Sobrecarga de tareas de cuidado, aumento de la precarización laboral y mayor exposición a la violencia son sólo algunos de los factores que las afectan.
El 28 de mayo de 1987 se realizó en San José de Costa Rica el quinto Encuentro Internacional de Salud de las Mujeres, donde se planteó la urgencia de luchar por la mayor participación de las mujeres en las políticas públicas en el área de salud. Hoy, en un contexto atravesado por la pandémica del Covid 19 las consecuencias impactan con mayor fuerza en las identidades femeninas y en las disidencias sexuales.
La salud, entendida desde una visión compleja e integral, no significa solamente la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado de equilibrio y bienestar entre los aspectos físicos, emocionales, psíquicos y medioambientales. La pandemia puso de relieve las desigualdades previas y el mayor impacto que están sufriendo algunos sectores según su condición de clase, género, etnia o edad.
Según datos relevados por el Observatorio Sindical de la Salud Argentina (OSINSA), el sector está ocupado en un 64% por mujeres y en un 35% por varones, mientras que en enfermería la brecha aumenta de forma considerable, siendo un 74% ocupado por mujeres y un 26% por varones. Es decir que ellas son las primeras en la línea de fuego para combatir el Covid 19, y también las primeras en contagiarse debido a la falta de insumos, capacitación específica y presupuesto para protegerse.
Por otra parte, la desocupación y la precarización laboral también afectan en mayor medida a las mujeres y disidencias sexuales, lo que tiene consecuencias directas sobre su salud porque implica mayores niveles de pobreza, dificultad para acceder a la atención médica, y consecuencias en su salud psíquica.
Las tareas en los comedores barriales son llevadas a cabo en su gran mayoría por mujeres organizadas en los movimientos sociales. Ellas son las que se han puesto a la cabeza de llevar un plato de comida a la mesa de miles de familias y lo hacen por 8.500 que es lo que perciben por el programa Potenciar Trabajo. A su vez, a raíz de percibir ese ingreso no pudieron acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, teniendo que sobrevivir con un sueldo que está por debajo del nivel de indigencia.
Otro caso emblemáticos es el de las trabajadoras domésticas. Este rubro ocupa a 1 de cada 5 mujeres, es decir que se trata de uno de los trabajos más populares para ellas y a su vez uno de los más precarizados, ya que más del 70% no se encuentra registrada. Según una encuesta realizada por la Universidad de Lanús y el Centro de Estudios e investigaciones laborales (CEIL) del Conicet, durante la cuarentena obligatoria sólo un 33% de las trabajadoras domésticas recibió su sueldo sin ir trabajar. En tanto muchas siguen realizando sus labores de limpieza para poder cobrar, exponiéndose a contagiarse y contagiar a sus familias.
Otro dato alarmante es el aumento de los niveles de violencia de género, que tiene su evidencia más descarnada en que desde que comenzó la cuarentena se registraron más de 49 femicidios y que los mismos ocurrieron mayoritariamente en los hogares de las víctimas y en manos de sus parejas o ex parejas. Desde el gobierno no hubo ninguna medida efectiva para combatir la escalada de la violencia y brindar ayuda económica y refugio a las personas que lo necesiten.
Otra situación que también se recrudece son los abusos sexuales tanto a mujeres como a niñas, que en su gran mayoría ocurren en el seno del hogar y por personas cercanas tales como tíos, padres, primos o hermanos. Quienes sufren este avasallamiento de su integridad física y psicológica encentran mayores dificultades para acceder a la justicia en este contexto y a su vez no existen políticas públicas que visibilicen la problemática, ni tampoco que la combaten y asistan a las víctimas.
Por último, el contexto de aislamiento social obligatorio dificulta aún más la posibilidad de acceder a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. La negación del Congreso a aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo y los continuos aplazamientos del debate, dejan expuestas a las personas con capacidad de gestar a realizarse prácticas inseguras y a la violencia de sectores del personal médico que no están dispuestos a garantizar este derecho.