El actual senador (de licencia), ex gobernador de Tucumán entre 2003 y 2015, fue denunciado por su sobrina y ex empleada por abusos sexuales cometidos entre 2017 y 2019. Para analizar el caso y su gestión en la provincia, Soledad Deza -abogada de Belén- dialogó con Rosaura Barletta y Luis Angió en el programa Otras Voces, Otras Propuestas.
La provincia de Alperovich
La abogada contó sus sensaciones a partir de la denuncia contra el ex gobernador: “Por un lado, siento una enorme tristeza porque cuando salen estas cuestiones de abuso y se hacen públicas, la mujer, la joven, la niña que toma coraje y hace públicos estos casos ya lleva un trayecto largo de martirización. En un plano positivo, siempre es bueno poder correrse del lugar de víctima, tomar las riendas del asunto, desculpabilizarse, identificar lo moralmente reprochable más allá de que se compruebe o no el delito: el que viola y no la víctima. La joven denunciante tiene una vocera perteneciente al movimiento feminista y la solidaridad de todo el movimiento de mujeres”, aseguró. Sobre la investigación, planteó: “Los pasos que quedan es que la Justicia investigue, se denunció en UFEM de Buenos Aires también para evitar que, al pertenecer el ex gobernador a un sector aventajadísimo en términos de poder, se frene dentro de las mismas instituciones la búsqueda de justicia. Hay que contemplar que cada Cámara (en este caso de Senadores) es según la constitución jueza de sus propios miembros así que es, en definitiva, quien verá que hace con el pedido de licencia que hizo el senador y si existe o no inhabilidad moral. Es muy importante que una persona con tanto poder como el ex gobernador se haya tenido que pedir esa licencia”.
Además, Deza se refirió al contexto de Tucumán y el rol de Alperovich en la realidad de la provincia: “Tucumán forma parte de las provincias del norte argentino donde hay un fuerte maridaje entre la Iglesia Católica y el poder estatal donde la violación de derechos -sobre todo los que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción- no es accidental. Es la única provincia que no adhirió formalmente a la ley que asegura la anticoncepción para toda la población, es la provincia de Belén, es una provincia donde se le negó la interrupción de embarazo a una niña de once años”, denunció.
“La gestión de Alperovich se inscribe en el mismo lugar que la actual (de Juan Manzur), la ley 25673 (anticoncepción gratuita y creación del programa de Salud Sexual y Procreación Responsable) fue sancionada en el 2002. Tenemos 16 años de demora. El año pasado, luego de que se clausuró el debate legislativo por el aborto, un grupo de legisladores locales se encolumnaron detrás del proyecto de Marcelo Caponio que intentaba, desde Tucumán, prohibir el acceso a la interrupción legal del embarazo en caso de violación. Es una provincia donde no solamente hay violaciones de derechos sino una creatividad al servicio del mal desde lo institucional bastante misógina”, consideró Deza.
Interrupción Legal del Embarazo en Tucumán
“En 2014, desde Católicas por el Derecho a Decidir, Mujeres x Mujeres, Amnistía Internacional, ELA, el CELS, varias organizaciones, hicimos un pedido de información pública al ministerio de Salud local acerca del estándar de derechos que rige en Tucumán frente a la interrupción legal del embarazo (ILE). El entonces secretario de Salud, Gustavo Vigliocco, dijo que en Tucumán se aplicaba el protocolo de Salud de Nación”, explicó.
“Desde lo formal, ese es el estándar de derechos. Hay profesionales organizados para garantizar la ILE y que dentro de las instituciones públicas la garantizan. En una provincia con grandes objeciones de conciencia y tanto desgobierno en materia de políticas sanitarias es destacable lo que hacen los profesionales que garantizan la ILE. El problema es que hay niñas y mujeres con derecho a la ILE que recorren un circuito y no se topan con estos profesionales, pero claro que los hay respetuosos en todos los campos sanitarios, médicos y médicas, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas”, destacó. “En instituciones donde hay jefaturas de servicio o dirección del hospital objetora de conciencia, va a bajar una línea en ese sentido. Deberíamos prestarle atención a los actos de política sanitaria que nos muestran que lo que se escribe con la mano se borra con el codo”, aseguró Deza sobre el cumplimiento del protocolo vigente para garantizar la ILE.
“Al no haber una política pública clara, las reglas de juego no generan confianza ni seguridad jurídica en los profesionales que deben garantizar las prácticas. Por otro lado, hay avances desde el poder judicial, como en el caso de la fiscal Adriana Giannoni, que inicia investigaciones, no solamente en el caso de Lucía, a profesionales en casos de ILE. Por un lado es el estigma social, la falta de una política sanitaria clara y el avance de otros poderes que confunden las reglas del juego. Todo forma parte de un mecanismo disciplinador de los cuerpos. Los cuerpos gestantes están en ese campo de batalla, mucho más en las provincias del norte”, analizó.
Belén dejó atrás a Belén
Se presentó el libro Somos Belén, escrito por Ana Correa, que relata el derrotero de la joven tucumana que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo y de quien Soledad Deza es abogada. Al respecto, contó: “Belén está bien. Muy contenta porque este tipo de procesos como ayudar en la escritura de un libro, darle voz a una historia como hicieron Belén y Ana es exorcizar un mal tan grave como el que le hizo la justicia a Belén que fue encarcelarla sin ningún motivo. Ese proceso de desculpabilización es bien liberador. Está fuerte, tranquila, y lo que dice es que dejó atrás a Belén -el nombre elegido para no revelar su verdadera identidad-. Que también está bueno que pueda recuperar su vida y retomar algo de la normalidad que tenemos todas las personas”.
Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2019/11/soledad-deza-la-denunciante-de.html