Comunidades originarias de Río Negro denunciaron la avanzada represiva del gobierno provincial, reclaman que Nación se posicione sobre el tema y exigen el cumplimiento de las leyes que protegen sus derechos.
El Consejo Asesor Indígena (CAI), histórica organización del Pueblo Mapuche de Río Negro, denunció la política represiva de la gobernadora, Arabela Carreras, exigió que se cumplan los derechos indígenas y reclamó que el gobierno nacional “deje clara su posición” respecto a los pueblos originarios.
“Nuestra conciencia es de Pueblo, la memoria también”, es el título del comunicado del Consejo Asesor Indígena, que alerta sobre el “peligroso panorama que va gestando el gobierno de Río Negro”. Refiere a las posiciones públicas de la gobernadora Carreras respecto a la criminalización de comunidades originarias.
El CAI remarca la vigencia de la Ley Provincial 2287, sancionada en 1988, de avanzada para ese momento del país: buscaba una “reparación histórica” para las comunidades, reconocer la preexistencia y abordar el tema territorial, incluida la restitución de aquellas que fueron “despojadas mediante usurpaciones, estafas y otras metodologías”.
“Durante cien años nuestros mayores sufrieron esta situación, ante una sociedad que veía que le sacaban el campo a un ‘paisano’ en forma natural, como algo común, establecido, hasta casi divertido. Comerciantes y personajes vinculados al poder político llegaron a convertirse en verdaderos terratenientes”, recuerda el CAI.
La Ley 2287 no se cumplió. El CAI responsabiliza a los distintos gobernadores, desde Horacio Massaccesi (1987-1995), hasta los recientes Alberto Weretilneck y Arabela Carreras.
Y alertan que en la actualidad el gobierno provincial quiere modificar la Ley 279 de Tierras Fiscales.
“El contenido de este proyecto (Ley 279) es llevar a la práctica nuestra expulsión definitiva del territorio. Legalizar todos los despojos”, denunció el Consejo Asesor Indígena.
Solicitan al gobierno nacional que “deje clara su posición”. “Tienen la responsabilidad de garantizar los derechos que se nos reconocen, al ser firmante del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros acuerdos internacionales. La negación de reconocerlas y aplicarlas afecta no sólo al Pueblo Mapuche sino a todos los pueblos originarios que existimos en el territorio de este país”, recuerda el posicionamiento mapuche.
Precisa que el gobierno provincial sostiene políticas públicas sólo en beneficio de los grandes propietarios, empresas mineras y petroleras, “mientras despoja de territorios a comunidades”. Precisa los casos de las comunidades Kom Kiñe Mu (en el Alto Río Chubut) y Gallardo-Calfú (en El Foyel). También remarcan el asesinato impune de Rafael Nahuel, en la recuperación del lof Lafken Winkul Mapu (Villa Mascardi).
“Somos un pueblo libre, de conciencia y memoria, hemos sido violentados tratando de exterminarnos. Hoy, como nuestros ancestros, defendemos el territorio que nos permite la existencia”, afirmó la organización mapuche y advirtió sobre la política de los gobiernos: “Con represión, cárcel y muerte no se logra la paz”.
Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/pueblo-mapuche-con-represion-carcel-y-muerte-no-se-logra-la-paz/