Organismos de derechos humanos y la CTA Autónoma denunciaron que el proyecto implica una "supresión de garantías procesales constitucionales y convencionales", dado que habilitaría detenciones sin orden judicial, sanciones penales a una persona por integrar un grupo determinado sin haber cometido ningún hecho, e incluye una reforma ilegal del Estado de Sitio, entre otras inconstitucionalidades. Se trata de un proyecto que, lejos de pretender combatir al crimen organizado, busca darle mayor impunidad a la represión de futuras protestas populares. La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma junto a organismos y personalidades de Derechos Humanos realizó una presentación a la Cámara de Senadores solicitando el rechazo en todos sus términos del proyecto de Ley...