Marcha Contra el Gatillo Fácil en La Plata - Indymedia Argentina Centro de Medios Independientes (( i ))

27 agosto, 201927 agosto, 2019 por Indymedia Derechos Humanos

El lunes 26 se realizó en la capital bonaerense la Marcha Contra el Gatillo Fácil denunciando la escalada represiva del gobierno de Macri y Vidal, en el marco de la continuidad en el accionar estatal desde el fin de la dictadura genocida: “todos los gobiernos desde 1983 a la fecha han armado causas para amedrentar, asesinado en el encierro, torturado en cárceles y comisarías, fusilado con el gatillo fácil y desaparecido personas”. La herencia del terrorismo de Estado en los gobiernos sucesivos.

Compartimos el documento de la jornada y la cobertura del Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata.

DOCUMENTO DE LA MARCHA CONTRA EL GATILLO FÁCIL EN LA PLATA – 26-8-19

Hoy nos movilizamos a esta plaza,frente al poder político de la provincia de Buenos Aires, para decirle a la gobernadora María Eugenia Vidal, a su ministro Cristian Ritondo y a toda esta gestión que gobierna para saquear y hambrear al pueblo, que son responsables demás de 600 muertes a manos de su aparato represivo y que la represión es una política de Estado. Porque entendemos que el gatillo fácil, ya sea con un fusilamiento, o bajo las ruedas de un patrullero, es una de las formas de represión del Estado, así como lo son las causas armadas, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento en la calle con operativos de saturación, las desapariciones forzadas y la tortura seguida de muerte en cárceles, comisarías, institutos de menores. Por eso vemos la necesidad de organizarnos para luchar contra estas formas de represión, entendiendo la necesidad de denunciar al Estado represor.

La maldita policía Bonaerense, creadaen 1880 para cuidarle las vacas a los estancieros ricos de la Pampa húmeda, seencargó en toda la historia de reprimir a los disidentes políticos, tanto comoa los que los sectores poderosos señalaron como marginales y enemigos de lasociedad. Persiguieron a los anarquistas en gobiernos radicales, a lossocialistas en gobiernos conservadores, a los comunistas en gobiernosperonistas, a los trabajadores organizados y toda la resistencia populardurante las dictaduras militares.

En la última dictadura, todas las comisarías, brigadas y destacamentos policiales de la provincia fueron convertidos en centros clandestinos de detención para implementar el genocidio. El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, responsable máximo de los más de 240 centros clandestinos que funcionaron en la provincia, y todos los asesinos de uniforme a su cargo todavía no fueron juzgados por la totalidad de los crímenes que cometieron. Nuestros 30 mil detenidos desaparecidos son heridas que todavía no terminamos de cerrar. Pero el Estado asesino nos sigue abriendo otras heridas.
Apenas 4 años después de concluida la dictadura, cuando todo el comisariado genocida continuaba en funciones en LaBonaerense, el suboficial Balmaceda fusilaba en una esquina de Lomas de Zamoraa Agustín Olivera (26 años), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) dando inicio a la metodología del gatillo fácil. Un mes más tarde el subinspector Héctor Daniel Muzzio descargó 11 tiros sobre Ramón Ortiz, de 19 años, RaúlOrlando Giménez, de 18, y Alberto García, de 16, tras secuestrarlos en su Ford Fairlane azul. Las masacres de Ingeniero Budge y de Dock Sud fueron también las primeras experiencias de organización barrial para exigir justicia en este tipo de casos. Fue el comienzo de una lucha que hoy continuamos.

En septiembre de 1990, en La Plata,secuestraron a Andrés Nuñez, lo torturaron, lo asesinaron y ocultaron su cuerpo, demostrando que la desaparición forzada de personas sigue vigente como práctica represiva en democracia. Este crimen fue perpetrado por agentes de la Brigada de Investigaciones de La Plata, con cobertura de los comisarios de La Bonaerense de Eduardo Duhalde y Pedro Klodczik. Acá está presente Mirna Gómez, la compañera de Andrés, que hace 29 años viene luchando por justicia, que logró condenar a perpetua a 3 de los policías asesinos de Andrés y que sigue exigiendo juicio y castigo para el prófugo Pablo Martín Gerez y los 4 policías cómplices del crimen. Fue la misma policía que torturó y desaparecióa Miguel Bru en la Comisaría 9na en 1993. Fue la lucha de Rosa, la mamá de Miguel, la que logró condenar a un grupo de los policías responsables, pero hoy están todos libres o murieron impunes, y el cuerpo de Miguel nunca apareció.

