajando en condiciones precarias. Se trata de los y las trabajadoras rurales golondrina. Un recorrido por la situación de un sector presente en todo el país que, por su naturaleza geográfica temporal y socialmente móvil, sufre de manera crónica niveles altísimos de informalidad y precariedad laboral. Aquellos que no tienen voz ni derechos, y cuyas condiciones son preexistentes a la pandemia.
Por Fernando Ruffa, ANRed.
Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández por medio del Decreto 297/2020 – como medida para frenar la expansión del coronavirus (Covid-19) en Argentina – muchos trabajadores y trabajadoras rurales golondrina vieron abruptamente suspendidas sus tareas, quedando varados en chacras y terminales de ómnibus, abandonados por los dueños de los campos y los gobiernos, sin poder volver a sus hogares para cumplir con la cuarentena. Otros, en cambio, se vieron obligados a continuar trabajando en condiciones laborales y de salubridad precarias.
Un ejemplo de este sector son los miles de peones que migran año a año a Mendoza para emplearse en la cosecha de la uva o por otras “changas”. Este año la cuarentena obligatoria los encontró levantando la cosecha de la uva pero el trabajo continuó. Decretado como tarea esencial, los empresarios no podían perder la fruta y no vender el vino, en un negocio donde la paga a los y las cosecheras es por tacho completo, habitualmente en negro y sin ningún registro, y las jornadas laborales son extensas.
“En Mendoza, a los trabajadores rurales se les permitió trabajar para no perder las cosechas, pero nadie se ocupó de garantizar su regreso. Debería haber habido una coordinación entre los gobiernos de Mendoza, Jujuy y Nación para que los micros estén autorizados a viajar con todas las medidas de seguridad”, reflexionó en entrevista con ANRed Laura Rodríguez, de la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que junto a otras organizaciones sociales asisten en estos días a las familias varadas, que en general quieren volver a Jujuy y Salta. “La situación actual es que ha seguido llegando gente a la terminal todos los días, y va a seguir llegando – expresó, preocupada – Hay gente que llega con un pasaje y gente que no, e incluso gente que ni siquiera tiene plata para comprar un pasaje, porque los patrones en las fincas les han estado diciendo que se vayan por el coronavirus. A esto se suma que esta cosecha ha sido mala, la gente a trabajado poco y se le ha pagado poco”.
Río Negro y Neuquén también reciben año tras año a miles de trabajadores golondrina de diferentes provincias del norte argentino, que recorren más de dos mil kilómetros para trabajar en la poda, raleo y cosecha de la pera y la manzana. En el marco de la cuarentena obligatoria, cientos también quedaron aislados y varados en varias localidades. “Nosotros que trabajamos en las chacras no tenemos novedades. Estamos gastando lo poco que nos queda del sueldo que hemos ganado en estos meses. Hay más o menos entre 500 y 600 personas entrerrianas esparcidas en todo el valle. Lo único que pedimos es volver a nuestras casas, con nuestras familias y cumplir la cuarentena tranquilos”, expresó preocupado a ANRed uno de ellos, que estaba trabajando en una chacra de la localidad rionegrina de Cervantes (cercana a General Roca).
Los trabajadores golondrina: una situación preexistente a la pandemia
Dar cuenta de la situación global del sector de los y las trabajadoras rurales golondrina resulta un gran desafío, porque por su naturaleza geográfica temporal y socialmente móvil como trabajadores migrantes y temporarios, la información al respecto es muy dispersa y los niveles de informalidad muy altos.
Elena Mingo, socióloga e investigadora del Conicet en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL), dentro del programa “Trabajo, hogares y organizaciones en espacios rurales”, dialogó con ANRed y hechó un poco de luz sobre el origen y las características principales de este sector. “La tradición de circulación de fuerza de trabajo migrante transitoria es una de las características históricas en la conformación de las economías regionales para abastecimiento de alimentos al mercado interno argentino, por lo que encontramos antecedentes desde finales del siglo XIX – explica la investigadora – La precarización de las contrataciones y la temporalidad del empleo son las dos características estructurales sobre las que se ‘organizan’ las condiciones laborales para les trabajadores agrícolas estacionales que participan trabajando en las explotaciones intensivas en el uso de mano de obra. Luego hay que tener en cuenta otras dimensiones que modifican estas características estructurales, dando por resultado una diversidad de situaciones dentro de este colectivo. Entre ellas, la condición de trabajadora o trabajador migrante temporario conjuga dos variables que tienden a profundizar y complejizar las ya estructurales condiciones de precariedad”.
