Esta semana se reinstaló en la agenda pública el debate del proyecto de “aporte solidario” por única vez de los sectores más ricos del país en el contexto de la crisis económica y social agudizada por la pandemia, ya que Diputados finalmente lo tratará el martes próximo. Como sucedió cuando se anunció el decreto que intervenía a Vicentin o cuando se concretó el desalojo en el predio de Guernica, el tema abrió polémicas y posiciones encontradas en el debate público. Presentamos algunos puntos que tratan de pasar en blanco aspectos políticos y simbólicos que se proyectan más allá de la medida y que resuenan sobre una coyuntura critica azuzada por la confrontación política, “la guerra por otros medios”. Un debate que excede el dinero.
1. El mal llamado “impuesto a los ricos” es resistido por casi todo el espectro de la gran burguesía del país. No tanto por la suma irrelevante de dinero que aportan por única vez, sino porque trae al centro discusiones a la agenda pública que ese sector quiere sepultar. Sería un retroceso simbólico el “atentar contra la seguridad jurídica” o “la propiedad privada”. Esto a pesar de que una parte del sector empresarial se beneficie de lo recaudado (porque se utilizaría para obras públicas y fracking, por ejemplo).
2. El aporte único tampoco es significativo económicamente para la crisis que atraviesa el Gobierno. Pero sí lo es en el plano simbólico-político. No hay dudas que es una política de contrapeso ante el ajuste que en todos los planos está llevando adelante la gestión de Alberto Fernández. En un contexto de inflación y corrida bancaria casi permanente, hay recorte de paritarias y subsidios en pandemia (fin del IFE y del ATP y reconversión en bonos y Repro II, aún en diseño), ajuste a la fórmula jubilatoria, migajas en el Consejo de Salario ($21600 recién en marzo de 2021), baja de retenciones a los sectores exportadores, etc. A la par de que se ha desalojado la tercer oleada de tomas de tierras en el país y se encuentra presente una delegación del FMI para reestructurar la deuda y recortar el “gasto social”. Las malas noticias con muchas. La alianza de gobierno tiene un fuerte componente progresista (sobre todo de sectores vinculados al kirchnerismo) al que el Gobierno debe mantener cautivo y calmo ante las constantes desilusiones y ciertas medidas anti populares tomadas en pandemia. Podemos pensar, sin desmerecer la lucha histórica que condensan, un camino de otros contrapesos a las medidas de ajuste que quedan por venir, por ejemplo en la legalización del autocultivo del cannabis para uso medicinal o en el posible tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para mencionar algunos de los que suenan más fuerte en estos días. Un Gobierno que ya se ganó el mote de “tibio”, ante los constantes retrocesos en la resolución de medidas progresistas, pronunciado desde el episodio de la frustrada intervención a Vicentín. Mención aparte merece que desde que comenzó la pandemia, el Gobierno convalidó desde el Ministerio de Trabajo la baja del 25% del sueldo a las y los trabajadores que estaban suspendidos, con una celeridad que contrasta con la lentitud de la discusión del aporte único de los más ricos, que llega casi a 8 meses de iniciada la cuarentena en marzo. Mientras que los 12 mil multimillonarios argentinos solo tardarían un mes en recuperar ese único aporte, los sectores a los que se les recortó directamente el salario, o se les congeló el mismo o tuvieron paritarias a la baja, es probable que jamás recuperen un solo peso.
3. Mientras, la oposición por derecha se pliega al rechazo del aporte y asume la posición de la burguesía con diferentes argumentos, centrándose en la guerra política, que resulta de la fuerza centrífuga que ordena a todo el campo político en oficialistas versus opositores. La llamada grieta todo lo tiñe. Muy difícil escapar. Se le suma el papel de los medios hegemónicos, con contadas excepciones. La gran mayoría continuó con su papel de perro guardián de los más ricos y obvian decir que solo pagarán este aporte quienes tengan una fortuna declarada de más de 200 millones de pesos, fortunas muy lejanas a la mayoría de los sectores sociales, pero que sirve para agitar el fantasma de Venezuela, Cuba, o aquellos destinos a los que tanto les gusta recurrir como ejemplo.
4. De todos modos, el “aporte” en sí tiene fuertes contenidos simbólico-políticos que no necesariamente son reales, en un fenómeno que no es lógico ni homogéneo. Se instala un clivaje, pobres vs. ricos. De esa manera, parte de la sociedad puede empatizar con una medida anti-riqueza o “guiño solidario”, como es el de “sacarle a los que más tienen, o que pongan los que más tienen”, “los que más ganan”, o “los que manejan el país”. La medida también es fértil para el electorado progresista, que necesita una dosis “popular” para fortalecer y ratificar su adhesión cuando ya no basta “el miedo a la derecha”.
5. La iniciativa del Gobierno basa su caracterización en que la sociedad está “a la derecha” y entonces impulsa el proyecto bajo el aura conciliadora de la “solidaridad” y evita el uso de símbolos que recuerden significantes referidos a “expropiación” (de la mano de la derrota en Vicentín, con el sector reaccionario movilizado en la calle) o indaguen la “propiedad privada” (que se puede observar en la asimilación del discurso y la agenda de “la derecha” y la decisión política de avanzar con el desalojo de la tercer oleada de tomas de tierras, con el ícono político que significó la mega toma de tierras de Guernica).
A la par, también se ve en el Gobierno la necesidad de contener la crítica por derecha de la oposición política y por izquierda, con la batería de frases como “le hacen el juego a la derecha”.
6. Desde el punto de vista de la lucha ambiental, en los pueblos y ciudades del interior del país el “aporte solidario” tendría menos popularidad que en los grandes centros urbanos, por el hecho de que el 25% de lo recaudado irá a fomentar el fracking, en un momento en que las luchas ambientales están en alza ante el fuerte apoyo nacional en avanzar con todo lo exportable que traiga dólares, como la expansión del agronegocio, la medida de aprobación del uso de trigo transgénico, la baja de las retenciones, y los repetidos intentos de quebrar la resistencia antimegaminería de las asambleas ambientalistas.
7. Desde la izquierda han surgido dos propuestas ante la presentación retardada del proyecto de “aporte solidario”. Desde la izquierda trotskista, llaman a abstenerse para denunciar el “engaño” de la medida que, señalan, viene a ocultar el ajuste, evitando de esa manera quedar acompañando al proyecto del gobierno, como una forma de no caer en la trampa. Desde otro sector de la izquierda, llaman a dar el voto favorable pero criticar lo endeble y limitado del “aporte”. Tender un puente y evitar el abroquelamiento que ordena la grieta, para interpelar al sector progresista que todavía guarda esperanza en el Gobierno o para profundizar perspectivas potenciales de debates en la sociedad que avanzan por izquierda.
El avance a medio camino del proyecto oficial instala en el campo popular y la izquierda el debate interno, entre posiciones que generan fuertes debates y divisiones, sobre cuál debe ser la posición que debe asumir la izquierda en general y el FIT en particular en el Congreso.
8. Distintos dirigentes de la oposición y del oficialismo han señalado la posibilidad que, aprobado el aporte, los “afectados” recurran a instancias judiciales e incluso se llegue a la Corte Suprema de Justicia. Lo que dilataría aún más que finalmente los ricos realicen este único aporte en un país con un índice de pobreza que alcanzó al 40,9% de las personas y al 30,4% de los hogares en el 1° semestre de 2020; mientras que la indigencia, al 10,5% y 8,1%, respectivamente.