La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, y Nelson Cox, delegado Departamental Defensorial de Cochabamba.
Según la solicitud, las oficinas de la Defensoría del Pueblo, particularmente en La Paz y Cochabamba, fueron objeto de intentos de tomas o cierres a mano de terceras personas, lo que ha implicado serios obstáculos e impedimentos para que los funcionarios que trabajan en tales oficinas pudiesen realizar sus labores debidamente y que personas que buscan ser atendidas por la Defensoría pudiesen acercarse o ingresar con normalidad.
En ese contexto, los beneficiarios, dada su visibilidad y representatividad a la cabeza de las oficinas nacionales en La Paz y departamental en Cochabamba, respectivamente, serían las personas más expuestas actualmente.