“La migración desde la provincia de Santiago del Estero es una de las de mayor antigüedad – destaca Mingo – Las y los trabajadores participan en varios circuitos entre ellos: la desflorada del maíz, para la producción de semilla en la provincia de Buenos Aires. La ‘arrancada’ o cosecha de papas al suroeste de la provincia de Buenos Aires y más recientemente se suma el circuito Santiago del Estero y Catamarca para la cosecha del olivo”.
“Otro circuito también tradicional es el que hacen trabajadoras y trabajadores del norte del país (Tucumán y Salta predominantemente) hacia las provincias de Mendoza y Río Negro. Estos circuitos comienzan en diciembre y se extienden hasta el mes de abril cuando finaliza la vendimia. Otro de los circuitos característicos, pero más reciente, es el de la migración de trabajadores, varones, hacia la provincia de Entre Ríos para la forestación”, detalla la socióloga, que se desempeña desde el 2005 en el CEIL, un equipo de investigación que cuenta con larga trayectoria en el campo de la sociología rural.
Asimismo, la investigadora considera que la historia de las y los trabajadores rurales golondrina se caracteriza por un “contexto general de invisibilización histórica de las condiciones”, además de “escasas intervenciones sobre la regulación de esas formas de empleo y contratación”. Aunque considera que “es importante destacar la sanción de la ley 26 727 de ‘Régimen de trabajo agrario’ en diciembre de 2011, que visibiliza estas formas de contratación, sobre todo aquellas que se repiten año a año, bajo la figura del ‘trabajador permanente discontinuo’, además de proponer en sus artículos la regulación de las condiciones de traslado, vivivienda, alimentación e higiene”. En el marco de dicha ley se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) que, según detalló la investigadora, “trabajó en la regulación, inspección y visibilización de estas particulares condiciones de trabajo, estrategias de reproducción, vivienda y sanidad”, destacó la investigadora, que aclaró que el ente “fue disuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre del año 2015”.
En cuanto a la situación actual de las trabajadoras y trabajadores varados en las provincias de destino por la cuarentena debido al Covid-19, Mingo remarca que se trata sólo de una coyuntura que visibiliza algo crónico, histórico y preexistente a la pandemia: “expone la enorme variedad de situaciones de desigualdad y precariedad a la que están sometidos y sometidas una enorme porción de las argentinas y argentinos. Son condiciones que no son propias de la coyuntura sino que son históricas y solamente la coyuntura las visibiliza. En este sentido, quedar ‘varados’ es algo habitual para ellos y ellas. Las condiciones de contratación precarias hacen que muchas veces no se cumplan las promesas de pago del pasaje de regreso. También sucede que llegan a los lugares de destino y no encuentran empleo rápidamente. Esta situación los tiene deambulando y viviendo en malas condiciones hasta que logran insertarse. Por otra parte, la estadía mientras dura la temporada de trabajo tiene también complejidades. Algunos arreglos de contratación incluyen la vivienda en casas ‘colectivas’ dentro de las fincas. En otros casos deben alquilar viviendas durante la temporada, estas zonas proveen ese servicio para los migrantes, siendo una fuente de ingreso para las familias locales”.
Finalmente, la especialista destaca que es importante “para generar intervenciones estatales o sindicales, escuchar la experiencia que estos trabajadores tienen sobre los circuitos migratorios y las formas en que crean relaciones con los lugares de destino que les han permitido sostener la reproducción de sus vidas y las de sus familias a lo largo de décadas”.
Del sur al noreste
Yendo hacia el noreste de la Argentina, también se encuentran condiciones laborales similares. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras tareferas que se emplean en las cosechas de la hoja de yerba mate en Misiones, algunos de los cuales también a veces alternan un semestre en otras provincias, y luego vuelven a su lugar de origen.
Enso Ortt es un ex trabajador de la Secretaría de Agricultura Familiar. Hoy se encuentra en la Red de Agricultura Orgánica de Misiones y viene trabajando con campesinos y campesinas en ese rubro desde hace 13 años. “Muchos de los trabajadores transitorios, golondrinas o tareferos, son la base o mano de obra de las cadenas productivas – detalla, a modo de panorama general del sector en la provincia – Acá en la provincia hay muchos trabajadores golondrina o changarines que van a otras provincias, generalmente jóvenes, para Entre Ríos y Corrientes, para las cosechas de arándanos y la forestación en el cultivo de pinos y eucaliptos. Allí trabajan entre dos y tres meses en condiciones muy precarias, aislados. Muchos trabajan en negro, y hacinados en campos productivos. Las condiciones en las que trabajan o que viven no les reconoce el lugar importante que tienen en la cadena de la yerba mate. También muchos se emplean en la producción de tabaco”.
