El impedimento para las cesantías vence a fin de mes y seguirá al menos hasta enero; la duplicación del pago por desvinculación, con cambios, se estirará seis meses más.
El Gobierno extenderá la prohibición de los despidos y la doble indemnización que penaliza las cesantías sin causa más allá de sus respectivos vencimientos, a fin de noviembre y diciembre. En el primer caso la imposibilidad de interrumpir el vínculo laboral de manera unilateral continuará al menos por otros 60 días, hasta enero de 2021, mientras que la duplicación indemnizatoria podrá seguir vigente hasta mediados del año próximo aunque en el Ejecutivo analizan cambios en su instrumentación para focalizar la protección en los trabajadores más desprotegidos.
Ambas medidas se darán a conocer en los próximos días, más cerca de las fechas de cese de cada una de ellas. La decisión de la administración de Alberto Fernández, que deberá plasmar el Ministerio de Trabajo en sendos decretos, es continuar con los dos instrumentos mientras dure la emergencia económica y laboral que motivó su implementación. La concesión a los sectores empresarios, que reclaman de manera insistente la caída de esas herramientas, será a través de una “sintonía fina” en la penalización monetaria para las cesantías injustificadas.
La determinación se supo luego de que la CGT expusiera el martes, en su reunión de Consejo Directivo, preocupación por la inminente caída de ambos mecanismos, que según los gremialistas y el propio Gobierno terminaron por ser una barrera eficaz contra los despidos en el contexto de la pandemia y las restricciones al desarrollo de la actividad económica. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, declaró en varias oportunidades que la pérdida de empleo relacionada con la cuarentena fue muy menor en la Argentina respecto de otros países y que en los últimos meses prácticamente pasó a ser una variación estacional propia de cualquier otro año de actividad económica promedio.
La doble indemnización fue impuesta por Alberto Fernández en diciembre del año pasado, pocos días después de asumir, por 180 días y como coletazo de la puesta en vigor de la emergencia pública en materia sanitaria, y se prorrogó hasta fin de año. Mientras que la prohibición de cesantías y suspensiones sin causa fue motivada por la cuarentena, en marzo pasado, se implantó por 60 días y fue extendida cada bimestre desde entonces. Los dos mecanismos fueron instrumentados por decreto.
Para la extensión de la doble indemnización, con chances de continuar hasta mitad de 2021, la cartera laboral evalúa cambios en su instrumentación. Por caso, topes en los sueldos de los trabajadores protegidos, de modo tal de habilitar las cesantías para cargos jerárquicos o de dirección sin agravar el monto legal. La penalidad, de todos modos, no rige para las contrataciones efectuadas con posterioridad a la publicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 34/2019, el primero que la implementó, ni para el sector público nacional.
La prohibición de los despidos y suspensiones dejó como única ventana la posibilidad de instrumentar licenciamientos mediante el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo, que los habilita a través de acuerdos entre los empleadores y el sindicato respectivo. Sobre esa normativa actuaron la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT para establecer un acuerdo marco de suspensiones masivas con reducción salarial al 75% que pudiese servir de molde para su aplicación en cada actividad. Así lo hicieron, con algunas diferencias en los valores de rebaja de sueldo, en casos como Comercio, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros gremios ligados a la industria y los servicios. Ese entendimiento, no obstante, rigió por dos meses de abril a mayo y se extendió otros dos, hasta julio, para luego perder vigencia por falta de interés de los protagonistas en revalidarlo.
A mitad de año, antes del vencimiento de la doble indemnización la cartera laboral llegó a analizar que no continuara por entender que la medida tenía una evidente superposición con la prohibición de los despidos. Sin embargo primó el criterio de los técnicos que advirtieron que, incluso con la vigencia de ambas herramientas, crecían las cesantías en algunos rubros y también proliferaban los mal llamados “acuerdos de retiro voluntario” en los que el empleador ejerce presión sobre el trabajador al que planea desvincular. Esa vía, de hecho, tuvo un espaldarazo con la actual Corte Suprema de Justicia que avaló los entendimientos de desvinculación supuestamente voluntaria firmados en el ámbito privado, sin siquiera pasar por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (Seclo).
La intervención de la CGT fue reservada pero no menos intensa en este rubro. Más allá de haber puesto en común la preocupación por la inminente pérdida de vigencia de los instrumentos a fin de año el martes en la reunión del Consejo Directivo, la central realizó gestiones ante ministros como Moroni y hasta el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El documento que se difundió al final de la deliberación puso de manifiesto la inquietud y el malestar sectorial por la inminente finalización de instrumentos financieros de asistencia social en pandemia (subsidios salariales ATP, la IFE).
De hecho la cúpula de la central obrera dejó trascender que varios miembros del Gabinete se comunicaron con la dirigencia el mismo martes y ayer para pedirles que no escalara el conflicto en momentos en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) visita la Argentina. Cerca de los jefes de la CGT alegaron que el tono de reclamo empujó al Gobierno a replantearse algunos de los ajustes en la asistencia a sectores críticos.