Desde hace 15 días, el dirigente de la Asociación Tareferos Unidos y presidente de la Comisión Directiva del Barrio San Miguel, permanece detenido en la Seccional Cuarta de Oberá.
El 26 de septiembre pasado, el abogado de Silva, Mauricio Hadad, solicitó la excarcelación de Silva, debido a que no existe ningún delito comprobable en su contra. La jueza Alba Kunzmann de Gauchat denegó el pedido. De este modo el caso revela el carácter político de la detención de Silva, a quien en realidad se lo castiga por exponer la miseria y la vulneración de derechos que tiene como víctimas a cientos de familias en emergencia habitacional, cuyas economías dependen de la cosecha manual de yerba mate, actividad signada por una explotación laboral histórica y persistente.
Este martes 9 de septiembre tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires una nueva protesta de organizaciones tareferas que entre sus reivindicaciones exigen la Libertad inmediata de Silva.
En paralelo, por estas horas, trascendió un escrito del abogado de Ramón “Moncho” Enríquez (Movimiento Agrario Misionero), en el que señala su “preocupación por la arbitraria detención de más de 15 días que sufre el dirigente tarefero Hugo Silva, al que se le negó el derecho a la excarcelación por el supuesto peligro que interfiera en la investigación del hecho denunciado calificado como usurpación, delito que tiene una pena máxima de 3 años por lo que correspondería la excarcelación solicitada”.
“En todo el tiempo que lleva de detención no se ha avanzado en nada en la investigación del supuesto ilícito, lo que nos lleva a pensar que se trata de una simple excusa para mantenerlo detenido. Y si nos adentramos al supuesto delito denunciado se puede observar prima facie, que el juzgado también debió apreciarlo, que no existió tal delito, ya que en primer lugar no existió la acción de despojar a otro como exige el tipo penal, por cuanto nadie ejercía ni la posesión ni la tenencia de las tierras ocupadas, no había ninguna señal que perteneciera a alguien. Tampoco existió violencia contra personas o cosas, ni clandestinidad puesto que la ocupación fue pública y pacífica. Y para colmo, la persona que realiza la denuncia del supuesto ilícito solo presenta un boleto de compraventa, que solo tiene valor entre las partes, ya que cualquier transacción sobre inmueble debe ser hecho en escritura pública e inscripto en el registro respectivo.”, explica el escrito.
“Hugo Silva es un preso político y su detención es una clara muestra de cómo el poder quiere silenciar nuestras luchas utilizando a la Justicia para incriminarnos en supuestos delitos, cuando en realidad acá se trata de un intento de disciplinar las voces críticas y a quienes muestran los efectos brutales del ajuste y la desigualdad social.”, afirman desde la Coordinadora Provincial de Trabajadoras/es en Lucha, que integran más de veinte organizaciones sociales, sindicales, campesinas y estudiantiles de la tierra roja.