Lo reclama un proyecto presentado por los legisladores del Frente de Todos. Buscan indagarlo tras las declaraciones de la camarista Ana María Figueroa.
El escándalo por la denominada “mesa judicial” del macrismo llegó a la Legislatura porteña con un pedido para citar a Juan Bautista Mahíques por los señalamientos como presunto partícipe en maniobras de presión a jueces durante el gobierno anterior.
El proyecto de llamado fue presentado por los legisladores del Frente de Todos Lucía Cámpora y Juan Manuel Valdés con el propósito de indagar la posible participación del actual jefe de los fiscales porteños “en acciones de injerencia sobre las decisiones de los magistrados del Poder Judicial de la Nación mientras desempeñaba funciones tanto en el Ministerio de Justicia de la Nación así como en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.
El planteo responde a las declaraciones periodísticas de la camarista de Casación Ana María Figueroa cuando afirmó haber sido víctima de “presiones” recurrentes en la administración de Mauricio Macri y mencionó la visita a su despacho de un “alto funcionario” que intentó convencerla de apurar un voto relacionado con la constitucionalidad del memorándum con Irán. Aunque Figueroa no lo nombró, primero descartó de plano que se tratara de otros dos dirigentes y recién cuando se le mencionó a Mahíques hizo silencio, rió y sólo dijo que “por suerte eso quedó en el tiempo”.
En 2015, apenas asumido el gobierno de Cambiemos, Mahíques era representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. El año pasado fue designado fiscal general a propuesta del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “En ese momento su postulación fue cuestionada por organismos como el CELS y ACIJ por falta de autonomía e independencia. Ahora los legisladores exigen que se presente ante el órgano parlamentario para dar explicaciones sobre la posible comisión de delitos contra la institucionalidad y la división de poderes”, señala un comunicado de los autores de la iniciativa.
Y añade: “Si Mahíques no fue el funcionario responsable de esos aprietes, debe quedar claro. No pretendemos revertir el principio de inocencia en torno a los delitos que se le imputan. Muy por el contrario, este cuerpo legislativo necesita saber si son ciertas las acusaciones vertidas sobre Mahíques”, apuntan Cámpora y Valdés en los fundamentos.