“Como muchos viven lejos de la cosecha, en barrios pobres de la provincia, los contratistas que arman las cuadrillas de tareferos los trasladan, y muchos deben quedarse en el yerbal, porque puede durar varios días la cosecha, dependiendo del tamaño. La legislación determina que deben estar en buenas condiciones por eso. Pero eso no sucede. Muchas veces los contratistas tienen a los tareferos debajos de lonas de hule, donde duermen todas las noches, no tienen condiciones de higiene y cocinan a la intemperie, para seguir trabajando toda la semana. El tiempo de trabajo total de la cosecha es de seis meses aproximadamente, y luego no hay trabajo”.
“La situación de los trabajadores golondrina en la zona es muy complicada – nos cuenta Federico Chilavert, Secretario General de la CTA Autónoma de Montecarlo – Hay un grupo de nueve compañeros que estaban varados en la cosecha de manzana en Río Negro. Ellos fueron porque acá en Montecarlo la zafra yerbatera termina en septiembre. Por eso fueron a cosechar manzanas. Terminan de cosechar allá, y vuelven a la zafra yerbatera, que comienza en marzo. Después hay otros trabajadores golondrina que vienen de Paraguay y Corrientes, que vienen a cosechar citrus, que también está en una situación complicada, porque a pesar de estar exceptuados, no podían trabajar mucho porque son trabajadores informales y sobre todo muy precarizados, y los patrones no cumplimentan los requisitos del decreto presidencial”.
En cuanto a la situación de los tareferos, Federico detalla que hay una gran diferencia de condiciones entre aquellos que están registrados en blanco y quienes no: “en Misiones hay 9 mil tareferos y tareferas que están registrados. El gobierno da una cifra de 16 y 18 mil, pero por la cantidad de yerba que se cosecha que declara el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), nosotros creemos que hay entre 20 y 21 mil. En la zona de Montecarlo hay 540 que están en blanco y unos 180 que están en negro. Entre estos últimos están los que son de las comunidades guaraní, que trabajan por menos precio, porque los patrones les dicen que si los blanquean pierden la Asignación Universal por Hijo (AUH), perdiendo beneficios con los que cuenta el trabajador cuando está con el marco legal. Y quedan totalmente desprotegidos. En cambio, los que están en blanco cuentan con un programa que se llama ‘Interzafra’, que antes era nacional, pero ahora se hizo cargo la provincia, porque el macrismo no pagaba. También tienen una tarjeta alimentaria de $2300, adquirida luego de las luchas de las organizaciones sociales y sindicales hace cuatro años atrás”.
También de Montecarlo, Roberto Oscar Meza, trabajador tarefero y referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) cuenta que si bien año tras año la situación fue mejorando, no ha sido suficiente: “seguimos teniendo compañeros que siguen viajando mal arriba de camiones y en vehículos que no son para transporte personal. Es un dolor constante que acá todos los tareferos vivimos en Misiones entero, cosa que tapan los referentes provinciales. Hay una ley que dice que los elementos de trabajo deben ser gratis, pero acá se le está cobrando los elementos de protección a los compañeros, como los serruchos y tijeras, que son los que manda la provincia”. Asimismo, nos relató cómo los afecta la situación de cuarentena: “con esta situación es imposible estar trabajando, porque se te prohíbe salir a trabajar. Llegás a las 12 del mediodía y nuestros chicos nos preguntan ‘pa, ¿qué trajo pa comer?’. Y ‘pa no trajo hoy para comer’, porque no tuvo esos 80, 100 o 150 pesos, que en los galpones de tareferos le están pagando la bolsita a los trabajadores. Tenemos que trabajar con una plata que ya gastamos. Entramos a trabajar con cuenta. Porque estos días que se estuvo en la casa, se saca adelanto y con órdenes de compra, que luego hay que pagar. En eso nos afecto muchísimo”.