Tengamos memoria. La doctrina Chocobar, esa que da vía libre a los policías para fusilar pibes por la espalda, no es nueva, ni es exclusiva de la gestión de Cambiemos. Recordemos la vieja escuela noventista de “salir a meter bala a los delincuentes” del ex gobernador Carlos Ruckauf, que premiaba mejorando el sueldo al policía que bajara más delincuentes.

La represión nunca cesó. El gobernador Felipe Solá, que hoy se quiere reciclar como ministro en una posible gestión peronista nacional, se cobró cientos de vidas con su policía bonaerense. No sólo los fusilamientos en una protesta de Maxi Kosteki y Darío Santillán, o la segunda desaparición forzada de Jorge julio López, sino brutales casos de gatillo fácil como el Darián Barzábal, de 16 años, detenido en Los Hornos en enero de 2007 y fusilado dentro de un patrullero de la Comisaría 3ra. Acá está acompañándonos Yamila, hermana de Darián que la luchó junto con su madre y su hermana para poder condenar a perpetua al sargento Santiago Regalía, el asesino de su hermano, aunque al comisario Zafino y a otros cómplices del crimen que lavaron el auto y sembraron un arma los beneficiaron con penas bajas y sin cárcel. No contentos con eso, hace 2 años la familia de Darián denunció que los restos del joven fueron desaparecidos en el cementerio de La Plata. Sólo con la intervención de organismos de Derechos Humanos se pudieron recuperar los restos, que estaban escondidos en un armario sin rotular. La democracia sigue desapareciendo a los pibes de los barrios humildes y haciéndolos pasar por toda una estructura burocrática para encubrir los crímenes de Estado. Así pasó con LucianoArruga, de 16 años, que tras ser detenido y torturado y desaparecido en un destacamento policial abierto en La Matanza por Fernando Espinoza, jefe político de la hoy candidata a vicegobernadora Verónica Magario. El cuerpo de Luciano apareció atropellado en la autopista General Paz, a pocas cuadras del destacamento. Luego fue llevado al Hospital Santojanni en CABA, operado y fallecido. Finalmente fue enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Su familia nunca fue notificada de nada y pudo desarmar toda esa trama de impunidad casi 6 años después de la desaparición de Luciano.

El gobernador Daniel Scioli nunca se hizo cargo de la desaparición de Luciano. Tampoco del asesinato de Braian Mogica, de 16 años, fusilado por la espalda en 2013 en La Plata por el policía custodio de Scioli, Gabriel Yuguet, mientras iba en moto con otro chico. Acá está acompañándonos Agustina, la mamá de Braian que a casi 6 años del crimen sigue luchando y esperando fecha de juicio para poder condenar al asesino de su hijo.

La gestión de Scioli causó más de 600 muertes a manos de su policía y su servicio penitenciario gracias a las políticas de mano dura de sus ministros Ricardo Casal y Alejandro Granados. Casal llenó las cárceles de pibes pobres, superando los 40 mil internos en el SPB, y uno de cada 2 internos recibió distinto tipo de torturas en ese período. Granados llevó a La Bonaerense a tener más de 100 mil efectivos, como nunca en su historia, creó las policías locales improvisadas, inició la llegada de fuerzas federales al conurbano con los operativos en los trenes, y desplegó cientos de operativos de saturación en los barrios.

