La coalición macrista lo propuso en la provincia de Buenos Aires y en Rosario. Impulsa iniciativas que cercenan prestaciones sociales a manifestantes y personería jurídica a las organizaciones sociales “que corten calles”.
Un diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que busca quitarle los planes sociales y cualquier otro beneficio económico del Estado a los beneficiarios que corten calles o dañen patrimonio público en piquetes o marchas. La misma iniciativa impulsan los concejales del macrismo de Rosario.
“Quienes violan derechos no deben recibir beneficios económicos del Estado. Por eso hoy presentamos un proyecto de ley provincial para suspender subsidios a quienes corten calles o dañen patrimonio público en los piquetes”, tuiteó el diputado bonaerense Guillermo Castello, un hombre de Elisa Carrió en el armado parlamentario de María Eugenia Vidal.
El proyecto ingresó a la Legisltaura Bonaerense el miércoles pasado, cuando los movimientos sociales ganaron la calle en una masiva jornada de protesta que tuvo su acto central en 9 de Julio y Avenida de Mayo. En sus fundamentos propone “la suspensión de toda prestación económica estatal a toda persona y/o organización a la que pertenece”. Y aclara que el cese del beneficio comenzará a regir “al inicio de las actuaciones contravencionales o a la citación indagatoria en el proceso penal”.
También establece que en caso de reincidencia a las organizaciones se les podrá multar o quitar la personería jurídica. Los fundamentos apuntan al libreto estigmatizador que postula el derecho de los ciudadanos a transitar libremente, y al supuesto clientelismo que reina en las organizaciones sociales.
El diputado dejó en claro el espíritu del proyecto en un raid declaraciones periodísticas durante este fin de semana: “No se pueden hacer manifestaciones mientras se cobra un subsidio del Estado”, le dijo al diario Perfil. Y repitió la idea en varias entrevistas. Y pese a asegurar que no busca sancionar el derecho a la protesta, este lunes tildó de “acciones violentas y extorsivas” una marcha en su ciudad de Mar del Plata que ilustró con una foto de un grupo de inofensivas mujeres sentadas sobre el asfalto.
Castello es presidente de la Coalición Cívica – ARI Mar del Plata y su proyecto está en línea con las ideas de su líder política, Elisa Carrió, que en enero había asegurado en la red social Twitter que “no se pueden hacer manifestaciones mientras se cobra un subsidio del Estado”. Ella propuso represión con carros hidrantes, pero el lilito fue por más.
Sin embargo, la Coalición Cívica a nivel nacional se desmarcó del proyecto y pidió no promover “ideas oportunistas”. El legislador porteño y titular nacional de CC-ARI, Maximiliano Ferraro, dijo: “No proponemos ni avalamos políticas que generen violencia y estigmatización”. A ese rechazo se sumó luego la dirigente lilita, Maricel Etchecoin.
En tanto, en la ciudad de Rosario el bloque de Cambiemos presentó este lunes en el Concejo Deliberante Municipal un proyecto de ordenanza que busca penalizar las protestas de las organizaciones sociales. La iniciativa impulsa “multas económicas, clausuras de hasta un año, arresto, suspensión de subsidios municipales y la posibilidad de cancelar las prestaciones sociales provinciales y nacionales, si recibiera”.
Está motorizada por los concejales Carlos Cardozo, Agapito Blanco, Renata Ghilotti, Germana Figueroa Casas y Agustina Bouza, quienes esgrimen los mismos argumentos que el legislador bonaerense. Entre ellos, el supuesto “ejercicio irracional” del derecho a la protesta que “violenta no solo el derecho de libre circulación del resto de los habitantes, sino también de manera indirecta el de trabajar, comerciar, enseñar y aprender, entre otros”.