El concejal Javier Parbst impulsa en el Concejo Deliberante de Tigre un pedido de informes a la Fiscalía General de San Isidro para conocer el estado de las investigaciones por los crímenes de Micaela Fernández (de 14 años) y de su madre Nancy Fernández, ocurridos en 2013 y en 2014.
26/11/2020
Pese a la amplia repercusión social y política que generaron ambos hechos, no hubo fallos judiciales que brinden justicia para sus familiares, integrantes del Pueblo Qom, quienes denuncian que las muertes fueron femicidios en manos de una red de trata de personas y de narcotraficantes con complicidad policial.
“Es inadmisible que a casi una década de estos hechos aberrantes que generaron tanta conmoción el poder judicial no haya podido esclarecer los crímenes. Necesitamos que de una vez por todas se imparta Justicia”, señaló Javier Parbst del Bloque Frente de Todos.
El proyecto solicita informar al Concejo Deliberante “las medidas de prueba ordenadas, la situación procesal, la existencia de imputados y los pasos a seguir para acreditar los hechos denunciados y que los mismos no queden impunes”.
El 17 de febrero de 2013, Micaela apareció con un tiro en la cabeza en la casa de ‘Pato’ Cenizo, reconocido narco del barrio de La Paloma. La versión policial habló de un suicidio, sin embargo la adolescente estaba golpeada, tenía cortes en la cara y el pelo cortado de manera brutal. Según el relato de su madre Nancy Fernández, cuando se acercó a la Fiscalía y Comisaría 6º de El Talar, los mismos efectivos policiales la golpearon, la amenazaron y la insultaron diciéndole “india de mierda, cállate la boca”.
Luego de un año de protagonizar movilizaciones para pedir el esclarecimiento del crimen y tras sufrir amenazas telefónicas, Nancy apareció muerta el 2 de mayo de 2014 en su casa en el barrio de Las Tunas, semidesnuda y con signos de asfixia.
A partir de ese momento el principal portavoz del reclamo fue el padre y abuelo de las víctimas, Eugenio Fernández, reconocido referente de la Comunidad Qom Yecthakay de Tigre, quien murió en el 2017.
Más recientemente, la bandera de justicia fue levantada por la hija y hermana menor de las víctimas, Lisette Fernández, quien al momento de los hechos tenía sólo 12 años.
“Si bien el poder encargado de investigar ilícitos y/o impartir justicia no es el legislativo ni el ejecutivo, este Honorable Concejo Deliberante no puede quedar inmóvil ante hechos de la suscitada gravedad, y tiene facultades para solicitar al Ministerio Público Fiscal y a otros poderes que se brinde información respecto a hechos que considera de vital importancia”, dice el proyecto que ingresó formalmente en la última sesión del 24 de noviembre y fue girado a la Comisión de Legislación.