La Suprema Corte bonaerense confirmó la sentencia a reclusión perpetua del comisario Luis Raúl Ponce, uno de los cinco policías de la Brigada de Investigaciones de La Plata que secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a Andrés en septiembre de 1990. Ponce no volverá a caminar impune, pero en la causa queda mucho por hacer: la búsqueda y juzgamiento del prófugo Pablo Martín Gerez y el demorado juicio oral a los cuatro policías que encubrieron el caso. La Corte bonaerense tiene además cuentas pendientes con la causa por Luciano Arruga.
La Suprema Corte bonaerense confirmó la pena de reclusión perpetua impuesta a Luis Raúl Ponce, el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata que fue condenado en 2018 por tortura seguida de muerte de Andrés Núñez en 1990. En la resolución firmada por los jueces Eduardo Pettigiani, Luis Genoud, Daniel Soria e Hilda Kogan, se rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, interpuesto por la defensa del asesino Ponce.
Ponce fue detenido en 2012, luego de permanecer 22 años prófugo. Cayó por error en Junín de los Andes, con la identidad de Raúl Peralta y luego de resistirse a los tiros. Con esto se confirmó en todos los términos el fallo dictado en el juicio oral de 2018 y la resolución de Casación que ratificó la condena a la pena máxima, que en este caso es reclusión porque la causa se juzgó por el código penal viejo que contemplaba esa posibilidad y que le fue atribuida por el nivel de mando que ocupó Ponce. De esta manera Ponce es el tercer policía con sentencia firme sobre el crimen contra Andrés.
Andrés Alberto Núñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28 de septiembre de 1990 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.
En la instrucción de la causa fue apartado por supuesta inhabilidad el asesino José Daniel Ramos, que integró el grupo operativo. En 2010 fueron sentenciados a prisión perpetua los asesinos Víctor Dos Santos y Alfredo González, que ya vienen pidiendo beneficios como salidas transitorias o libertad condicional.
En 2014 murió impune el primer juez de la causa, el cómplice Amílcar Benigno Vara, destituido de su cargo en 1998 por encubrir decenas de casos de crímenes policiales.
Pero en la causa por el crimen de Andrés queda mucho por hacer. Para empezar la búsqueda del policía Pablo Martín Gerez, prófugo hace más de 25 años en la causa. Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo de aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés, y que era custodiado por un primo suyo.
La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, Nelly Duhalde, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para encontrarlo.
Hemos pedido al ministerio de Justicia de Nación que incluya a Gerez en su “Programa de Búsqueda de Personas Ordenadas por la Justicia”, pero no obtuvimos respuesta. Hemos tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de DDHH de Provincia, a cargo de Santiago cantón, que se comprometieron a aportar en el tema y no obtuvimos ningún avance. Hemos presentado escritos en la causa aportando testigos que aseguran que el asesino prófugo se comunica con su madre, Nelly Duhalde, y no obtuvimos respuesta. Y hemos exigido a la jueza Marcela Garmendia, a cargo de la investigación, que solicite colaboración de la Superintendencia de Inteligencia Criminal del Depto de Inteligencia Criminal del ministerio de Seguridad de Provincia, así como del Cuerpo de Instructores de la Policía Judicial de la Procuración, que son los órganos especializados en este tipo de búsquedas, y no obtuvimos ninguna respuesta. Si bien en 2019 se designó un elemento concreto de búsqueda, a más de 29 años del hecho no hemos tenido ningún resultado concreto.
En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 la abogada Natalia Nosenzo se presentó un escrito en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. Ocupada en otros urgentes menesteres, ninguna estructura de inteligencia policial ni judicial tiró de esa piola para ubicar a Gerez.
Pero también está pendiente el debate oral sobre otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga. Ese tramo de la causa está elevado a juicio y sólo por cuestiones burocráticas de la justicia penal platense se dilata el debate oral. Desde hace años la familia de Andrés pide que se ponga fecha cierta para juzgarlos.
En un fallo de mayo de 2013 la misma Corte bonaerense que ahora falla sentenciando a Ponce había dicho que la causa no prescribe para Gerez, ni para Costilla, Zavala, Carrizo y Veiga, por tratarse de “una grave violación a los Derechos Humanos” y que “el deber de investigar constituye una obligación estatal imperativa que deriva del derecho internacional”, además de agregar que “la necesidad imperiosa de prevenir la repetición tales hechos depende, en buena medida, de que se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido”. Como decimos siempre, la justicia bonaerense nos pone en una situación contradictoria: por un lado decir que la causa no prescribe pero a la vez no agotar los medios para buscar y juzgar a la totalidad de los responsables de este crimen.
La misma corte bonaerense, integrada por ex ministros de seguridad del gobernador Eduardo Duhalde en épocas de la “mejor Maldita Policía del Mundo” como Eduardo Julio Pettigiani y Eduardo De Lázzari, y por uno de los responsables políticos de los asesinatos de Darío Santillán Y Maximiliano Kosteki, Luis Genoud, tiene entre sus manos la resolución del juicio político a los primeros funcionarios judiciales que desviaron la causa por la desaparición forzada de Luciano Arruga: el juez Gustavo Banco y las fiscales Celia Cejas Martín y Roxana Castelli. Pese a tener antecedentes de persecución y torturas a Luciano de parte de personal del Destacamento policial que luego lo terminó asesinando y ocultando su cuerpo, estos funcionarios se negaron a investigar el hecho como lo que fue, una desaparición forzada de persona. Aprovechamos para apoyar a Familiares y Amigos de Luciano en esta lucha, porque es un paso más para barrer con los funcionarios cómplices de los crímenes policiales y para hacer reconocer que Luciano fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por acción del Estado argentino.
La tardanza de este Estado asesino en buscar y juzgar a Gerez y llevar a juicio a todos los encubridores del asesinato y desaparición forzada de Andrés sólo genera más impunidad. La misma tardanza en reconocer el delito de desaparición forzada como un crimen de Estado en los más de 215 casos que ha habido desde 1983 a la fecha.
Por eso seguimos exigiendo:
– Busquen y juzguen al asesino Pablo Martín Gerez YA!
– Fecha de juicio oral a los cómplices Costilla, Zavala, Carrizo y Veiga.
– Destitución del juez Banco y las fiscales Cejas Martín y Castelli.
– Justicia por Andrés Nuñez, Luciano Arruga y todxs los desaparecidxs en democracia.