El estado de sitio que se vivió en diciembre de 2001 dejó un saldo de 39 muertes en todo el país. La semana pasada el fiscal general de la Cámara de Apelaciones resolvió aceptar el pedido de prescripción de Bernardo Guaira, policía acusado de disparar balas de plomo durante la represión.
El estado de sitio y la represión del 20 de diciembre de 2001 dejaron un saldo de 39 muertes en todo el país. Las 5 ocurridas en Capital Federal son las únicas con causas judiciales abiertas, y sólo dos de los responsables políticos vieron una sentencia después de 15 años.
El operativo policial fue juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 6, que en mayo de 2016 condenó a Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad Interior del gobierno de Fernando de la Rúa, y a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal Argentina, por ordenar y dirigir la represión.
“La causa lamentablemente ya lleva 17 años de proceso. Va muy lento. Se están haciendo peritajes y hace mucho tiempo no había avances significativos”, explicó Federico Efron, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, que lleva adelante la representación de los familiares de las víctimas del operativo.
Por su parte, desde el CELS también explicaron que una de las consecuencias del déficit de la investigación es que aún no se pudo determinar quiénes son los autores de los homicidios de Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón, Alberto Márquez y Gustavo Benedetto, y que por este motivo, la investigación judicial continúa abierta.
Uno de los acusados de haber disparado balas de plomo es el ex policía federal Bernardo Guaita. Declaró en 2003 y desde entonces la causa no avanzó. En noviembre del año pasado, la defensa planteó la prescripción y en julio de este año fue aceptada por el juez de primera instancia.
La fiscalía y el CELS, en representación de María Arena -compañera de Gastón Riva- y María Nieves Marino-mamá de Diego Lamagna- apelaron la decisión. Sin embargo, el 19 de septiembre, el fiscal general de la Cámara de Apelaciones, Germán Moldes, desistió de sostener la apelación.
“La verdad es que la situación de impunidad es bastante grave. Los familiares están muy preocupados y angustiados. Pero no están sorprendidos. Llevan 17 años recibiendo estas noticias y no dejan de estar muy enojados con nuestro sistema de justicia”, agregó Efron.
Desde el organismo manifestaron que la decisión del fiscal Moldes es un mensaje claro sobre cuál es la orientación que está teniendo la política de persecución penal en estos momentos. “Se cierra respecto a un policía que disparó armas de fuego en una protesta y se abre contra un grupo de manifestantes”.
La represión y la criminalización de la protesta existieron en la mayoría de los gobiernos. En las épocas que hubo menos fue porque había una decisión política de resolución de reclamos mediante un diálogo.
“En los últimos tres años, lo que estamos viendo es que la norma, la forma de responder, es con policía. Hay muchas situaciones de represión y detenciones al voleo. Cuando la policía decide avanzar se lleva a quien se lleva. No importa qué estaba haciendo la persona en ese momento, no importa si es un periodista o una persona que estaba manifestándose en paz, y lo estamos viendo prácticamente en todos los casos, y más que nunca estamos viendo un poder judicial que avala lo que hace la policía”, expresó el abogado.
Sobre la causa, resolvieron presentar un recurso de casación para pedir que se revoque el sobreseimiento por prescripción de Guaita. “Seguiremos hasta la Corte Suprema si hace falta, porque es importante que el Estado de una respuesta, y 17 años después la respuesta no puede ser sobreseer por prescripción. Tiene que ser avanzar hacia un juicio oral pronto. Sacando la sentencia del Tribunal Oral en 2016, todo lo demás es impunidad”, sostuvo Efron.