También en la gestión Scioli fueron asesinados cientos de pibes por la policía en nuestra zona. En enero de 2009 el agente Sergio Aguire de la Comisaría 2da de La Plata mató de un tiro en la cara a Ezequiel “El Alfa” Heredia, de 18 años, en barrio Hipódromo. Por el hecho Aguirre fue condenado a 3 años de prisión por “exceso en la legítima defensa”, que no cumplió efectivos. En febrero de 2013 Omar Cigarán,de 17 años, fue asesinado por el policía bonaerense Diego Walter Flores en el barrio Hipódromo. Acá está la mentora de toda esta movida que es Sandra, la mamá de Omar, que con toda la justicia en contra luchó incansablemente para por conseguir el juicio oral. Pero en abril de 2017 el Tribunal Oral 4 de La Plata absolvió a Flores con de los jueces Emir Caputo Tártara y Juan Carlos Bruni, que entendieron que Flores actuó en “cumplimiento del deber” y en “legítima defensa”. Flores tuvo 5 abogados pagados por el Ministerio de Seguridad que lo defendieron y fue beneficiado con una “legítima defensa” que no se probó en el juicio oral. Denunciamos a todos los funcionarios que buscaron la impunidad en el caso, como el médico policial Marcelo Menzulo, que fue quien ayudó a manipular el cuerpo de Omar y sembrar un arma para favorecer al policía asesino. O como la fiscal Ana Medina que pretendió sobreseer a Flores desde el primer momento y se deshizo del expediente. Es la misma fiscal Medina que quiso encubrir el asesinato de Sebastián Nicora, 16 años, ocurrido en febrero de 2013 en las playas de Punta Indio, y donde la fiscal y la Policía Bonaerense entorpecieron la investigación haciendo pasar un balazo en la cabeza como un golpe. Recordamos hoy a Fernanda Nicora, la mamá de Sebastián, que luchó hasta que el cuerpo le aguantó frente a tanta impunidad y es un ejemplo para todos los que continuamos denunciando los crímenes de Estado.

También nos acompaña Claudia, la mamáde Mauricio Andrada, de 17 años, fusilado con Ismael Perusatto, de 20 años, fusilados en febrero de 2014 por el Policía del Grupo Halcón Cristian Daniel Duarte. A Duarte también lo llevamos a juicio, y probamos que les disparó 5 veces a los chicos, de costado y desde atrás, con los pibes huyendo. Aun así el Tribunal 3 de La Plata lo sobreseyó por unanimidad, otra vez con la excusa de la “legítima defensa”. Nos demostraron una vez más que para los jueces vale más la mochila de un Policía que la vida de 2 pibes de barrio.

La gobernadora María Eugenia Vidal y suministro Cristian Ritondo vinieron a completar la tarea represiva iniciada por Scioli, y son responsables de más de 600 muertes a manos de su aparato represivo en menos de la mitad de tiempo que su antecesor Scioli. Vidal dejó clara su política represiva cuando al asumir, puso al frente de La Bonaerense al comisario Pablo Bressi, máximo responsable de la Masacre de Ramallo, ocurrida en septiembre de 1999 cuando los policías a su cargo cosieron a balazos a dos ladrones de banco y a dos rehenes dentro de un auto.

En la gestión de Cambiemos en la provincia, la Policía sigue matando y la justicia cómplice se niega a investigarlos. Es lo que pasó con Víctor González, de 17 años que apareció asesinado de un tiro de 9 milímetros por la espalda en 60 y 115 en agosto de 2016, y donde la propia Policía retuvo el expediente durante las primeras semanas de la investigación. La fiscal Ley la Aguilar llegó hasta un punto y no quiso avanzar más. Pidió la lista de personal actuante en Caballería, en Infantería y en la Comisaría 9na, pero lo que no se animó a hacer es el peritaje balístico de todos esos efectivos, con el cual se puede resolver el caso. Anteayer se cumplieron 3 años de asesinato de Víctor y hasta hoy no hay ningún imputado por el hecho. El principal sospechoso es el capitán Guillermo Salas, jefe de calle de la comisaría 9na, que practica regularmente la recaudación ilegal a los comerciantes, y las detenciones arbitrarias y persecución a los pibes pobres en la zona del centro y zona roja de La Plata. Acá nos acompaña Raquel, la mamá de Víctor, que viene luchando para que se esclarezca el asesinato de su hijo. La Comisaría 9na también se especializa en la persecución y hostigamiento a las compañeras trans y travestis en la zona roja. Y son cómplices de la desaparición y asesinato de Johana Ramallo, la joven de 23 años que fue secuestrada por las redes de trata y asesinada para ocultar toda esa trama de oscuros negocios de las mafias narco, política, policial y judicial. Abrazamos a Marta, la mamá de Johana, seguimos gritando justicia por Johana, y exigimos basta de redes de trata con complicidad policial. Sabemos que no es fácil, porque detrás del gatillo fácil y la trata está la mano en la lata de los comisarios de La Bonaerense. En los últimos años muchos de los titulares de las comisarías platenses fueron ascendidos a la Departamental. Y muchos de ellos fueron condenados en marzo de este año por la aparición de 36 sobres con 154 mil pesos de la recaudación ilegal en la Jefatura Departamental local. Pero nonos engañemos: sin recaudación ilegal La Bonaerense no funciona. Y eso lo sabe el actual jefe de la fuerza, Fabián Perroni, que además estuvo procesado en una causa por torturas a detenidos cuando era agente de la Comisaría 9na.

