El 22 de julio pasado, la municipalidad de La Plata desplegó un enorme operativo contra la venta ambulante en la zona céntrica de la ciudad; desde entonces, se incrementaron las prácticas violentas hacia vendedores: decomiso ilegal de mercadería, detenciones arbitrarias y agresiones. La comunidad senegalesa es una de las principales víctimas de esta persecución.
Este jueves se realizó una charla debate en la Comisión Provincial por la Memoria para visibilizar esta situación, denunciar el sesgo racista e ilegal de estas prácticas y también para recuperar las instancias de organización colectiva de migrantes y la economía de subsistencia.
“Vamos a sufrir en las calles lo que sea necesario porque es nuestra formar de sobrevivir”, dijo Cheikh Gueye, referente de la Asociación Senegalesa de La Plata, durante la charla sobre “Violencia institucional hacia trabajadores senegaleses” que se realizó en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Cheikh tiene 40 años, está desde el 2014 en Argentina, antes estuvo 6 años en Europa: “Vinimos por necesidad económica; tenemos que mantener familias y no nos alcanza con lo que podemos sacar en Senegal. Necesitamos migrar a un lugar donde tener más ganancias. Todo lo que conseguimos acá, si lo podríamos ganar en nuestra tierra viviríamos allá”, explica.
Se estima que, actualmente, viven en la ciudad de La Plata más de 200 senegaleses; el año pasado el Grupo de investigaciones sobre migraciones africanas y afrodescendencia en Argentina de la UNLP realizó un censo y entrevistó a 171 integrantes de la comunidad: “El 95% trabaja en venta ambulante o ferial. La mitad de ellos habían sufrido en algún momento el decomiso o robo de mercadería”, precisó la investigadora Bernarda Zubrzycki.
La situación se agravó en los últimos meses y se intensificó aún más desde el 22 de julio. Ese día se desplegó un megaoperativo contra la venta ambulante en el centro comercial; al día siguiente continuó también por la zona de diagonal 80. De estos procedimientos participaron agentes de Infantería, Caballería, la Policía Local, el GAD y el Comando de patrullas, junto a Control Urbano.
En el marco de ese operativo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el colectivo de abogados populares La Ciega intervinieron en varias situaciones por hechos de violencia institucional que tenía como víctimas principales a vendedores senegaleses. Y la comunidad denunció que el operativo tenía un sesgo racista: muchos de ellos fueron detenidos por personal de Control Urbano cuando salían o volvía a sus domicilios. Estos procedimientos son ilegales: los agentes municipales no pueden ni decomisar la mercadería ni limitar la libertad de las personas, porque en esa situación no hay venta y los funcionarios no pueden presuponer que exista.
Más grave aún, cuando los manteros intentaban denunciar la arbitrariedad e ilegalidad de estos procedimientos, eran reducidos por las fuerzas de seguridad y trasladados a la comisaría por “resistencia a la autoridad”. La misma imputación recayó en otras personas que, al presenciar los hechos, quisieron intervenir para defender a los senegaleses o filmar los operativos.
“En los últimos años, a nivel nacional, recrudecieron las políticas antimigrantes; a nivel municipal, vemos ese correlato en la persecución a la venta ambulante a partir de la reforma de las normas contravencionales. Si bien el Código de convivencia todavía no se reglamentó, en los hechos se aplica”, señaló el abogado de La Ciega, Damián Brumer. Y agregó: “La criminalización y judicialización es posible también por la especial vulnerabilidad de la comunidad migrante que, por culpa del mismo Estado que los persiguen, cada vez pueden acceder menos a completar los trámites migratorios”.
Según el estudio del grupo de investigación de la UNLP, sólo un 6% de los senegaleses en La Plata ingresó al país con visa, la mayoría están con residencia precaria o transitoria. “Durante la gestión de gobierno anterior, se nos permitió regularizar la situación migratoria, pero con el DNU de 2017, el acceso a la documentación para la residencia es casi prohibitivo”, reconoce Cheikh.
“La primera intervención de la Comisión en un hecho de decomiso de mercadería a un vendedor senegales fue en 2011; es decir, es un proceso que venía ocurriendo desde hace algunos años, pero no en esta dimensión. Hoy el escenario es otro, con la adhesión a la doctrina de las nuevas amenazas, hubo una cristalización normativa que asocia la inmigración al delito”, explicó Rodrigo Pomares, coordinador del área de justicia y seguridad democrática de la CPM.
Desde la sanción del DNU 70/2017 —que modificó la ley de migraciones—, y sólo durante el primer año, las disposiciones de expulsión vinculadas a la existencia de antecedentes penales crecieron más de un 60%. Desde la entrada en vigencia del Decreto, la Dirección Nacional de Migraciones recibió un promedio de 700 oficios por mes del Poder Judicial informando sobre la situación procesal de extranjeros. Mientras que las “residencias canceladas con orden de expulsión dispuesta” aumentaron más de un 500%.
En este escenario normativo, la CPM viene denunciando el crecimiento exponencial de la violencia hacia senegaleses en La Plata. “La sustracción de mercadería y la falta de confección de las actas contravencionales son prácticas cotidianas. Ante estas situaciones, el código de falta ordena un procedimiento express, el control judicial no se hace y es difícil apelar; es decir, hay una justicia de falta que no es tal y permite y convalida la arbitrariedad de los agentes de Control Urbano”, sintentizó Pomares.
Estos operativos, en consonancia con los preceptos del nuevo código de convivencia, busca barrer del escenario público la economía de subsistencia. Mientras tanto, el Municipio sigue justificando su política y reclamando a manteros y manteras que se inscriban en el registro de puesteros para trasladar la venta ambulante a la feria que funciona en 80 y 134, un predio de gestión privada.
“Luego de una mesa de diálogo, Di Grazia [secretario de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata] nos dijo que teníamos 200 puestos gratuitos, que sólo teníamos que pagar el cánon de 400 pesos por día. Firmamos ese acuerdo y, cuando fuimos a la feria, nos quisieron cobrar los puestos. Después nos dijeron que nos daban sólo 100 puestos, pero somos más de 200, qué hacemos el resto”, se quejó Cheikh.
Para la comunidad senegalesa la venta ambulante significa, casi con exclusividad, la única fuente laboral en el país y, a la luz de los últimos hechos, implica la exposición permanente a la violencia.
“Hace un mes que no podemos trabajar. Estoy desde el 2012 y nunca pasamos esta situación de violencia”, cerró Makhfou.