Para ampliar la información sobre este sector, consultamos también a Javier Gortari, que es profesor de grado y posgrado de Economía Política Regional de la Universidad Nacional de Misiones. Sus tesis de maestría y doctorado fueron investigaciones en relación a la economía yerbatera. También participó junto con la universidad en el Relevamiento Provincial de Tareferos (2010/12) y en el armado del Plan Estratégico para la Yerba Mate (2011/13), realizó ponencias en congresos y publicaciones de artículos sobre el tema, y junto a otros colegas produjo en coautoría varios libros especializados en la temática yerbatera.∗
Sobre la cantidad de trabajadores y trabajadoras tareferas que hay en la actualidad, Gortari detalla: “se estima que cerca de 20 mil familias están involucradas en el trabajo de la cosecha de yerba mate. Estadísticamente, para una producción de 800 millones de kilos de hoja verde anuales (promedio de los últimos años), un rendimiento diario por cosechero de 450 kilos (dato que viene del relevamiento de tareferos), 7,5 meses de cosecha plena (6 meses de cosecha gruesa – 80% del volumen – y 4 de zafriña -20%-), y un promedio de 15 días por mes (descontando días de lluvia, enfermedades e imprevistos), son necesarios 16 mil tareferos”.
En cuanto a las condiciones laborales y sanitarias de los trabajadores explica: “en términos genéricos, podemos decir que la situación de los trabajadores de la cosecha de la Yerba Mate no ha variado sustancialmente desde aquella descripción que hiciera J.Niklison (contemporánea a la de Bialet Masse) inspector del Departamento de Trabajo de la Nación, hace un siglo. Las condiciones de trabajo: 70% de informalidad, trabajo infantil, explotación familiar, medios precarios de transporte al lugar del yerbal (camiones de carga), falta de condiciones mínimas en los lugares de trabajo: sin sanitarios, sin agua potable, sin electricidad, sin conexión telefónica, sin comedores. Campamentos en carpas de plástico, con colchones en el piso de tierra y con fogones improvisados para cocinar. Sin atención médica para enfermedades o accidentes laborales. Sin obra social. Sin aportes previsionales para una futura jubilación”.
En cuanto a la paga que hoy reciben, el investigador detalla: “por Resolución 286 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario), es de $2,5 por kilo. A 450 kilos diarios y trabajando 20 días al mes, un trabajador promedio estaría cobrando, un jornal de $ 22.500 mensuales (la mitad del equivalente a una Canasta Básica para no ser pobre calculada por el INDEC) (y durante 7,5 meses del año: el resto del año, si está en blanco, cobra un subsidio mensual de $2.500 y bolsones de comestibles provinciales si no está registrado). Esos 450 kilos de hoja verde, una vez secados y envasados, equivalen a 150 kilos de yerba lista para consumo. A $200 el kilo en góndola, eso quiere decir que el trabajador en un día produce la materia prima necesaria para un producto final cuyo valor es del orden de los $30.000 (y en cuyos costos la incidencia de la mano de obra/materia prima es del 70%). Podemos concluir que ese trabajador produce en un día más del equivalente a su salario mensual. En los otros 19 días todo el valor que produce su trabajo es apropiado por el dueño del yerbal, el contratista de la cuadrilla de tareferos, la industria de secado y la molinería, el transporte y la comercialización, y los impuestos”, destaca Gortari.
Asimismo, el especialista detalla que quienes se emplean en las cosechas de yerba son reclutados de asentamientos de las ciudades del interior de Misiones, como Oberá, San Vicente, Montecarlo, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Andresito, Apóstoles y San Ignacio, donde “el 80% de las casas es de madera, 40% techos de chapa de cartón y piso de tabla, 60% sin acceso a red de agua potable, el 75% usa letrina y otro tanto leña como combustible para cocinar. Algunos van y vienen todos los días del yerbal, cuando es relativamente cercano. Si el lugar de trabajo es más lejos, lo que encarece el transporte, acampan en el yerbal durante la semana o a veces más días para que rinda el viaje”, detalla Gortari, en base a los datos que arrojó el Relevamiento Provincial de Tareferos.
* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
∗ Los libros que publicó Javier Gortari en coautoría son: “Economía Regional Yerbatera 2002-2016: logros y limitaciones en 15 años de funcionamiento del INYM (Edunam, 2018)”, “El agro misionero y la represión durante la última Dictadura cívico-militar: testimonios (Edunam, 2018)”, “Tareferos: vida y trabajo en los yerbales (Edunam, 2017)”, “Dinámica agraria y Políticas públicas: desigualdades sociales y regionales (Edunam, 2016)” y “De la tierra sin mal al tractorazo: hacia una economía política de la Yerba Mate (Edunam, 2008)”.
Fuente: ANRed