Este año nos cerraron una causa de gatillo fácil en La Plata. La causa de Damián Corvalán, de 25 años, asesinado en la costa de Punta Lara en marzo de 2017 por el Policía de la Ciudad Marco Antonio Gaitán, que sin dudar le disparó en el pecho desde dentro de un auto ante un supuesto intento de robo, demostrando un total desprecio por la vida y su convencimiento de que “a los pibes chorros se los fusila”. Como siempre, en el expediente hubo varios elementos que dan cuenta de una instrucción irregular: uno de los testigos del acta de procedimiento fue un policía compañero y amigo del asesino de Damián, que certificó el levantamiento de rastros en el lugar del hecho, entre ellos una pistola de aire comprimido rota y sin carga que aparece en posición dudosa y que se le atribuye a Damián para justificar al policía asesino. Acá nos acompaña Gabriela, la esposa de Damián, que estuvo presentada como particular damnificada en la causa y a la cual la justicia le cerró la investigación y no le dio respuesta por la muerte de su compañero.

El 20 de mayo de este año la bonaerense volvió a mostrar su peor cara de asesina al producir la Masacre de San Miguel del Monte. Las vidas de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez, y las lesiones graves que sufrió Rocío Quagliarello no van a ser en vano. La persecución, los disparos y la brutalidad que desplegaron contra los chicos quisieron contarla como un simple accidente de tránsito. Armaron el típico entramado de la impunidad policial: armar una versión oficial de los hechos, sembrar pruebas, falsear testigos, y hasta mentirle en la cara a los familiares cuando fueron a pedir explicaciones. Pero la verdad salió a la luz. Los pibes fueron masacrados a tiro limpio. En esta causa se avanzó en un mes lo que en otras tardamos años. Y eso tiene una explicación: primero la movilización popular que llenó las calles con el reclamo. Pero pensemos que la masacre fue tan brutal que en un año electoral la intendenta de Monte, Sandra Mayol, la gobernadora Vidal y su ministro de seguridad no querían verse manchados por semejante crimen. Entonces comenzaron a sobreactuar apartando a los policías implicados y dando conferencias de prensa para despegarse del hecho. Sin embargo Mayol, Vidal y Ritondo siguen en campaña electoral, como si aquí no hubiera sucedido nada.

La tarea está clara. Pese a la detención de los policías y a las imputaciones con los delitos más graves del código penal, hay que estar siempre atentos al expediente para que no intenten ninguna maniobra de impunidad. Porque pese al avance ya empezamos a ver que comenzaron a liberar a algunos de los policías responsables, a los que encima algunos familiares y amigos de las víctimas se los tienen que cruzar caminando impunemente por la calles del pueblo.

Acá nos están acompañando algunos delos familiares de los chicos masacrados en Monte, que pese a tanto dolor se vienen organizando y sumándose a la lucha de otros familiares que no tienen miedo de salir a enfrentar a este Estado asesino. Seguimos acompañando a los familiares en la búsqueda de justicia y pidiendo juicio y castigo a los policías asesinos García, Ecilape, Monreal, Domínguez, Riguero, Gutiérrez, Bianco, Ángel, Durán, Micucci y Genaro, y al secretario de Seguridad de Monte y ex policía Claudio Ismael Martínez. Señalamos a la intendenta Sandra Mayol, a la gobernadora Vidal y al ministro Ritondo como responsables políticos de estas muertes.

Las muertes en lugares de detención se agravaron en estos años de la gestión de Vidal. Si Scioli había pasado el récord de 40 mil internos del Servicio Penitenciario, Vidal pasó los 50.500,llevando la superpoblación en los penales al 120%, gracias a la profundización de políticas para endurecer la persecución penal y las tasas de encarcelamiento. Hay cada vez más personas presas en la provincia, todas ellas sometidas a un régimen de violencia, hacinamiento, abandono y muerte. Los dos hechos que son símbolo del desprecio de esta gestión por la vida de las personas detenidas son las Masacres de la Comisaría 1ra de Pergamino del 2 de marzo de 2017, y de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría, ocurrida en noviembre de 2018.

