La buena recepción que logró el Gobierno con el decreto de aumento a privados animó a los funcionarios a explorar su extensión en el tiempo.
El Gobierno comenzó a explorar la posibilidad de generalizar a todas las actividades y extender en el tiempo la política de aumentos salariales en sumas fijas en lugar del arranque formal de la ronda de paritarias de este año. Para el equipo de Alberto Fernández se trata de un mecanismo viable para contener la inflación y al mismo tiempo sostener el poder adquisitivo de los trabajadores más postergados. Ayer hubo un primer sondeo entre los gremios docentes y la intención del oficialismo es intentarlo en las principales actividades del sector privado.
El horizonte ideal para el Ejecutivo sería universalizar las sumas fijas en cada paritaria y diferir el inicio de las discusiones por porcentaje hasta después de abril, para cuando los funcionarios tienen la expectativa de haber promovido una baja concreta en el ritmo inflacionario. La alternativa formó parte de las charlas que tuvo ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con los dirigentes docentes Hugo Yasky (líder de la CTA de los Trabajadores), Roberto Baradel (Suteba, bonaerenses) y Eduardo López (UTE, porteños), y con los líderes estatales Andrés Rodríguez (UPCN) y Hugo “Cachorro” Godoy (ATE).
Las respuestas auspiciosas de gremialistas y empresarios al decreto de aumento de $3.000 en enero y mil pesos más en febrero para todos los trabajadores del sector privado animó al Gobierno a imaginar la continuidad de ese esquema. Un efecto inmediato sería el achatamiento de las escalas salariales al inyectar proporcionalmente más recursos a los trabajadores de menos ingresos y cuya propensión al ahorro es menor. En consecuencia, el grueso de esos aumentos iría directamente al consumo interno con un efecto virtuoso sobre la actividad económica.
Se trata, además, de una suerte de réplica sobre el sector privado de las previsiones que el Ejecutivo tiene para las jubilaciones con la suspensión de la movilidad implementada por Cambiemos y su reemplazo por subas por decreto, con mayor atención sobre los perceptores de los haberes mínimos. En ambos casos los perjudicados serían los de salarios más altos y los jubilados que perciben por encima de la mínima, que quedarían necesariamente postergados hasta la reanudación de las paritarias y la sanción de una nueva movilidad, respectivamente.
Un primer esbozo de esa política lo explicitó Cafiero ante los gremialistas docentes. El jefe de Gabinete les planteó la posibilidad de extender el aumento en suma fija decretado para privados y que se anunciará hoy para estatales, a la paritaria de los maestros a través de la adecuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Ese ítem, según el funcionario, podría subir en línea con los $4.000 de los otros incrementos y también en dos etapas de modo tal que la discusión porcentual de los salarios docentes quedase para después, a partir de marzo.
La extensión de la iniciativa a toda la actividad privada dependerá, primero, de la respuesta final de los docentes y luego de una compleja negociación que deberá llevar a cabo el Ejecutivo con la CGT y los principales sindicatos. En todos los casos la administración de Alberto Fernández cuenta a su favor con la buena predisposición del grueso del sindicalismo tradicional. Durante el fin de semana Héctor Daer, cotitular de la central obrera, explicitó su apoyo al decreto de aumento a privados y en varias entrevistas previas reivindicó a la CGT como “parte integrante” del nuevo Gobierno.
En las paritarias de cada año el primer segmento corresponde en general a sectores con salarios más bajos, como Comercio, Construcción (UOCRA) o metalúrgicos (UOM), donde la política de sumas fijas tiene más chances de ser bien recibida. En tanto que la medida correrá el riesgo de chocar contra la previsible oposición de los sindicatos mejor posicionados frente a la suba del costo de vida y con salarios nominalmente más altos que el promedio.