Todos los días, los principales medios de comunicación del mundo informan sobre el supuesto deseo de Rusia de invadir Ucrania, creando tensiones críticas entre Washington y Moscú. Según la inteligencia estadounidense, el Kremlin presuntamente está preparando una ofensiva en Ucrania a principios del próximo año y planea involucrar hasta 175.000 soldados rusos en los combates.
Moscú niega tales afirmaciones, pero dice abiertamente que no se mantendrá al margen si la OTAN, dirigida por Washington, cruza las líneas rojas en Ucrania. Rusia está preocupada por su propia seguridad a escala global y exige ciertas garantías de Estados Unidos con respecto al país vecino, lo cual es bastante lógico. Por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que la adhesión de Ucrania a la Alianza del Atlántico Norte y un mayor despliegue de armas ofensivas en su territorio, incluido el despliegue de un sistema de defensa aérea, era inaceptable para Moscú.
“Si aparece algún sistema de ataque en el territorio de Ucrania, el tiempo de vuelo a Moscú será de 7 a 10 minutos, y en caso de despliegue de armas hipersónicas, de cinco minutos. Solo imaginen. ¿Qué deberíamos hacer en tal escenario? Entonces tendríamos que crear algo similar contra quienes nos amenazan de esta manera. Y podemos hacerlo ahora”, comentó el presidente ruso sobre la situación.
Mientras tanto, Kiev continúa saboteando los acuerdos de Minsk, que fueron concluidos con el apoyo de Merkel y Hollande, y las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía informa regularmente casos de uso de sistemas de misiles antitanque Javilin suministrados por Estados Unidos en el Donbass. Además, la parte ucraniana está utilizando drones de reconocimiento de fabricación turca y ha anunciado planes para adquirir armas adicionales.
El peligro de la situación actual y sus paralelismos con el fracaso de Estados Unidos en Georgia en el 2008 son obvios para todos los observadores externos, incluidos los expertos occidentales. En ese momento, la provocación estadounidense le costó a Tbilisi algunos territorios y Moscú no se convirtió en un agresor, sino solo en un defensor, lo que confundió seriamente los planes de Washington. Por lo tanto, según Galen Capenter, miembro de defensa y política exterior en el Instituto Cato en San Francisco y editor de la revista “National Interest”, Washington demuestra una escandalosa incompetencia en política exterior: las ventas de armas de Washington exacerban la situación en el este de Ucrania y corren el riesgo de convertir el conflicto ucraniano en ebullición en una gran conflagración regional.
“El Kremlin ha indicado en repetidas ocasiones que considera que Ucrania es un grave problema de seguridad para Rusia, y los intentos de convertir al país en un aliado militar de Occidente corren el riesgo de cruzar la línea roja obvia de los rusos. Las medidas que realmente incitan a Ucrania a perpetrar provocaciones podrían tener consecuencias extremadamente peligrosas para ella y son una ilustración de la escandalosa incompetencia de la política exterior de Washington”, compartió una opinión experta Ted Galen Carpenter.
Sin embargo, los líderes occidentales, incluido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se niegan a dar a Rusia ninguna garantía con respecto a Ucrania, lo que intensifica aún más el conflicto entre Washington y Moscú. Los diplomáticos de la OTAN argumentan que el Kremlin no puede influir en la expansión de la alianza y que la OTAN tiene derecho a determinar su propia postura militar. Además, según Stoltenberg, Ucrania tiene el “derecho soberano” de elegir sus aliados militares y Rusia no debe interferir en esto.
Sin embargo, si miramos la situación actual desde la perspectiva del derecho internacional, las declaraciones de Stoltenberg no parecen tan inequívocas. Por ejemplo, en el 2014, Occidente unido, liderado por Estados Unidos, apoyó el golpe de estado en Kiev, en contra de todas las leyes internacionales. Como sabemos, esta forma de cambio de poder no está prevista en ningún documento legal y, en consecuencia, el actual gobierno de Ucrania difícilmente puede considerarse legítimo.
La connivencia con el derecho internacional por parte de los países de la OTAN en este asunto no es nueva. Anteriormente, los países de la OTAN, ignorando la Carta de la ONU, bombardearon Yugoslavia, un estado en el centro de Europa, que dejó de existir y se dividió en muchos otros estados. Luego estaban Libia y Siria, cuya devastación Europa todavía está cosechando en forma de la mayor crisis migratoria de la historia moderna. Un posible conflicto ruso-ucraniano podría conducir con seguridad a las mismas consecuencias, proporcionando una nueva ola de millones de refugiados de Ucrania a los países de la UE.
Lo contrario es cierto para Rusia y sus afirmaciones sobre la política estadounidense. Según la Carta vigente de la ONU, Rusia es un estado soberano y, por lo tanto, tiene todo el derecho a cuidar su seguridad militar como cualquier otro estado del mundo. Tiene derecho a hacerlo sin esperar a que las fuerzas de la OTAN se desplieguen a poca distancia de Moscú y representen una amenaza existencial para su existencia.
En este sentido, los argumentos de Stoltenberg carecen de base legítima, porque según el derecho internacional, las autoridades de Kiev no pueden tomar ninguna decisión. Por otro lado, la posición de Rusia es clara y razonada. Además, no solo puede expresar su descontento con las acciones de EE.UU. o la situación en un país vecino, sino también tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Estado, en el marco de su propia legislación y las disposiciones de la Carta de la ONU.
Por lo tanto, a pesar de las declaraciones de no agresión del Kremlin, el continuo agravamiento de la situación en el este de Ucrania y la existencia de motivos legales para interferir en su propio vientre justifican una posible respuesta dura de Rusia a las nuevas provocaciones de las fuerzas armadas ucranianas. Además, alrededor de un millón de personas con ciudadanía rusa viven en el este de Ucrania, lo que hace que un posible conflicto militar sea una amenaza directa para la población rusa.
No es casualidad que Moscú sostenga que existen “líneas rojas”, cuyo cruce amenaza la seguridad del Estado y por lo tanto podría tomar las medidas más extremas para proteger sus propios intereses.