El 21 de mayo pasado, el gobierno de ultraderecha había dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 que limitaba la huelga al punto de imposibilitar su efectivo cumplimiento. La jueza laboral Moira Fullana, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 3 lo suspendió mediante una cautelar el pasado 2 de junio. Ahora, casi un mes más tarde, la magistrada se pronunció sobre la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del DNU. La acción fue promovida por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el Estado Nacional, argumentando que el decreto violaba la Constitución Nacional al ampliar de manera arbitraria la lista de servicios esenciales y limitar de forma regresiva el derecho de huelga, especialmente en el sector de la Marina Mercante. La...