En ambos casos hay responsabilidad de la Policía pero también del gobierno provincial por las condiciones en que tienen amontonados a los pibes como si fueran perros. Y como siempre, en ambos casos hubo que soportar la “versión oficial” de lo sucedido, que trató de imponer la idea del motín o de la pelea entre presos. En Pergamino los mismos pibes avisaron por celular que los iban a quemar vivos. En Echeverría los dejaron quemarse pese a que la comisaría está al lado del cuartel de bomberos.

Recordamos hoy a los 7 pibes asesinadosen Pergamino: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, FrancoPizzarro, John Mario Claros, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. Este caso va a ir a juicio desde el 2 de septiembre próximo, con la mayoría delos policías en libertad o con domiciliaria, y por eso convocamos a acompañar a los familiares en los tribunales de Pergamino para pedir justicia por los pibes y castigo a todos los culpables. Recordamos también a los asesinados por este gobierno en Esteban Echeverría: Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Lavarda, Walter Barrios, Juan Carlos Fernández, Elías Soto, Miguel Ángel Sánchez, Jeremías Rodríguez y Carlo Ariel Corvera.

Estos nombres van a quedar en la memoria popular y en la lista negra de todos los muertos que se cargó la gestión de Vidal y Ritondo en estos años.

Estamos acompañando a la familia de Germán Gómez, un pibe asesinado en la comisaría de Alejandro Korn el 2 de junio pasado. A Germán lo detuvieron en la ruta y después apareció colgado con su propio pantalón de la ventana de la celda. Junto a la familia decimos: Germán no se suicidó, a Germán lo mató la Policía. Los responsables son los policías Gabriel González Coronel, Juan Francisco Baratti, María Itatí Pachín y el comisario Alejandro Nosach. Cuando fuimos a manifestarnos junto a la familia a la fiscalía de San Vicente aparecieron varios policías de civil haciendo inteligencia sobre los familiares. Eran los mismos que aparecieron en la plaza de Monte en el acto por el primer mes de la masacre. Exigimos basta de amenazas, persecución y seguimiento a los familiares de las víctimas. Les decimos que no tenemos miedo y que todos los asesinos de uniforme van a ir presos.

Acá estamos reseñando casos de la provincia de Buenos Aires, pero sabemos que esta es una política nacional, cuyos máximos responsables hoy son Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ellos son la garantía para que la represión no se vea limitada en sus métodos. Han creado un nuevo enemigo social, al que expulsan a la marginalidad y después les sirve para justificar la mano dura. Son los pibes pobres de nuestros barrios que caen bajo la bala policial. El macrismo llama a avalar los fusilamientos públicos de personas más allá de lo que diga la justicia. Quieren que el poder de matar del policía sea moneda corriente y no la excepción. Quieren convertir a todo sospechoso en potencial “abatido”. Al igual que en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel el gobierno siempre elige quedarse con la versión de las fuerzas represivas. Quisieron instalar que Santiago murió ahogado, cuando está claro que fue desaparecido y asesinado en el marco de una represión de Gendarmería. En el caso de Rafa el gobierno habló de resistencia armada de la Comunidad que era reprimida por Prefectura, mientras el pibe tiene un tiro en el glúteo que le llegó al abdomen, en clara posición de huida ascendente en el lugar.

Más de 6.500 son los casos que la “doctrina Chocobar” ya se viene cobrando desde 1983. Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo quieren crear miles de Chocobar para contener el conflicto social que su política económica está agravando. También quieren reformar el Código Penal de la Nación determinando la “exención de responsabilidad para los policías y miembros de las fuerzas de seguridad que actúan en cumplimiento del deber y con su arma reglamentaria”. Una reforma a la medida de la Doctrina Chocobar: en teoría al estar habilitado al uso de arma 24hs siempre estarían actuando “en cumplimiento del deber”, incluso cuando cometen homicidios.

