HIJOS La Plata realizó un balance de los juicios a los genocidas a diciembre de 2019. El organismo de derechos humanos fue categórico: “catástrofe” es la calificación elegida.
Compartimos el informe:
Catástrofe poco seria
El macrismo se retira tras provocar una catástrofe en derechos humanos. La mayoría de los represores libres o en sus casas con domiciliaria. Los números de los juicios confirman un panorama complejo. Los desvaríos del Secretario Petragalla Corti.
Referenciar la situación del tortuoso camino de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina, que supera en longevidad los 35 años de gobiernos constitucionales a los que cuesta cada vez más llamar “democracia” y que sigue de pie pese a todo, y hacerlo desde los pensamientos que genera un dialéctico chiste de origen bélico puede ser suspicaz. Sin embargo la suspicacia está a la orden del día en el país de los 30 mil detenidos desaparecidos.
En una conferencia dictada en Bolivia en 2009 el filosofo esloveno Slavoj Žižek recoge una anécdota posiblemente apócrifa de la primera guerra mundial, según la cual, en la
relación de telegramas entre los cuarteles de Alemania y Austria, los alemanes en principio dieron el mensaje: “aquí en la parte del frente la situación es seria, pero no es catastrófica”; y los austriacos respondieron: “acá la situación es catastrófica, pero no es seria”. Lo que Žižek toma como disparador para pensar el papel de la izquierda al asumir, o no, la revolución como la necesidad de cambiar su realidad o bien como mera gestión de Estado, puede servir para reflexionar sobre la situación de las causas contra los genocidas de la última dictadura en nuestro país.
La situación poco seria se termina de confirmar si observamos la evaluación y las propuestas que manifiesta públicamente el flamante secretario de Derechos Humanos designado por Alberto Fernández. En una nota publicada el 26 de diciembre pasado en Página/12 Horacio Pietragalla Corti manifiesta que “el ritmo que tomaron los juicios de lesa humanidad se choca de frente con la posibilidad real de hacer justicia”. Pero para modificar la situación, y que los juicios vuelvan a ser “política de Estado”, propone “que la Corte Suprema reponga la Comisión Interpoderes; también necesitaremos que la Procuración General de la Nación instruya a los fiscales y a la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad a priorizar la realización de estos juicios, con un criterio que nos permita dejar de investigar a los genocidas pluricondenados para avanzar con aquellos que aún no fueron juzgados” (2). La perplejidad en que nos sume tal oferta a quienes militamos desde querellas independientes estos procesos transforma a una situación catastrófica en poco seria. Porque pretender una selectividad en el juzgamiento ya fue política de Estado en los ’80, leyes de impunidad de por medio, y de implementarse las aspiraciones de Pietragalla la mayoría de los procesos en curso quedarían desiertos. El ex diputado, a la sazón obediente votante de la ley antiterrorista en 2011 (3), parece desconocer que, por ejemplo en lo que conocemos como “Circuito Camps”, las grandes causas por distintos CCD tienden a repetir imputaciones por la pereza investigativa del Estado en su conjunto. En manos de estos supinos desconocedores del paño está, en parte, la posibilidad real de hacer justicia en el país de todos y todas.
EL BALANCE
El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar al finalizar la gestión macrista el estancamiento general del proceso que hace años se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado argentino efectivizó 237 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 238 juicios hubo 1.580 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.354 condenas sobre 975 represores y hubo 204 absoluciones por un universo de 7.848 víctimas. Esto quiere decir que en 13 años de juicios alrededor del 48% del total de los 3.300 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29,5% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio la mitad de los procesamientos, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 630 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
De un total de 589 causas, sólo el 40% tuvo sentencia, un 44% se encuentran en etapa de instrucción, lo que equivale a 260 causas, además de haber 70 expedientes a la espera del inicio del juicio oral (12%) y 21 en pleno debate (4%).
De las 238 causas que llegaron a sentencia desde 2003 el 66% fueron confirmadas por Casación o Corte Suprema y el restante 34% (81 expedientes) espera resolución en segunda instancia.
Además de la información aportada por el Ministerio Público Fiscal sobre la marcha de estos juicios (4) puede colegirse que la justicia tarda un promedio de más de 5 años desde que se requiere la elevación a juicio hasta que se confirman sentencias. Ello hace ver que si aunque fuera un tercio de las causas en instrucción se elevaran a juicio ya mismo, esos procesos estarían terminando recién en 2025. Y si los otros dos tercios se elevaran en 3 y 5 años cada uno todos los procesos terminarían con mucha suerte en 2035.
La proyección es altamente optimista si pensamos que hay 260 causas en instrucción y el promedio anual de sentencias de primera instancia es de 15 a 20 expedientes en todo el país.
Además en los últimos 4 años se ha invertido la situación de libertad los represores (un total de 2484 imputados, procesados o condenados) porque de un 60 % detenidos contra un 40 % en libertad promedio en 2015 se pasó al 64 % en libertad y sólo el 36% promedio detenido en 2019. Pero además, de ese 36% de “detenidos” casi el 70% (unos 600 represores) cumplen arresto con el beneficio de la domiciliaria y sólo el 25% lo hace en cárcel común, lo que serían unos 200 genocidas. La actual queja de sectores del kirchnerismo respecto a la situación de emergencia de las domiciliarias es plenamente selectiva cuando lo que se ve es la profundización de un proceso de privilegios e impunidad para los genocidas que tiene larga data.
Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.300 imputados siguen representando una investigación sobre el 2% del total de los responsables y los 975 condenados equivaldrían a 1,5 represor por cada CCD.
Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes y que está reflejada en la resolución 3341/19 de la Suprema Corte bonaerense que alerta sobre la necesidad del uso racional de la prisión preventiva, y no sólo sobre políticos presos. En todo caso la crisis penitenciaria bonaerense es consecuencia lógica de la posición manifiesta del ex ministro de Inseguridad bonaerense Cristian Ritondo de “prefiero delincuentes amontonados y no liberados”, y que ha producido masacres como la de la Comisaría 1ra de Pergamino en 2017 o la de la Comisaría 3ra de Esteban Echeverría en 2018.
POCO SERIO
Ante esta realidad el ex abogado de de Cablevisión, Clarín, La Nación, La Rural S.A. y McDonald´s, y hoy ministro de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, nos invitó a discutir formalmente la “razón humanitaria” para el otorgamiento de beneficios a los peores asesinos de nuestra historia. Rosenkrantz fue autor del infame fallo que intentó hacer pasar la aplicación a los genocidas de una figura como el 2×1, no pensada para tales casos, con una ley sancionada mucho después de que se cometieron los crímenes de la dictadura genocida y derogada antes de que el represor que la invocó fuera privado de su libertad. Sólo el rechazo total a la medida desde sectores judiciales, académicos, políticos, sociales y de los organismos de DDHH, pero esencialmente la multitudinaria movilización que Rosenkrantz definió como “la tribuna”, lograron frenar semejante engendro, que quedará en la historia como el mayor intento del macrismo por sepultar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia..
El panorama es complejo y lejos está de modificarse el estancamiento general de estos procesos. Con un pico de actividad en 2012 los juicios a los genocidas vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido incrementar aquel tope de dos decenas y media de juicios cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015, 19 en 2016, 25 en 2017, 17 en 2018 y 20 en 2019.
No se ha avanzado suficiente respecto a los miles de policías y penitenciarios que participaron del Genocidio. Pensemos que en el “Circuito Camps” están demorados los ya parciales procesos sobre las principales CCD del conurbano sur y oeste, como son las Brigada de Investigaciones de San Justo, Banfield, Quilmes y Lanús-Avellaneda. Tampoco se ha profundizado en la ya innegable responsabilidad del tercer gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973-1976, y su caracterización como parte del Genocidio. Mucho menos se tocaron masivamente las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. La doble absolución de que gozó este año el genocida César Milani, en fallos vergonzosos en La Rioja y Tucumán sobre hechos probados, es el fiel reflejo del hecho incontestable de que menos de un tercio de los represores imputados en estas causas son condenados, porque mueren impunes, porque son absueltos por no completarse las investigaciones o porque los jueces, como en el caso Milani, echan mano a hocicados argumentos para sostener la impunidad
El Estado militar argentino quiso salir del poder auto-amnistiándose. El radicalismo pretendió un juicio ejemplar a las cúpulas militares y policiales con código militar de referencia, permanencia en sus cargos de los verdugos y con impunidad negociada por ley. El desparpajo menemista ensayó borrar con el codo los pocos acuerdos conseguidos, devolviendo con los inultos desde el peronismo el cínico “ni vencedores, ni vencidos”. El aliancismo estiró impunidades y puso al dinosaurio genocida Ricardo Brinzoni conducir al Ejército. El kirchnerismo lo imitó pese a su fama de impulsar como ninguno la investigación de los crímenes del Terrorismo de Estado, claro está, además de ejercer como ninguno la represión en democracia. Con el macrimos se asistió a una transición donde los Derechos Humanos pasaron a un segundo plano.
A tono con el clima de época de avance de la derecha neoliberal más rancia los juicios a los genocidas se encuentra asediado por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates oraes, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser el 2×1, las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva. Si Mauricio Macri, el mejor alumno de la dictadura cívico-militar, quiso enterrar la posibilidad de revisar el pasado reciente de manera completa y extendida, veremos si las estrategias que despliega el albertismo son del tono de los disparates judiciales del secretario Pietragalla Corti.
Desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, y mucho más mientras haya víctimas directas del Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas políticas, mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.
._,_.___
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE SEGUIMOS EXIGIENDO:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.
NO AL 2X1. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES.
BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.
SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.
Notas:
(1) Cifrado en “La situación es catastrófica, pero no es seria”. Conferencia de Slavoj Žižek. En “PENSANDO EL MUNDO DESDE BOLIVIA – II ciclo de seminarios internacionales”. Puede verse en https://gitlab.com/martjanz/vp-bolivia/blob/master/docs/tomo_ii_pensado.pdf
(2) https://www.pagina12.com.ar/238406-el-paso-del-tiempo-a-favor-de-la-impunidad
(3) http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dselectronicos/actas/2011/129EE01_10_R13.pdf
