El pedido lo realizaron tres de las cinco querellas. En tanto el fiscal y otras dos querellas pidieron penas por abandono de persona seguida de muerte, que es la acusación con la que los ex policías llegaron a juicio. La representación mayoritaria de las familias, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), utilizó para el cierre la consigna distintiva del Colectivo Justicia por los 7: “Dejar morir también es matar”.
Las penas pedidas fueron entre los 9 y los 25 años. Todas las partes acusatorias solicitaron revocar el beneficio de las domiciliarias que hoy tienen los ex policías salvo Donza y Eva. Este viernes desde las 10 horas, será el turno de las defensas de los ex policías. Podrás escucharlas a través de El Diario del Juicio.
Comenzó el jueves temprano la etapa de alegatos que culminará este viernes. El arranque fue para la fiscalía a cargo de Nelson Mastorchio, que pidió condenarlos de acuerdo a la carátula con la que la causa llegó a juicio oral y público: abandono de persona seguido de muerte. Por eso solicitó: 15 años para el ex comisario Alberto Donza; 14 años para Alexis Eva; 13 años para Matías Giulietti y para Brian Carrizo; 11 años para Sergio Ramón Rodas y 9 años para Carolina Guevara “¿Qué hicieron los policías para rescatar y evitar el incendio? Nada”, manifestó el fiscal durante su alegato.
Mastorchio resaltó que lo ocurrido era evitable y “no sólo no lo evitaron, sino que obstaculizaron el accionar de terceros”. En su exposición destacó que desde la dependencia policial no salió ningún llamado a los bomberos voluntarios, y en cambio sí a los bomberos de la Policía, que no se dedican a apagar incendios. Además de aseverar que quedó debidamente probado, en el allanamiento realizado el 6 de marzo, que en la Comisaría 1ª había al menos dos matafuegos, uno en la oficina del comisario y otro en la oficina de guardia. “Actuaron con conocimiento y voluntad de realización de consecuencias producidas” sentenció.
En conversación con El Diario del Juicio, el fiscal se refirió a los agravantes del hecho: “el resultado muerte y la multiplicidad de victimas; la condición de funcionario público y la forma en que fallecen las víctimas: asfixiados, quemados algunos y con agonía”.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), parte querellante que representa a las familias de Sergio Filiberto, Franco Pizarro, Alan Córdoba, Fernando Latorre y Jhon Claros, solicitó penas por el delito de homicidio simple que consideraron probado y que sintetizaron en la frase acuñada por las familias de las víctimas: “Dejar morir también es matar”. Explicaron que “deja de haber abandono y pasa a haber homicidio por omisión, cuando el peligro de muerte es concreto y directo del todo”, como sucedió el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría 1ª. Las penas solicitadas fueron bastante más altas de las que pidió la fiscalía por el tipo de delito imputado. Para Alberto Donza pidieron 25 años; 24 años y 6 meses para Alexis Eva; 23 años para Brian Carrizo y Matías Giulietti; 22 años para Sergio Ramón Rodas y 21 años para Carolina Guevara.
Margarita Jarque, que abrió el alegato de la CPM, expuso que es indiscutible que aquel 2 de marzo de 2017 hubo una grave violación a los derechos humanos. Destacó que los sobrevivientes fueron testigos fundamentales viendo y recordando lo ocurrido. Recordó que algunos testigos no quisieron declarar por temor. Habló del daño psíquico de sobrevivientes y familiares, que impactó de manera transversal por ser perpetrado por el Estado y por ser funcionarios públicos. Terminó su alocución pidiendo Memoria, Verdad y Justicia.
Carla Ocampo Pilla, que continuó por la CPM, puso sobre relieve que el Estado dispone del tiempo y el cuerpo de la persona privada de libertad, y que los imputados eran garantes de sus vidas.
Recordó en varias oportunidades las palabras de los sobrevivientes: “tuvieron tiempo a todo”, pero no hicieron nada. En relación a los testimonios “mendaces” de otros integrantes de la fuerza policial, aseguró que quedó demostrado el “espíritu de cuerpo” con el que actuaron para intentar mejorar la situación de sus compañeros imputados. Por eso solicitaron que se siga investigando a los policías Ulloa, Chida, Ciro, Giracci, Hamue, Seta y Tricco, por la posible comisión de delitos de acción pública y a Rojo por las responsabilidades funcionales y políticas.
Maximiliano Brajer, abogado querellante por parte de la compañera y la hija de Fernando Latorre, acompañó en términos generales lo planteado por la fiscalía y la CPM, pero, a diferencia de esta última, se mantuvo en la calificación legal con la que se llegó al juicio: abandono de persona seguido de muerte. Las penas solicitadas fueron entre 9 y 15 años para los seis ex policías.
Para finalizar, las querellas de Jaquelina Conti que representa a la familia de Juan José Noni Cabrera y Ramiro Llan de Rosos que representa a la familia de Federico Perrotta, acompañaron el alegato de la CPM tanto en la calificación legal, homicidio, como en el pedido de penas.
El doctor Villalba, representante legal de la familia de Franco Pizarro, acompañó la acusación fiscal sin dar argumentos.
Este viernes se esperan los alegatos de la defensa. Desde las 10:00 de la mañana se podrá escuchar a Gonzalo Alba y Carlos Torrens que tienen una tarea que parece complicada: dar algún argumento que les permita a sus defendidos sortear una condena que se avizora a todas luces inevitable después de los alegatos del jueves. El Diario del Juicio volverá a transmitir en vivo.
Texto: Antonella Alvarez (FM La Catareva) / Giselle Ribaloff (Radio Presente) / Fernando Tebele (La Retaguardia)
*Este diario del juicio a los policías responsables de la Masacre de Pergamino, es una herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia, FM La Caterva, Radio Presente y Cítrica. Tiene la finalidad de difundir esta instancia de justicia que tanto ha costado conseguir. Agradecemos todo tipo de difusión y reenvío, de modo totalmente libre, citando la fuente. Seguimos diariamente en https://juicio7pergamino.blogspot.com