En una nueva audiencia se completaron las indagatorias de 3 de los genocidas imputados producto de la ampliación de la acusación por 9 homicidios y 5 casos de delitos sexuales. Tres versiones de la negación de los crímenes del Terror de Estado: el comisario Baume dice que en el ’77 y ’78 sólo realizó cursos, el genocida Hidalgo Garzón se remite al reglamento y el represor Fernández finge senilidad para intentar zafar de una nueva condena.
En la audiencia pasada ante el TOF 1 de La Plata se indagó a 15 de los 18 genocidas juzgados por los crímenes cometidos en uno de los Centros Clandestinos de Detención más grandes del conurbano oeste en dictadura. Todos eligieron el silencio, menos el inefable comisario Miguel Etchecolatz que se despachó citando a un poeta franquista y pidió “leyes y jueces de Estado de guerra” para estos procesos. Esta vez tocó el turno a los represores Leopoldo Luis Baume, Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y Ricardo Armando Fernández, los dos últimos ubicados en el edificio de Comodoro Py al 2002 en CABA, y los tres excusados en la audiencia anterior por motivos de dudosa comprobación.
Recordemos que los 18 genocidas procesados en la causa llegaron a juicio con reproches sólo por delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos de las 84 víctimas que incluye el expediente, siendo que en ese CCD se asesinó, hubo familiares que también sufrieron secuestro y torturas y se ventilaron en las audiencias la comisión de graves delitos sexuales como parte del plan sistemático de exterminio que significó el genocidio.
Se comenzó con el comisario Leopoldo Luis Baume, segundo jefe de la Brigada de San Justo entre noviembre del ’77 y enero del ’79, hasta ahora acusado por 52 casos de secuestros y torturas y único represor de cuerpo presente en algunas audiencias porque cumple arresto domiciliario en su casa de calle 49 Nº 867- 1° piso- Depto A entre 12 y 13 de La Plata, esto es, porque está cerca. Se le leyó la ampliación de la acusación por 3 de los 7 militantes de la UES zona oeste fusilados el 28 de diciembre de 1977 desde la Brigada de San Justo, Sonia Von Schmeling, Enrique Ricardo Rodríguez y Luis Ángel García, así como las muertes tras la tortura de los militantes montoneros Herman Von Schmeling y Rubén Enrique Cabral y los delitos sexuales que sufrieron Norberto Ignacio Liwski, Abel De León, Adriana Chamorro, Olga Vicenta Araujo y Jorge Eduardo Heuman.
En principio se desconoce el criterio con el cual se le imputaron a Baume los secuestros de sólo 3 de los 7 estudiantes desaparecidos de la UES zona oeste, siendo que todos fueron secuestrados dos meses antes del comienzo de las funciones del represor en la Brigada, pero permanecieron y fueron fusilados juntos –cosa que el tribunal da pro probada- cuando el comisario ya estaba en funciones. Eterno imperativo de la fragmentación y el desgüace de las causas de lesa humanidad.
Al cedérsele la palabra Baume se despegó de las acusaciones y se reinventó un pasado. Dijo que para el año ’77 era comisario de una dependencia en Marcos Paz, y casi a fin de año lo trasladaron a la Brigada de San Justo. “Por primera vez en mi carrera me sentí incómodo, porque me rebajaban de cargo. Además yo era del área de Seguridad y no de Investigaciones. El jefe era Penna, que me asignaba tareas. Dijo que iba a hacer tareas administrativas, porque lo operativo lo manejaba él con su gente. Así que yo nunca tuve tareas operativas”. Baume intentó así desprenderse de los secuestros realizados sobre un importante grupo de militantes políticos recluidos en la Brigada y descargó la responsabilidad en su jefe, no casualmente ya fallecido. Oscar Antonio Penna había asumido la titularidad de la Brigada de San Justo el 22 de septiembre del ’77 en reemplazo del comisario Roberto Bustos y como dependencia de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana, a su vez a cargo de Juan Miguel Wolk. El día que asumió Penna había por lo menos 30 detenidos desaparecidos en la Brigada, entre ellos los matrimonios Lavalle-Lemos, Rodríguez-Futulis, los hermanos Moreno, los hermanos Corrales, Orlando Guerechit y el joven Alfredo Narciso Agüero. En 1978 Penna apropió a la hija del matrimonio Moyano-Santander, nacida en el Pozo de Banfield pero que venían de San Justo. Pena entregó a Victoria Moyano a su hermano Víctor y su cuñada María Elena Mouriño. V´citor murió cuando la niña tenía 1 año y Oscar se hizo cargo de la niña. “Nada menos que Oscar Penna, responsable del secuestro, torturas y desaparición de mis padres”, dijo Victoria en la sexta audiencia de este debate. Penna fue procesado y detenido por el juez Corazza en 2005, pero murió impune.
“Me asombran los hechos que se me imputan”, espetó Baume ante el Tribunal 1 platense “no he participado de nada y desconocía todo eso. En el año ’78 realicé un curso en la escuela de policía, luego un curso de conducción, voluntario y selectivo. El año ’79 lo pasé en La Plata, desvinculado de la actividad de la Brigada”. El represor no reparó en que los hechos por lo que se amplió la acusación son de entre septiembre y diciembre de 1977. Al verlo propenso a aceptar preguntas el juez Esmoris le requirió qué tareas administrativas realizaba en la Brigada y si hacía sumarios a detenidos. Menos tranquilo Baume respondió “si realizaba sumarios, pero de hechos comunes, delitos contra la propiedad o contra las personas”. Lo que siguió fue una charla en picada para Baume:
Esmoris- ¿Usted tenía libertad de recorrer la dependencia?
