En medio del proceso de reorganización de la CGT, Macri y Vidal apelan a sanciones ejemplificadoras contra Moyano y Baradel para disciplinar al resto. La amenaza sobre las prestaciones de salud.
A caballo del ajuste anunciado por Mauricio Macri, el Gobierno redefinió su estrategia para intentar disciplinar al sindicalismo díscolo, masificando y engrosando -con muchos ceros- ahora a un instrumento que ya utilizó en diferentes sectores: las multas contra las organizaciones gremiales. Así lo confirman los anuncios recientes de sanciones millonarias contra el sindicato de Camioneros y el de docentes bonaerenses, que ya fueron utilizados para neutralizar medidas de fuerza en el sector aeronáutico.
Durante sus primeros dos años de gobierno, Cambiemos se valió de un abanico de medidas para marcarle la cancha a los gremios opositores, que tuvo como estrategia central la intervención de diferentes sindicatos. A través de acciones judiciales o directamente por la intervención del Ministerio de Trabajo, previa denuncia de algún sector opositor interno, el Gobierno intervino una decena de sindicatos para garantizar su “normalización”.
Gremios como el de canillitas, que conduce Omar Plaini o la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, fueron intervenidos con el argumento de supuestas irregularidades en el proceso de renovación de autoridades, pese a que en caso como el de los repartidores de diarios, la propia lista opositora que interpuso la denuncia rechazó que buscaba la intervención. Sobre las multas, Plaini aseguró este miércoles que “es una barbaridad, viola pactos internacionales y la Constitución”. “Es un signo más de este intento de disciplinamiento, extorsión y persecución”, cerró el sindicalista, en diálogo con Radio Led.
📻@OMARPLAINI en #ControlDeDaños: “El movimiento sindical debe reaccionar ante las multas del Gobierno a @cgt_camioneros y @SUTEBAProvincia. No sé si con un paro, que hay que trabajarlo y no lo uso como un elemento sistemático, pero sí un repudio generalizado”. @NicolasFioren
— Radio Led (@radioledonline) August 1, 2018
Los casos más mediáticos que sacudieron a la opinión pública fueron el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el de la Seccional La Plata de la Unión Obrera de la Construcción y el de Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que proyectaron a la (mala) fama a personajes del universo sindical como Omar “Caballo” Suárez, Juan Pablo “Pata” Medina y Marcelo Balcedo, respectivamente.
El caso de los portuarios resultó un arma de doble filo para el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; terminó enchastrado por el escándalo de haber colocado a gente de su confianza durante la intervención del gremio, tal como denunció Sandra Heredia, su ex empleada doméstica.
A esta estrategia se sumó la decisión de la cartera laboral de no homologar acuerdos paritarias y generar vacío institucional en diferentes representanciones,mediante la no certificación de las elecciones de autoridades.
Un caso que encuadra en este método es el que sufrió la cúpula de la Federación Aceitera. En 2015, dos años después de acceder a la conducción, Daniel Yofra y el resto del Consejo Directivo impulsaron una reforma del estatuto interno que incluyó la elección directa de sus autoridades a través del voto de afiliados. La reforma fue aprobada por el Ministerio de Trabajo pero no se reconocieron las autoridades sino hasta un año después, cuando sin su homologación se caía el acuerdo paritario.
Hoy movilizamos junto a cientos de miles de compañeras y compañeros por paritarias libres, contra el ajuste y los despidos https://t.co/YZk0n8gigh pic.twitter.com/Gtv1T1xESn
— Federación Aceitera (@FTCIODyARA) February 22, 2018
Lo cierto es que estos mecanismos, incluidas las multas, paralizan las cuentas de los sindicatos, impidiendo recibir aportes gremiales e incorporar nuevos abonados a sus obras sociales.
Por eso, frente la decisión de Triaca de aplicarle una multa de de 810 millones de pesos a Camioneros, motivada por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria, Hugo Moyano amenazó con trasladar a los pacientes de la obra social del gremio hasta el Ministerio de Trabajo.
A pesar de la advertencia del ex secretario general de la CGT, la cartera laboral informó este martes que, además de esa sanción, hay un segundo proceso sancionatorio en curso pero podría convertirse en la gota que rebalse el vaso del conflicto.
Triaca acusa a Camioneros de otro incumplimiento de la conciliación obligatoria, esta vez vinculada a una jornada de protesta realizada el martes 5 de junio, en un expediente que se va a resolver la semana que viene. “Nuestra organización hizo todas las presentaciones en la Justicia, y en caso de seguir persistiendo con una multa ridícula no descartamos movilizaciones o paros generales” dijo este miércoles Pablo Moyano.
“El 31 de Julio va a ser recordado como el día de la rebelión por la dignidad docente en todo el país” @RobiBaradel en Jornada Nacional de lucha de #CTERA pic.twitter.com/8X32Ws7OiG
— SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) July 31, 2018
En el caso de los docentes, la ofensiva oficial se canaliza a través del Ministerio de Trabajo provincial, desde donde partió la decisión de aplicar la millonaria multa, que supera los 650 millones de pesos.
La coincidencia entre la situación de los camioneros y los docentes es indiscutible. Según el Ministerio bonaerense, Suteba desconoció la conciliación obligatoria ordenadas por el gobierno provincial para el paro de 72 horas lanzado por el frente docente bonaerense. El gremio que conduce Roberto Baradel, que participa en la conducción de la CTERA, sí se adhirió a la jornada lanzada por la entidad gremial nacional y paró 48 horas, este lunes y martes. Este movimiento fue utilizado por el gobierno de María Eugenia Vidal para avanzar con una multa que será apelada judicialmente.