El macrismo, acompañado por otras fuerzas políticas, también propuso la baja de la edad de punibilidad a 15 años, para someter a pibes cada vez más jóvenes al régimen penal juvenil, profundizando la criminalización y las políticas de encierro. La gobernadora Vidal inauguró este año en Campana la “primera cárcel para jóvenes” de entre 18 y 22 años, mientas tanto provincia como los municipios vienen desfinanciando y desguazando los equipos de profesionales de los Servicios Locales de las áreas de Niñez y Adolescencia. Toda esta campaña que pretende demonizar a las y los jóvenes, es una propuesta de mayor represión basada en una mentira. Menos del 5% de todos los delitos de toda la provincia son cometidos por jóvenes de entre 16 y 18 años. En los delitos graves vemos que los hechos perpetrados por adolescentes representan menos del 0,5 % del total de casos.

La complicidad mediática es clave para estigmatizar a los jóvenes y legitimar la muerte como una “solución” al problema de la inseguridad. Desde los grandes medios se replica el estigma social, aumentando y sobredimensionando el delito como fenómeno social, desligándolo de las desigualdades sociales que le dan origen y la discriminación que fomenta la violencia social, aún entre lxs mas excluidxs.

En julio pasado Ritondo emitió la orden que da paso a los operativos policiales de saturación en esta plaza San Martín, permitiendo el despliegue de control Urbano y efectivos de Caballería, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediata (UTOI), el Grupo de Apoyo Departamental(GAD), el Comando de Patrullas, la Infantería y la Policía Local. Este despliegue policial, nunca visto en la capital provincial, intenta erradicar la feria de vendedores ambulantes en este espacio público, y atacar a los compañeros senegaleses que se la rebuscan con la venta callejera. Así contestan a la situación de hambre y desocupación que este mismo gobierno ha generado: con más represión. El racismo y la xenofobia de esta iniciativa es clara, porque amenazan a los compañeros con retenerlos y luego expulsarlos del país por una simple contravención y sin estar cometiendo ningún delito. Rechazamos esta política de saturación de las calles de la ciudad y hacemos responsable al Estado por la integridad de todxs lxs trabajadores ambulantes en nuestra zona, a los que acompañamos para organizarse y luchar contra esta avanzada.

Acá estamos describiendo sólo una parte de los miles de hechos que cometen día a día las fuerzas represivas del Estado, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, el verdugueo, las torturas, las masacres en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, los armados de causas, los operativos de saturación, la persecución a los que luchan y a los que trabajan en la calle. Sabemos que hay más de 6.500 personas asesinadas por las fuerzas represivas en los últimos 35 años. Que el 54% de los casos corresponde a las gestiones de Néstro Kirchner y Cristina Fernández. Y otro 20%a la de Mauricio Macri. Toda esta situación represiva es lo que denominamos una política de Estado. Y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No lo podemos llamar Violencia Institucional, porque no son excesos, ni se trata de un uno o de cientos de loquitos uniformados sueltos. Por atrás de estos hechoshay una decisión política concreta de reprimir. Hay una decisión política concreta de generar el hambre y la desigualdad social que se vive, una decisión de sostener una cultura violenta y una marginalidad planificada desde el Estado, para después justificar el uso del aparato represivo.

Por eso llamamos a todos los familiares y a lxs militantes antirrepresivxs a redoblar la lucha para enfrentar este sistema de hambre y muerte. Tenemos que organizarnos de manera independientemente del Estado y de todas sus instituciones que denunciamos y enfrentamos, porque son los responsables de la muerte de nuestros seres queridos. No tenemos que caer en el error de distinguir entre víctimas de primera y de segunda: para nosotros todos los pibes y pibas asesinados por el Estado son iguales. Tenemos que ser capaces de intercambiar y entender nuestras experiencias, nuestros distintos pensamientos y propuestas de acción y llevarlas adelante, para que unidos seamos más fuertes. Sabemos que no es fácil ni corto el camino que emprendimos, pero tal como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y como dijo una compañera nosotros no sólo luchamos por la sentencia sino también por la conciencia. Porque a nuestros pibes y pibas no nos los devuelve nada ni nadie. Sabemos que ellos viven en nosotros y en cada lucha que llevamos adelante, y que la verdadera justicia no depende de una sentencia, que la mayoría de las veces se la arrancamos con la lucha.

Jamás podrán silenciar nuestro grito, porque nos sale de las entrañas como salieron nuestros hijos. Justicia va haber cuando el Estado deje efectivamente de matar a nuestros pibes y pibas y para eso es necesario cambiar de fondo el sistema y la sociedad.