Baume- Sí, pero en los hechos no era segundo jefe de la Brigada. Nadie podía impedirme recorrer, pero no lo hacía.
Esmoris- ¿Y qué horarios hacía?
Baume- Y… de día. No eran fijos. Yo vivía en Mercedes y viajaba.
Esmoris-¿Recuerda a algún personal de la Brigada con los apodos “Eléctrico” o “Víbora”? (torturadores).
Baume- Y… no era ajeno en el área de Investigaciones tener apodos. Pero no los recuerdo.
Esmoris- ¿Quiénes hacían tareas operativas?
Baume- Un subcomisario Aguirre, y otros que no recuerdo.
Esmoris- ¿Hubo alguna vez militares en la dependencia?
Baume- Sí, pero estaban en todos lados. Venían del área militar con asiento en Ciudadela. Era personal militar vestido de civil. Pero conmigo nunca hablaban.
Esmoris- ¿Supo de la existencia de detenidos ilegales en la Brigada?
Baume- Sólo 2 o 3 detenidos. Estaban sin trámite administrativo. Se decía que estaban a disposición del PEN. Pero estaban en condiciones comunes. Igual yo no lo controlaba eso.
A continuación Baume presentó los supuestos certificados de los supuestos cursos que realizó en los años ’77 que en su versión le habrían impedido estar de cuerpo presente ejerciendo el rol de subjefe de la dependencia. Entonces una intervención del fiscal Agustín Vanella desmoronó la coartada del represor, con una pregunta sobre antecedentes en juicios de lesa humanidad. A Baume no le quedó otra que reconocer “sí, tuve una condena por mi participación en la Subcomisaría de Villa Insuperable, que estaba tomada por los militares. Desde el año ’75 yo estaba ahí, pero no quiero hablar de eso….”. En marzo de este año Baume fue en persona a los tribunales porteños a escuchar la sentencia en la causa por el CCD “Sheraton”, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza. Allí se lo condenó a 8 años de prisión por la privación ilegal de la libertad de Pablo Bernardo Szir, Julia Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, María Cristina Ferrario y Delia Bisutti, y por torturas en los casos Ferrario y Bisutti. A pesar de haber recibido una condena, los jueces porteños decidieron que como el fallo no está firme Baume siga su derrotero de reo de lesa desde su casa.
A continuación se presenciaron las actuaciones castrenses de otros dos genocidas. Carlos Del Señor Hidalgo Garzón, represor del área de Enlace del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército que enfrenta acusación por 44 casos de secuestros y torturas, a quién se le amplió acusación por los homicidios de 6 de los 7 estudiantes de la UES, los homicidios de Von Schmeling padre y Cabral y por delitos sexuales sufridos por José Eduardo Moreno. “¿Va a declarar?” preguntó el juez Esmoris. “Negativo” dijo Hidalgo Garzón con estricto apego al reglamento de los impunes. El genocida, condenado a perpetua en 2014 por hechos del CCD “La Cacha”, respondió desde la Cámara Federal de Comodoro Py, ya que disfruta de la domiciliaria pese a haberla violado reiteradas veces, una de ellas descubierto andando en bicicleta por la joven por cuya apropiación cuando era niña ya fue condenado y la última con la presencia de armas en la casa de su cuñado. Pidió la suspensión del proceso por incapacidad sobreviniente en esta causa y el análisis de los informes médicos de febrero 2018 mostró que “no colabora con la junta médica” y realiza “simulación”. Le denegaron el pedido en mayo 2018.
Para el final quedó el pase de comedia del genocida del Destacamento 101 Ricardo Armando Fernández, hasta ahora acusado por 47 casos de secuestros y torturas. Fernández fue parte de la Central de Reunión del 101 y luego integró uno de sus Grupos Operativos Especiales. Se presentó en silla de ruedas y al dársele voz dijo “¡Sí!”. “¿Y qué quiere decir?” reclamó el juez Esmoris. “No sé, ¿qué quiere decir usted” devolvió casi como una humorada. “¿Usted integró el Destacamento 101 de La Plata?”, pregunto Esmoris con poca paciencia. “La Plata, si”, dijo entre babuceos. “¿Y de quién dependía la Brigada de San Justo?”, insistió el magistrado. “No sé, si usted no lo sabe”, se desentendió Fernández al borde de la tomada de pelo. Entonces intervino el abogado de Fernández, el esmerado defensor oficial Adriano Liva, que le recomendó no seguir declarando y reiteró planteos ya realizados sobre pedidos para apartar al represor del juicio porque tendría una “afectación severa de su cognición” que le impediría “mantener una conversación coherente”. El tribunal decidió continuar adelante con la acusación e indagarlo porque si bien hay pendiente una junta médica especializada para evaluar la situación del reo, hasta ahora no hay una incapacidad determinada formalmente.
Fernández fue condenado a perpetua en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014 y como la mayoría de los represores de esta causa y en todo el país cumple detención domiciliaria, en este caso en su casa de Soler Nº 3210, depto. 3° “B” en CABA.
El debate por los crímenes cometidos contra 84 víctimas en la Brigada de Investigaciones de San Justo y ocurridos entre marzo del ’76 y octubre del ’78 está llegando a su fin. Queda en agenda la inspección ocular de las partes en la sede de la dependencia, una audiencia para escuchar a los pocos testigos ofrecidos por las defensas de los represores y luego, ya en noviembre, la instancia de alegatos.
La próxima audiencia será UNA INSPECCIÓN OCULAR EN LA BRIGADA DE SAN JUSTO, SALTA 2450, el miércoles 16 DE OCTUBRE desde las 11 hs.
Visitá el Blog
https://juiciobrigadadesanjusto.blogspot.com.ar/
