El dueño de la alimenticia, Benjamín Biderman, resolvió cerrar la empresa después de que fracasó una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Los trabajadores tomaron la planta en Garín y temen una posible represión policial.
Por Martín Ferreyra.
Unos 120 trabajadores de la alimenticia Alijor – La Salteña tomaron este martes la planta que la fábrica tiene en la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar, después de que el propietario, Benjamín Biderman, resolvió cerrar las puertas en medio de una negociación en la Secretaría de Trabajo en la que el gremio STIA reclamaba por la reincorporación de diez despedidos.
Esta tarde, los dirigentes del sindicato gestionaban con las autoridades una nueva conciliación obligatoria. Mientras tanto, la sede fabril era rodeada por efectivos de la policía bonaerense, por lo que los trabajadores temían un posible despliegue represivo para recuperar el control de la planta.
En los alrededores se agrupaban también militantes gremiales de fábricas vecinas en solidaridad con la toma.
La ocupación se definió en la tarde del lunes. Fuentes sindicales informaron que Biderman ordenó el cierre intempestivo de la fábrica disconforme con el resultado de una audiencia en la Secretaría de Trabajo con el sindicato de la alimentación.
El empresario propuso pagar las indemnizaciones de diez despedidos al 100% pero en 12 cuotas pero los funcionarios rechazaron la iniciativa.
La versión indica que inmediatamente el empresario mandó a desalojar a los trabajadores del turno tarde por teléfono desde la propia dependencia pública y que luego instruyó a los directivos de la firma para que bloqueen los portones de la planta con sus propios vehículos. Ese fue el cuadro que encontraron el martes los empleados del turno mañana, quienes ni siquiera pudieron ingresar al predio.
Después de eso los empleados resolvieron tomar las instalaciones como estrategia para forzar una nueva conciliación obligatoria. No obstante, en el único acercamiento de un funcionario de la empresa, el jefe de personal informó a los empleados que Biderman “no piensa acatar ninguna orden”.
El personal de la empresa está compuesto por 180 operarios y unos 40 administrativos fuera de convenio.
El delegado Nicolás Viñas denunció el cierre de la fábrica como un nuevo episodio en una larga lista de dislates del propietario que incluirían intentos de agresiones graves.
“Hace tiempo que este hombre (por Biderman) amenaza al personal para que acepte condiciones bajo amenaza de cierre”, contó el empleado. “La empresa solicitó un preventivo de crisis pero el dueño tiene muchos negocios y no se pudo comprobar la necesidad. Desde ese momento empezó a despedir compañeros. Echó a diez sin pagarles, los tuvo que reincorporar y respondió con otros diez despidos” sumó.
Entonces intervino la secretaría laboral. En la primera audiencia el empresario ofreció pagar las indemnizaciones en tres veces pero incumplió; en la segunda ofreció pagar en seis veces pero volvió a incumplir; finalmente, en la audiencia de este lunes planteó pagar en 12 cuotas pero el gremio rechazó la oferta.
Furioso, Biderman llamó a las 17:30 a sus administrativos para que echen a la calle al personal de la tarde. De paso evitó el pago de la quincena que debió efectivizar el mismo lunes 20. Este mes ya había demorado el pago de la quincena anterior por cinco días.
El gremio STIA intervino con denuncias ante el Ministerio de Producción y Trabajo y ante la Justicia. Según el gremio las gestiones para la conciliación están en curso.
Mientras tanto los trabajadores temen que la empresa esté promoviendo el desalojo. Al cierre de esta nota había numeroso personal de la Policía Bonaerense y de la Guardia de Infantería desplegado en la puerta de la fábrica.
Las fuentes insistieron en rechazar el argumento de la crisis. En ese sentido agregaron que según la declaración que Biderman realizó a la AFIP en 2017 el empresario contaba con un capital de $55 millones de pesos registrados en el país y otros 186 millones en cuentas del exterior. Sin conocer todavía el número de 2018.
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